PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES REAFIRMÓ IMPOSIBILIDAD LEGAL DE PAGAR INCREMENTO PREVISIONAL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES

El alcalde de La Granja, Claudio Arriagada y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, fue consultado esta mañana, acerca de la decisión unánime del Concejo Comunal de Punta Arenas de no iniciar un proceso de avenimiento con los funcionarios municipales para el pago del incremento previsional y esperar el fallo judicial sobre la demanda interpuesta por el gremio.

Claudio Arriagada, señaló que pese a concordar en que la solicitud de los funcionarios municipales es legítima, tanto él como cualquier alcalde “no puede pagar a no ser que esté dispuesto a irse a la cárcel por desfalco de caudales públicos”. En este sentido, aseveró que el alcalde Mimica manifestó en reiteradas ocasiones su voluntad de pagar este incremento y fue la propia Asociación Chilena de Municipalidades la que le indicó la improcedencia legal de esta determinación.

El edil opinó que hasta el momento no se ha observado voluntad del Gobierno para resolver este tema, y que la Asociación Chilena de Municipalidades retomará con más fuerza el diálogo que ha sostenido desde hace más de un año con el Sub Secretario de Desarrollo Regional, para que este problema se resuelva. “El Gobierno debe evaluar cuánto cuesta regular este incremento a los trabajadores según cada escalafón y enviar un proyecto de Ley corto, Chile está en condiciones de hacerlo”, aseveró.

Agregó que los funcionarios municipales son el gremio peor pagado de la administración pública y que los alcaldes “no pueden pagar lo que la ley no determina”, ya que existe un dictamen de la Contraloría que indica que no corresponde cancelar el incremento previsional solicitado. Por otra parte, los municipios que han pagado este monto han visto como el fallo en segunda instancia ha indicado devolver los dineros cancelados.

Arriagada informó que las acciones emprendidas por la Asociación Chilena de Municipalidades cuentan con el respaldo de algunos parlamentarios, por lo que ve viable gestionar una solución nacional a esta problemática.