25 de noviembre de 2016
Estándares como infraestructura, existencia de extintores, protocolos de evacuación en casos de emergencias, aspectos vinculados con la atención directa de los pacientes; como pausas de seguridad en intervenciones quirúrgicas, el buen manejo de fichas clínicas, fueron algunos de los más […]
Estándares como infraestructura, existencia de extintores, protocolos de evacuación en casos de emergencias, aspectos vinculados con la atención directa de los pacientes; como pausas de seguridad en intervenciones quirúrgicas, el buen manejo de fichas clínicas, fueron algunos de los más de 100 aspectos medidos en el proceso de acreditación, indicó el superintendente de salud Sebastián Pavlovic.
Proceso que tiene como duración tres años, debiendo seguir superándose en los altos estándares que cada proceso exige, sumándose a otros 222 servicio de atención que en Chile están acreditados como prestadores de atenciones médicas, explicó el doctor Enrique Ayarza intendente prestadores de la superintendencia de salud.
Por su parte, el director del Hospital Clínico de Magallanes, Claudio Arriagada, señaló la importancia que significa el obtener dicha acreditación, pasando los test realizados por una empresa externa, que tuvo a cargo de las evaluaciones.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a Jessica Karina Ojeda Nahuelneri a la pena de cumplimiento efectivo de 10 años y un día de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de una multa a beneficio fiscal de $20.000.000, en calidad de autora del delito consumado y reiterado de contrabando.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a Jessica Karina Ojeda Nahuelneri a la pena de cumplimiento efectivo de 10 años y un día de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de una multa a beneficio fiscal de $20.000.000, en calidad de autora del delito consumado y reiterado de contrabando.
