15 de enero de 2019
AMPLIO OPERATIVO DE LA PDI FINALIZÓ CON 21 DETENIDOS
Un trabajo previo de análisis criminal e inteligencia policial le permitió a detectives de la Policía de Investigaciones de Chile dar con el paradero de hombres y mujeres que registraban órdenes de detención pendientes y arrestos. Con un total de […]
Un trabajo previo de análisis criminal e inteligencia policial le permitió a detectives de la Policía de Investigaciones de Chile dar con el paradero de hombres y mujeres que registraban órdenes de detención pendientes y arrestos. Con un total de 21 detenidos finalizó un operativo realizado este martes por la PDI en Punta Arenas.
Los detectives lograron aprehender a sujetos con órdenes de detención pendientes por delitos como robo en lugar habitado, hurto, conducción en estado de ebriedad y amenazas. Además, se logró el arresto de seis personas que en total adeudaban más de 7 millones de pesos por concepto de pensiones alimenticias devengadas.
Los detenidos intentaban eludir la acción de la justicia ocultándose en diferentes domicilios de la ciudad, pero gracias a la sistematización de la información obtenida por medio del trabajo investigativo y de análisis, los detectives lograron dar con su paradero. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía.
La Prefecto Claudia Domínguez, jefa de la Prefectura Provincial Magallanes, indicó que continuarán realizando este tipo de operativos en Punta Arenas. “Seguiremos trabajando en sectores focalizados de la ciudad con la finalidad de ubicar y aprehender a personas que se encuentran prófugas de la justicia”.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
