Río Gallegos – La Opinión Austral

En septiembre del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la restitución de la zona franca a Río Gallegos y Caleta Olivia. El Decreto 1388/2013, por el cual se oficializaba la decisión, responde al cumplimiento del Convenio de Adhesión celebrado entre dicha provincia y el Estado Nacional el 5 de diciembre de 1994. “La baja densidad poblacional y la lejanía de la provincia respecto de los grandes centros urbanos del país, situación que conspira contra la posibilidad de radicación de nuevas industrias, con consecuencias negativas en relación a la creación de fuentes de trabajo”, sostiene el texto.
A favor de avanzar con el cumplimiento del decreto nacional y bajo la oportunidad de impulsar una importante evolución en términos industriales, el gobernador Daniel Peralta designó, a través del decreto provincial 1670/13 la creación de una Comisión de Evaluación y Selección de las Zonas Francas, a cargo del flamante secretario de Industria, Harold Bark. Además, la Comisión estará integrada por cinco miembros del Ejecutivo provincial: tres representantes del Ministerio de la Producción y dos del Ministerio de Economía.
En ese sentido, se constituyó la comisión Intersectorial para trabajar en la reglamentación de la Zona Franca. La misma estará representada por integrantes del Ejecutivo, diputados provinciales, concejales, representantes de la Intendencia de Río Gallegos y de Caleta Olivia, y representantes de los distintos sectores económicos que actúan en el ámbito provincial. Por eso es que hace algunas semanas, la Federación Económica de Santa Cruz, la Cámara de Frigoríficos de la Patagonia, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, la Cámara de Proveedores y Servicios a la Minería de la provincia fueron algunos de los sectores que aportaron a la elaboración del documento que establece el reglamento para la instalación de las zonas francas.

Reglamentación
En cumplimiento de los plazos establecidos por el decreto nacional, desde la Secretaría de Industria se recordó que, en la primera semana de diciembre de 2013, “la Comisión de Evaluación y Selección en uso de sus facultades y en cumplimiento de sus deberes, presentó una propuesta de proyecto de reglamento de funcionamiento y operación, al Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación”.
Algunos de los considerandos establecidos en el documento elaborado establecen que el concesionario no podrá ejercer la función de usuario, como que también se deberá evitar el ejercicio de monopolio para que no exista concentración económica de sectores que perjudiquen al consumidor.
También se propuso que el concesionario promueva la instalación de usuarios Pymes, para lo cual deberá establecer un valor promocional, en un 20 por ciento menor a los valores generales de arrendamiento y de toda tasa y cargo que el concesionario aplique, con una duración de estos beneficios por el término de tres años.
Por otro lado, para promover la instalación de usuarios Pymes que se encuentren amparados por la ley de promoción jóvenes empresarios, radicados en Santa Cruz y con una antigüedad mínima de tres años de funcionamiento interrumpida, el concesionario deberá establecer también un valor promocional, pero en este caso de un 5 por ciento, también por tres años.
Además, respecto de la adjudicación, se planteó que exista un mayor mérito para las UTE que se presenten, integradas con empresas radicadas o creadas en Santa Cruz con una antigüedad de cinco años de ejercicio interrumpido y que cuenten con un porcentaje no menor al 20 por ciento del paquete accionario.

Terrenos
Según pudo saber La Opinión Austral, la Comisión de Evaluación y Selección está trabajando con equipos técnicos de las distintas dependencias de la administración central, organismos descentralizados, entes autárquicos y sociedades del Estado que están prestando colaboración con sus equipos de trabajo, sobre los terrenos en los que estarían ubicadas las zonas francas tanto en Río Gallegos como en Caleta Olivia.
Desde la Secretaría de Industria ratificaron que “en el caso de la zona franca comercial, se emplazará en Chimen Aike a 13 kilómetros de la ciudad capital” e informaron que se trata del mismo predio que se había designado en 1994 con un terreno de aproximadamente 200 hectáreas.
En tanto, informaron que en Caleta Olivia, la zona franca industrial se ubicará en el puerto en un predio de aproximadamente 20 hectáreas, para lo que ya están presentados los anteproyectos”.
Además, comentaron que “estos anteproyectos le darían al adjudicatario de la concesión la forma de trabajar en el área regulado por el comité de vigilancia, para llevar adelante las inversiones de infraestructura en los terrenos”.

Agenda
Respecto a las actividades programadas para el comienzo del año y los meses venideros, la Comisión de Evaluación planea reunirse a nivel institucional en la localidad de Caleta Olivia. Asimismo, planean mantener algunos encuentros con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación.
Además, se informó que se está trabajando con Nación “para realizar estudios técnicos de proyectos de factibilidad de evaluaciones socio – económicas, con el objetivo de diseñar una normativa con características propias y únicas en el país, lo que hace más dificultosa la tarea y más imperiosa la necesidad de contar con la mayor y mejor información posible.
Seguir trabajando con la comisión intersectorial”.
Por otra parte, se estudia “generar una exención tributaria, tasas y cargos provincial y/o municipal, por lo menos para los sectores que se vean afectados directamente por la zona franca minorista”, y se confeccionará “un reglamento interno con el concesionario y el comité de vigilancia muy intervencionista en todo lo que incurre derechos y obligaciones en los usuarios, concesionario y consumidores”.

Proyecciones
Respecto del alcance económico e industrial que representará la zona franca en Río Gallegos, Industria señaló que el gobernador Daniel Peralta “nos instruyó para diseñar, resguardar y coordinar una zona franca que genere bienestar en nuestra economía provincial”, por lo que “entendemos que a mayor mejora en el poder de compra de los consumidores y al adquirir productos a precios internacionales inferiores o los domésticos, generará un mayor efecto positivo sobre el bienestar general”.
Por tanto, “el establecimiento de la zona franca minorista en Río Gallegos debe propender a modificar la elección de aquellos consumidores que deciden trasladarse a Punta Arenas (Chile), para ello debe resultar competitivamente atractiva”. Asimismo, se debe garantizar “la creación de fuentes de trabajo, revertir la consecuencias negativas que produce en la economía local la zona franca de Punta Arenas en la República de Chile”.
Además de ello –agrega-, con la construcción de las represas Presidente Néstor Carlos Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, el futuro excedente energético que se genere podrá aprovecharse para la nueva puesta en funcionamiento de las referidas zonas francas.
Por último, desde Industria reafirman la idea de que el desarrollo de este importante polo comercial “complementará la economía local y fortalecerá la competitividad regional”.