El gobierno firmó el martes un acuerdo con la oposición para aprobar en el Congreso una reforma a la educación que surgió luego de una rebelión estudiantil el año pasado.

El acuerdo asegura la aprobación en el Congreso de la iniciativa, pero la presidenta Michelle Bachelet debió ceder en uno de los puntos esenciales de la reforma cuando la envió a comienzos de año: el término del lucro en los empresarios, denominados sostenedores de la educación subvencionada.

El compromiso suscrito entre todos los partidos de la oposición y el oficialismo en la ceremonia encabezada por Bachelet mantiene el lucro, pero le establece controles que antes no tenían. También le pone condiciones a los empresarios para iniciar actividades educacionales.

El acuerdo con la derecha fue posible gracias a la mantención del lucro, pero al gobierno le fue también difícil lograr la aprobación de algunos sectores de la coalición gobernante, como del Partido Radical Socialdemócrata, que debió finalmente ceder.

Su presidente, el senador José Antonio Gómez, señaló que ahora se abre el debate para discutir sobre la municipalización de la educación, que su partido desea revertir. Desde el régimen militar, hace más de 20 años, la educación estatal es manejada por las municipalidades.

El senador derechista Andrés Chadwick destacó que el acuerdo permite que «avancemos para mejorar la calidad de la educación y a la vez garantizamos la libertad educacional».

Bachelet destacó que «es un gran día para todos porque hemos asumido un compromiso con Chile todas las fuerzas políticas».

La mandataria destacó el acuerdo político e instó a los dirigentes a avanzar en un gran pacto social y político que permita la aprobación de otros asuntos importantes, como la reforma de la previsión también en el Congreso y el cambio del sistema electoral. La oposición derechista pone condiciones para aprobar la reforma al sistema previsional impuesto en 1981 por el ex dictador Augusto Pinochet y se niega a modificar el mecanismo electoral también puesto en práctica por la dictadura.

Además de condicionar a los empresarios privados de la educación, el proyecto de reforma elimina la selección por méritos en toda la enseñanza básica y establece una nueva estructura curricular. Además, reduce a seis años la enseñanza básica y aumenta a seis la media o previa para ingresar a las universidades.

Y sobre todo deroga una controvertida ley que reglamentó la educación y que fue aprobada durante la dictadura.

En la ceremonia por el cual se suscribió el acuerdo político estuvieron presentes además dirigentes estudiantiles, del magisterio y de las iglesias católica y evangélica.
La rebelión estudiantil de mayo y junio del 2006, que paralizó la enseñanza media del país, abrió las puertas para la reforma. Además de beneficios a los estudiantes, Bachelet debió comprometerse en esa oportunidad para terminar con la huelga a reformar la educación, lo que se convino en una comisión con amplia participación, incluso estudiantil.