​Por : Carlos Basso PrietoUnidad de Investigación de El Mostrador

Acusados de distintos actos de corrupción, en una situación sin dudas inédita en Chile, se encuentran dos de los pilares del sistema de persecución penal de la comuna de Puerto Natales: el exfiscal jefe del Ministerio Público y el exdefensor local de la misma ciudad.

De acuerdo con la investigación realizada en contra del segundo Rigoberto Marín Andrade, este cobró por sus servicios a varias personas a las que debía representar en forma gratuita (dado que pertenecía a la Defensoría Penal Pública), lo que se comenzó a conocer a raíz de una indagatoria por lavado de activos.

Según se estableció, Marín exigió pagos en al menos cuatro casos. En uno de ellos pidió dos millones de pesos a la esposa de un imputado, a fin de apelar de la prisión preventiva que afectaba a este, lo que la víctima pagó en dos cuotas. En otro caso solicitó dos millones y medio, a cambio de pedir un cambio de medida cautelar ante el Juzgado de Garantía. En una tercera situación el cobro fue de 500 mil pesos, para representar a un imputado que iba a ser formalizado, y en otro hecho cobró tres millones de pesos “para continuar de mejor forma con el ejercicio de la defensa penal”, según argumentó a su cliente, a quien le dijo que ese dinero se iba a utilizar en un peritaje contable.

Debido a ello, el 28 de febrero pasado Marín fue formalizado por cohecho agravado, solicitando la fiscalía la prisión preventiva en su contra, la cual no fue concedida por el juzgado de garantía. Según La Prensa Austral, la magistrada que tomó el caso inicialmente, Marianela Chacur, debió inhabilitarse, pues Marín “indicaba a la jueza como su madrina”, aseverando que por ello él podía “agilizar ciertos trámites”.

El mismo medio explica que la indagatoria en contra del abogado partió cuando personal de la PDI de Punta Arenas, que había interceptado las comunicaciones de sujetos investigados por lavado de activos y contrabando, escuchó una conversación en la cual Marín pedía dinero a un imputado, diciéndole que “esta causa excede un poco la defensa pública, entonces ¿existe la posibilidad de que usted pueda colocar algo de dinero” y agregando que “esto requiere mucho más trabajo de lo normal. Si no, no va a salir bien”.

En la formalización, el magistrado que tomó la audiencia, Jorge Lavín, negó la prisión preventiva en contra del ahora exdefensor y, en cambio, lo dejó bajo arresto domiciliario nocturno. Ante ello, la fiscalía apeló ante la corte local y la primera sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó la prisión preventiva del imputado, considerando que es un peligro para la seguridad de la sociedad y que, además, existe un riesgo de fuga. 

Dicha resolución fue apelada a fines de abril por su defensa, pero la corte mantuvo la resolución.

El caso del fiscal de Natales

En tanto, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, confirmó que el próximo viernes 10 de mayo será finalmente formalizado el exfiscal jefe de Puerto Natales (es decir, con quien Marín se enfrentaba en estrados), Cristián Muñoz, quien –como informó El Mostrador– estuvo involucrado en dos hechos punibles. En uno de ellos, según la acusación fiscal en su contra, efectuó gestiones a favor de un tercero para que a este se le pagara una deuda y le devolvieran una retroexcavadora, a cambio de lo cual Muñoz recibió un auto. Además, está implicado en una causa relativa a otra investigación que también llevaba la PDI de Punta Arenas, relativa a un grupo de narcotraficantes, a los cuales Muñoz habría avisado acerca de la presencia de los detectives en Natales. 

Según Palma, el exfiscal jefe era amigo de uno de los narcos y, de hecho, vivía en una casa que le arrendaba a uno de ellos. Luego de que la corte de Punta Arenas aceptara la querella de capítulos presentada en contra de Muñoz (dado que cuando cometió los delitos que se le imputan era fiscal, por lo cual debía ser desaforado por dicho mecanismo) quedó despejada la vía para que sea formalizado, lo que ocurrirá este viernes, ocasión en la cual es muy probable que el Ministerio Público pida la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

La jueza de Coyhaique

Más al norte, en Coyhaique, y como también informó El Mostrador, quedó al descubierto otro caso de corrupción que también le tocó indagar a Palma, el de la jueza de garantía de esa ciudad, Cecilia Urbina, la que luego de un largo y complejo proceso terminó saliendo del Poder Judicial tras ser condenada a cuatro años de presidio, acusada de haber dateado a su hijastro narcotraficante (que ahora purga una condena de 10 años y un día) acerca de la investigación en su contra. Hoy en día, Urbina -que no pasó un solo día presa- ejerce como abogada defensora.

La fiscalía de Los Angeles

En el caso del Ministerio Público, además de lo ocurrido con Muñoz, las noticias relativas a la corrupción interna no han sido muy favorables. En Linares, una exasistente de fiscal, Claudia del Pino Acuña, fue condenada a 12 años tras ser declarada culpable de siete delitos de cohecho y tres de obstrucción a la investigación, junto con su marido (un abogado defensor), que fue a su vez condenado a seis años de prisión efectiva, como autor de siete delitos de cohecho.

El otro caso que complica en el interior de la Fiscalía es el relativo a Los Angeles, en cuya fiscalía local fueron suspendidos cuatro funcionarios, además del fiscal adjunto Rodrigo Durán y la exfiscal jefa, María Gemita Rojas. Durán tuvo a su cargo una serie de investigaciones relativas al crimen organizado en esa ciudad (que tuvo un crecimiento muy llamativo en los últimos cinco años), especialmente en contra de la banda de “El gallineta” (Nelson Vásquez Anabalón), el narcotraficante más relevante de la zona, quien había subcontratado a una célula del Tren de Aragua para eliminar a sus rivales. 

De acuerdo con lo que ha trascendido, otros trabajadores de la misma fiscalía denunciaron la existencia de un posible tráfico de influencias entre las abogadas defensoras de “El Gallineta” y los fiscales, especialmente porque -como consta en al menos una causa- la abogada Andrea Romero, pareja de Durán, era parte de la defensa de uno de los sicarios de Vásquez, el venezolano Miguel Bastardo.

Debido a esos hechos y la existencia de regalos que tanto ella como su socia (Susana Cortés Karmy, a su vez esposa del defensor jefe de Los Angeles, Patricio Gutiérrez) habrían entregado a funcionarios de la fiscalía se abrió una investigación interna, que pronto dio paso a una penal, que fue encargada a la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, la cual el 20 de marzo pasado ordenó una diligencia que nunca antes se había efectuado desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en 2001: el allanamiento de una fiscalía, la de Los Angeles, en este caso caso.

Hace solo 10 días otro de los sicarios del grupo de Vásquez, Jesús Pire (también venezolano), fue condenado a 20 años, por el homicidio calificado de Javier Lermanda Valderrama. Pese a que es una condena alta, para muchos el juicio fue un fracaso, dado que en el mismo otros seis sujetos (incluyendo a Vásquez) fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Angeles, pese a estar acusados de participar del crimen en contra de Lermanda y de otros dos homicidios calificados.

Fuente: elmostrador.cl 

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