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Tramitación en el Senado.
DILACIÓN EN COMISIÓN DE AGRICULTURA PONE EN RIESGO APROBACIÓN DE REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS DURANTE GOBIERNO DE BACHELET
09-10-2017 - 10:42:04

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Legisladores acordaron no discutir el proyecto durante el mes
de septiembre y octubre dedicarlo a audiencias públicas con expertos y
representantes de sectores que usan el agua, muchos de quienes ya han
expuesto tanto en el primer trámite constitucional en la Cámara de
Diputados como en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado._

La pugna por una nueva institucionalidad del agua para Chile tendrá
desde octubre un nuevo campo de batalla: la Comisión de Agricultura del
Senado. Esto, luego que en agosto la Comisión de Recursos Hídricos de
la Cámara Alta despachara el proyecto tras cuatro meses de trabajo.

Desde las organizaciones de la sociedad civil existe claridad en que el
proceso será complejo para los objetivos de interés público sociales,
ambientales, y de desprivatizacion de los recursos hídricos. La
Comisión de Agricultura es encabezada por José García (RN, Araucanía
Sur), e integrada además por Manuel Antonio Matta (DC, Maule Sur)
Felipe Harboe (PPD, Bío Bío Cordillera), Víctor Pérez (UDI, Bío
Bío Cordillera) y Rabindranath Quinteros (PS, Los Lagos),
representantes de regiones del sur donde la Sociedad Nacional de
Agricultura, uno de los principales opositores al proyecto, tiene amplia
influencia.

ESTADO DEL ARTE DE LA REFORMA

La discusión en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado fue
intensa, principalmente por el interés del ministerio de Hacienda de
atenuar los cambios que la Cámara de Diputados incorporó durante el
primer trámite constitucional.

Algunos de los logros en la comisión fueron precisar en el artículo
5º lo que se entiende por USO DEL AGUA PARA INTERÉS PÚBLICO, el que
tendrá preeminencia, en el sentido de privilegiar el consumo humano y
el saneamiento, y la preservación ecosistémica. También se
incluirán las funciones productivas, definidiéndose como “_aquellas
destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los
usos productivos de las aguas_”.

Asimismo, se beneficiará a los servicios sanitarios rurales a través
de una disposición que les permitirá EXTRAER TRANSITORIAMENTE HASTA 12
LITROS POR SEGUNDO mientras tramitan su autorización definitiva,
además de agregar un artículo para la recarga artificial de los
acuíferos en el cual se regula la extracción posterior considerando
las pérdidas propias del proceso, la sustentabilidad de la fuente y los
derechos de terceros.

En términos de CAUDAL ECOLÓGICO, se mantuvo su obligación para los
derechos de agua hoy vigentes en las áreas declaradas bajo protección
oficial (parques nacionales, reservas nacionales, reservas de región
virgen, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, humedales de
importancia internacional), y en el caso de sitios prioritarios para la
conservación de la biodiversidad de primera prioridad.

Se eliminó la RENUNCIA OBLIGATORIA DEL ESTADO A LOS DERECHOS DE AGUA EN
REMATE cuando el Fisco sea el único compareciente. Con esto, se
avanzará en la recuperación de caudales para usos esenciales.

Se AMPLIÓ EL PLAZO DE DECLARACIÓN DE ZONAS DE ESCASEZ HÍDRICA por
sequía, de 6 meses a un año prorrogable, especificando modos de
operación y coordinación tendiente a cubrir en primer lugar funciones
de subsistencia. Y en el caso de los pueblos indígenas (como
individuos o comunidades) se avanzó en el reconcimiento de sus derechos
ancestrales, eximiéndolos de plazo para la regularización de sus
derechos de agua.

Uno de los aspectos en que el interés público fue derrotado en la
Comisión de Recursos Hídricos del Senado fue el AUMENTO DE LOS PLAZOS
PARA LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS DE AGUA: de 4 a 5 años en el caso de
los consuntivos y de 8 a 10 años en el caso de los no consuntivos,
contabilizados desde que se incluyan por primera vez en el listado de
pago de patente por no uso. Ademas, el Ejecutivo logró MANTENER EL
CONCEPTO PROPIETARISTA DE “_DERECHO DE APROVECHAMIENTO_” para los
nuevos derechos de agua –que tendrán una duración máxima de 30
años-, eliminando el término “_concesiones_”, que fue lo aprobado
por la Cámara de Diputados.

Y aunque en la Cámara Baja se había aprobado que las mineras esté
obligadas a solicitar autorización para utilizar las aguas halladas,
los senadores cambiaron este imperativo por el de SOLO INFORMAR SOBRE
ESTAS EN UN PLAZO DE 90 DÍAS, entregando antecedentes sobre su
ubicación, caudal, y cantidad de agua a usar y justificando en qué
actividad esta sería utilizada. Además deberán garantizar que no
afectarán la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros.

DILACIÓN

Una de las apuestas de quienes se oponen a la reforma es que esta no se
alcance a aprobar durante el gobierno de Bachelet, con el objeto de que
en una eventual nueva administración de Sebastián Piñera, quien ha
expresado su rechazo a la [1] reforma, se revierta lo avanzado.

La estrategia dilatoria ha surtido efecto, ya que durante el mes de
septiembre la Comisión de Agricultura no dedicó ninguna sesión a
discutir la iniciativa. Y a partir de octubre se han planificado
múltiples audiencias con expertos y representantes de sectores que usan
el agua, con el objeto de postergar la votación. Esto porque muchos de
los invitados a las audiencias ya expusieron tanto en el primer trámite
constitucional en la Cámara de Diputados como en la Comisión de
Recursos Hídricos del Senado. Esto se corroboró esta semana cuando se
informó sobre un acuerdo político para no votar el articulado previo a
las elecciones [2] del 19 de noviembre.

Una vez que sea aprobado el proyecto en Agricultura, aún resta que lo
revisen las comisiones de Constitución y Hacienda, y luego pasar a
Comisión Mixta para subsanar las diferencias entre lo aprobado por la
Cámara de Diputados y el Senado.








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