El Programa Mi Abogado Magallanes, política pública impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ejecutada por la Corporación de Asistencia Judicial, que entrega representación jurídica especializada a niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos, manifiesta su profunda preocupación frente a recientes publicaciones de hechos noticiosos que exponen datos personales de niños, niñas y adolescentes sin su consentimiento ni el de sus representantes legales . Estas prácticas permiten su identificación, poniendo en riesgo su integridad física y psíquica, así como los procesos de intervención, procesos judiciales en curso, y sobre todo las medidas adoptadas para su protección. La protección de la identidad y privacidad de los niños, niñas y adolescentes es un derecho fundamental consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación chilena, incluyendo la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Estas normativas establecen que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes debe realizarse con su consentimiento o el de sus representantes legales, y prohíben la difusión de información que permita su identificación, especialmente cuando ello pueda afectar su honra o seguridad. Hacemos un llamado a los medios de comunicación a ejercer una cobertura respetuosa y responsable de la difícil realidad de las infancias y adolescencias bajo el cuidado Estatal, particularmente en situaciones que requieren ser informadas para sensibilizar a la sociedad. Es fundamental que dicha cobertura contribuya a que la sociedad comprenda su rol como co-garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado. La difusión de información debe centrarse en los hechos y contextos, evitando detalles que permitan la identificación de los niños, niñas y adolescentes involucrados, como también así eviten revictimizar y exponerlos de cualquier manera posible. Finalmente, esperamos que, en el futuro, al informar sobre vulneraciones de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes, se considere integralmente los diversos impactos que pueden producir la publicación de datos sensibles y no relevantes para el hecho noticioso, los cuales pueden hacer identificables a nuestros representados y a otros niños, niñas y adolescentes a nivel nacional y poner en riesgo no sólo su integridad física y psíquica individual, sino también poner en riesgo los espacios que comparten con otros niños, niñas y adolescentes que también se encuentran en situaciones difíciles. Sugerimos respetuosamente consultar el siguiente link informativo: https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2023/05/Guia-para-Periodistas- 2023_digital.pdf Respetuosamente, Equipo Programa Mi Abogado – Región de Magallanes y Antártica Chilena Corporación de Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La Dirección del Trabajo (DT) aplicó 88 multas por casi 245 millones de pesos durante la fiscalización realizada entre ayer jueves y hoy viernes en 16 regiones del país a buses interurbanos de transporte de pasajeros con ocasión del aumento de viajes por Semana Santa. En relación con el último programa inspectivo aplicado, con ocasión de Año Nuevo 2024 e inicio de vacaciones de verano 2025, el realizado esta vez aumentó las fiscalizaciones y las multas aplicadas. En efecto, hubo 75 fiscalizaciones y 34 multas más. Asimismo, si en el programa anterior hubo 2 tripulantes suspendidos, esta vez hubo 5. En definitiva, el balance fiscalizador de este jueves y viernes arrojó 232 fiscalizaciones, 88 de ellas terminadas con multas, cuyo monto fue de $244.249.584. En la pasada fiscalización de fin de año la DT realizó 157 fiscalizaciones, aplicando 54 multas por $168.975.234. Hubo 2 tripulantes suspendidos. El programa consistió en fiscalizaciones a 232 buses en las regiones de Arica y Parinacota (10), Tarapacá (15), Antofagasta (15), Atacama (15), Coquimbo (20), Valparaíso (18), O'Higgins (10), Maule (15), Ñuble (10), Biobío (15), La Araucanía (11), Los Ríos (15), Los Lagos (26), Aysén (6), Magallanes (1) y Metropolitana (30). El objetivo del programa inspectivo fue verificar que las tripulaciones iniciaran sus turnos con los descansos legales previamente cumplidos, garantizando así la seguridad carretera de choferes, auxiliares y pasajeros. Cinco tripulantes debieron terminar sus turnos al no cumplir con la citada disposición. El director del Trabajo, Pablo Zenteno, subrayó el doble beneficio de estas fiscalizaciones: “La Dirección del Trabajo realizó entre ayer y hoy 232 fiscalizaciones en 16 regiones del país, con lo cual aumentamos las realizadas en la última fiscalización, superando también las multas y los montos en dinero”. La autoridad añadió que “al fiscalizar que choferes y auxiliares estén debidamente descansados no solo hacemos cumplir la legislación laboral, sino que también colaboramos a que los viajes para estos trabajadores y sus pasajeros sean seguros y no haya accidentes por culpa de la fatiga de quienes conducen los buses”. Fiscalización Los controles estuvieron centrados exclusivamente en aquellos buses que realizan viajes de más de cinco horas. Para ello, en los terminales de las 16 regiones objeto del programa inspectivo los fiscalizadores subieron a las cabinas e imprimieron desde el dispositivo automatizado instalado junto al volante el comprobante de registro de jornada y descanso cumplido previamente por cada miembro de la tripulación. Durante esta fiscalización la DT podía aplicar multas o hasta suspender a las tripulaciones o a parte de ellas si se comprobaba de los comprobantes impresos que no se había cumplido con los descansos previos, o incluso si de la toma de declaraciones a choferes y auxiliares surgieron indicios de aquella infracción. Materias fiscalizables y multas Las materias fiscalizadas fueron: · Instalación y funcionamiento del dispositivo de registro automatizado de asistencia y determinación de las horas de trabajo. · Funcionamiento correcto del dispositivo de registro automatizado de asistencia y determinación de las horas de trabajo. · Tiempo máximo de conducción continua (5 horas) · Descanso mínimo entre turnos de conducción (2 horas) · Descanso semanal compensatorio. · Cumplimiento correcto de autorizaciones de jornadas excepcionales de trabajo y descanso. Las infracciones a cualquiera de estas obligaciones significaron la aplicación de multas que fluctúan entre las 3 ($204.918) y las 60 ($4.098.360) Unidades Tributarias Mensuales, al valor de abril ($68.306), dependiendo de si la empresa sancionada es micro, pequeña, mediana o grande. Suspensión de tripulantes Los fiscalizadores podían suspender a tripulantes (choferes y auxiliares) por alguna de las siguientes infracciones: · No está instalado en el bus el dispositivo de registro automatizado de asistencia y determinación de las horas de trabajo. · El dispositivo está instalado, pero sin funcionamiento y de la declaración del tripulante se advierte que no ha cumplido correctamente con sus jornadas y descansos. · El dispositivo está en funcionamiento, pero el reporte impreso no arroja toda la información necesaria y de la declaración del tripulante se advierte que no ha cumplido correctamente con sus jornadas y descansos. · Los tripulantes en infracción deben dejar sus turnos de inmediato. Los buses que iban a conducir solo pueden iniciar sus viajes si las empresas reemplazan a los trabajadores suspendidos por otros que sí han cumplido previamente con los descansos legales. Resultados por regiones El balance regional fue el siguiente: Región Fiscalizaciones Multas Trabajadores suspendidos Arica y Parinacota 10 4 0 Tarapacá 15 13 0 Antofagasta 15 12 0 Atacama 15 8 0 Coquimbo 20 7 1 Valparaíso 18 2 0 Metropolitana 30 9 0 O’Higgins 10 4 0 Maule 15 6 0 Ñuble 10 2 0 Biobío 15 0 0 La Araucanía 11 3 0 Los Ríos 15 9 3 Los Lagos 26 6 1 Aysén 6 2 0 Magallanes 1 1 0 TOTAL 232 88 5
Con el objetivo de fortalecer sus habilidades y conocimiento científico, y transmitirlo a niños y niñas, es que múltiples técnicos y educadoras de párvulos postularon al Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE) 2025- 2026 de PAR Explora Magallanes, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En total 17 funcionarias de 11 establecimientos del Servicio Local de Educación Pública Magallanes fueron las elegidas para participar en este relevante programa, que busca fomentar la exploración e investigación científica en las primeras edades. “Nos alegra que múltiples educadoras y técnicos en educación parvularia hayan participado en esta convocatoria abierta, que permitirá reforzar y mejorar el trabajo educativo al interior de jardines infantiles, escuelas y liceo de toda nuestra región”, comentó Elizabeth Aránguiz, Subdirectora de la Unidad Técnico Pedagógica del SLEP Magallanes. Las diversas funcionarias seleccionadas para participar en el programa PIPE son de diferentes localidades de Magallanes, entre ellas, Punta Delgada, Villa Cameron en Tierra del Fuego, Puerto Natales y Puerto Williams. “De 31 seleccionadas, 17 pertenecen al SLEP Magallanes, lo que demuestra el alto interés de los equipos pedagógicos en reforzar sus conocimientos en materias tan relevantes como la innovación y la tecnología”, declaró la Subdirectora. Las funcionarias seleccionadas para participar de esta capacitación son de la escuela Ignacio carrera Pinto, escuela Juan Ladrillero, escuela Coronel Santiago Bueras, escuela Fronteriza Dorotea, escuela Punta Delgada, jardín infantil Archipiélago de Chiloé, jardín infantil Bello Amanecer, jardín Nubes Australes, jardín Tolken Haru, jardín infantil Piececitos de niño y el Liceo Donald Mc Intyre.
De acuerdo a estimaciones obtenidas a partir de datos del Censo y del Servicio Nacional de Migraciones, la inmigración influyó considerablemente en el aumento de habitantes en Chile durante los últimos años. Tanto así que algunas regiones se habrían reducido de no ser por la llegada de la población extranjera. Los recientes resultados del Censo 2024 han permitido actualizar el perfil de la población que habita en Chile. Según el último conteo, hay 18.480.432 habitantes en el país , 906.429 más de lo que se constató en 2017. Así, se registró un aumento de alrededor de 4,9%, pero ¿sabemos cuánto corresponde a las últimas entradas migratorias? Según un análisis del académico del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales (ICSO Udp), Cristian Doña, la cantidad de extranjeros también aumentó en prácticamente todas las regiones. Incluso, de no ser por el factor migración, algunas regiones habrían perdido habitantes. ¿Cuáles son las posibles causas y consecuencias de que las cifras demográficas en Chile se completen con ayuda foránea? En su análisis, Doña tomó los últimos resultados del Censo y los cruzó con las cifras proyectadas por el Servicio Nacional de Migraciones hasta su última edición, publicada en 2023. Al hacer esto, fue posible observar qué tan importante fue la migración por región durante los últimos años. Los resultados mostraron que entre 2018 y 2023 al país ingresaron aproximadamente 611.724 nuevos migrantes. Al cruzar esta información con el crecimiento total de la población entre 2017 y 2024, según los últimos censos, es posible estimar que aproximadamente el 65% de los nuevos habitantes en Chile corresponde a personas extranjeras. Es decir, dos de cada tres personas nuevas en el país corresponden a migrantes. Al hacer este análisis por región, esta proporción puede disminuir o incluso aumentar. Las principales urbes del centro y norte del país muestran un mayor aumento de ingresos de nuevos habitantes internacionales durante la última década. Esto se ve principalmente en las regiones de Valparaíso, Arica, Tarapacá, Atacama, O’Higgins, Antofagasta y Metropolitana. De hecho, en estas últimas dos fue tanto el impacto de la llegada de migrantes que sin ellos las regiones hubiesen comenzado a disminuir su número de personas por primera vez en su historia. En la Región de Antofagasta, por ejemplo, existen 41.055 más migrantes de los que había en 2018. En cambio, la población total aumentó solo 27.882 personas entre 2017 y 2024, por lo que la proporción de cambio neto, entre población extranjera y población total, supera el 147,25%. “Esto quiere decir que, si no hubiera migración, la población de la Región de Antofagasta hubiera disminuido en aproximadamente 13.000 personas”, detalla Doña. Lo mismo pasa en la Región Metropolitana. En la capital del país la población migrante aumentó de 747.258 en 2018 a 1.089.049 en 2023. En cambio, la población total de la región aumentó de 7.112.808 a 7.400.741. Bajo esta misma lógica, Santiago hubiese perdido 53 mil habitantes de no ser por la cantidad de extranjeros que ingresó a vivir en la ciudad durante los últimos siete años. En la Región de Atacama, y según este mismo análisis, el 91,1% de los 13.012 nuevos habitantes corresponde a migrantes. Le siguen también las regiones de Tarapacá, Arica y Valparaíso, con una proporción de cambio de población migrantes sobre población total del 65,7%, 64,7% y 53% respectivamente. La Región de O’Higgins, por su parte, tuvo un aumento de 72 mil habitantes en los últimos siete años, y el 34,20% de eso correspondería a personas extranjeras. “El aumento de la migración en los últimos años tiene que ver sobre todo con la crisis política, social, humanitaria en Venezuela . Si ese fenómeno no existiera, tal vez las cifras migratorias no serían tan llamativas”, dice María Olaya Grau, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica, e investigadora del Núcleo Migra. La académica destaca también que la población migrante venezolana enfrenta frecuentemente vulnerabilidades significativas, como pobreza multidimensional y dificultades de acceso a derechos básicos. “Estos pueden ser restricciones en el ingreso al país, como el requisito de visa consular desde 2019 ha llevado a que muchos ingresen por pasos no habilitados, lo que agudiza la precariedad de su situación”, manifiesta. Esta irregularidad, según Grau, limita y profundiza el problema del acceso a servicios, empleo formal y protección social, generando barreras estructurales para su integración. Otro de los desafíos que plantea la migración tiene que ver con situaciones de acceso a la vivienda de manera irregular y hacinamiento. Todo esto, exacerbados por la crisis estructural de acceso a la vivienda en Chile. “A pesar de percepciones erróneas sobre la presión al sistema público, la contribución económica de los migrantes es significativa. Sin embargo, su situación irregular afecta especialmente a niños y jóvenes migrantes, quienes presentan mayores índices de pobreza y rezago escolar”, añade Grau. El problema de la vivienda para migrantes es algo que remarca Alejandra Rasse, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus). Según comenta, la migración en Chile está marcada por su concentración en zonas urbanas debido a la búsqueda de oportunidades de integración, una tendencia histórica y global. Aproximadamente el 97% de la población migrante reside en áreas urbanas, destacando la Región Metropolitana y las regiones del norte como Tarapacá y Antofagasta, por su proximidad y polos de empleo, como los centros mineros. En comunas como San Miguel, Lampa, Estación Central y Quinta Normal tuvieron un crecimiento considerablemente en su población, principalmente gracias a procesos de densificación urbana vertical. Son comunas consolidadas, que están cerca de las estaciones del Metro, o que se han visto favorecidas por las nuevas líneas del tren subterráneo. En Estación Central y otras comunas de la capital, desde mediados de la década pasada han transitado también por procesos de hiperdensificación de sus viviendas urbanas, con la aparición de “guetos verticales”. En una parte importante, estas zonas han sido uno de los principales donde migrantes llegan a vivir. En algunas comunas, incluso es posible observar enclaves migratorios. Las familias migrantes tienden a concentrarse en áreas donde cuentan con redes de apoyo , especifica Grau. Sin embargo, detalla que la falta de documentos oficiales los expone a abusos, como alquileres excesivos y condiciones de habitabilidad deficientes. “Según datos de la última encuesta Casen, el porcentaje de hacinamiento que tiene la población migrante es altísimo, más del doble que la población chilena. En los niños, esta situación afecta su desarrollo integral y bienestar, con más del 40% en pobreza multidimensional relacionada con vivienda”. “La migración amplifica una preexistente crisis de vivienda en Chile, con un déficit estructural que se remonta a antes del aumento migratorio. Aunque los migrantes enfrentan dificultades específicas, como barreras para arrendar por requisitos formales y discriminación, el problema de vivienda afecta en mayor medida a familias chilenas, especialmente en campamentos. En el caso de la Región de Tarapacá, más del 50% de los campamentos están habitados por familias migrantes, pero en otras regiones predominan las familias chilenas”, complementa Rasse. Asimismo, la experta indica que el mercado informal de vivienda, con precios de arriendo elevados, y condiciones subestándares, “refleja fallas en la oferta formal, exacerbados por un sistema de arrendamiento restrictivo que afecta tanto a migrantes como a chilenos”. “Es importante asegurar la inclusión a servicios de salud y de educación a estas personas, considerándolos en los censos a pesar de que vivan en asentamientos irregulares, muchos de ellos no reconocidos por las municipalidades. Es importante incluir capacitaciones interculturales tanto en colegios como en servicios de salud que eviten la discriminación que se ha encontrado que afecta de forma negativa el bienestar de la población migrante”, comenta también Teresita Rocha, directora del doctorado de Políticas Públicas y profesora del Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS) de la Universidad Mayor. Rocha realizó un reciente estudio, junto con investigadores de la Universidad Mayor, donde constató que en regiones como Atacama, Coquimbo y Tarapacá más del 29% de la población no tiene cobertura de salud pública. También dio cuenta que aunque el 70% de los migrantes en Chile trabaja, el 84% de ellos está sobrecalificado para su empleo, lo que a su juicio refleja una precarización laboral que impacta directamente en su bienestar psicológico. Además, según un último informe del Servicio Jesuita a Migrantes, la población migrante aportó con un 10,3% del PIB, superior a su peso poblacional que es de 8,7%. Por otro lado, el porcentaje de migrantes en edad laboral activa es del 82,7%, superior al de la población chilena, con un 66,6%. Asimismo, Chile posee una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, sin embargo, un estudio reciente realizado por la Dra. Sarahí Rueda, del CISS, muestra que uno de cada 5 nacimientos en el país actualmente es de madre extranjera. “Si Chile no contara con la natalidad de las madres migrantes sería aún más baja. El argumento principal refuta la idea de que los migrantes saturan los servicios públicos en Chile. En realidad, los estudios demuestran que su aporte económico, incluyendo al PIB nacional, supera ampliamente la inversión necesaria para su integración. Sin embargo, el desafío radica en las barreras estructurales y políticas que limitan la regularización y acceso a documentación, lo cual restringe el acceso a empleos formales y al sistema de protección social”, complementa Grau sobre este punto. Por Francisco Corvalán La Tercera
El Programa Mi Abogado Magallanes, política pública impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ejecutada por la Corporación de Asistencia Judicial, que entrega representación jurídica especializada a niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos, manifiesta su profunda preocupación frente a recientes publicaciones de hechos noticiosos que exponen datos personales de niños, niñas y adolescentes sin su consentimiento ni el de sus representantes legales . Estas prácticas permiten su identificación, poniendo en riesgo su integridad física y psíquica, así como los procesos de intervención, procesos judiciales en curso, y sobre todo las medidas adoptadas para su protección. La protección de la identidad y privacidad de los niños, niñas y adolescentes es un derecho fundamental consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación chilena, incluyendo la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Estas normativas establecen que el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes debe realizarse con su consentimiento o el de sus representantes legales, y prohíben la difusión de información que permita su identificación, especialmente cuando ello pueda afectar su honra o seguridad. Hacemos un llamado a los medios de comunicación a ejercer una cobertura respetuosa y responsable de la difícil realidad de las infancias y adolescencias bajo el cuidado Estatal, particularmente en situaciones que requieren ser informadas para sensibilizar a la sociedad. Es fundamental que dicha cobertura contribuya a que la sociedad comprenda su rol como co-garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado. La difusión de información debe centrarse en los hechos y contextos, evitando detalles que permitan la identificación de los niños, niñas y adolescentes involucrados, como también así eviten revictimizar y exponerlos de cualquier manera posible. Finalmente, esperamos que, en el futuro, al informar sobre vulneraciones de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes, se considere integralmente los diversos impactos que pueden producir la publicación de datos sensibles y no relevantes para el hecho noticioso, los cuales pueden hacer identificables a nuestros representados y a otros niños, niñas y adolescentes a nivel nacional y poner en riesgo no sólo su integridad física y psíquica individual, sino también poner en riesgo los espacios que comparten con otros niños, niñas y adolescentes que también se encuentran en situaciones difíciles. Sugerimos respetuosamente consultar el siguiente link informativo: https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2023/05/Guia-para-Periodistas- 2023_digital.pdf Respetuosamente, Equipo Programa Mi Abogado – Región de Magallanes y Antártica Chilena Corporación de Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La Dirección del Trabajo (DT) aplicó 88 multas por casi 245 millones de pesos durante la fiscalización realizada entre ayer jueves y hoy viernes en 16 regiones del país a buses interurbanos de transporte de pasajeros con ocasión del aumento de viajes por Semana Santa. En relación con el último programa inspectivo aplicado, con ocasión de Año Nuevo 2024 e inicio de vacaciones de verano 2025, el realizado esta vez aumentó las fiscalizaciones y las multas aplicadas. En efecto, hubo 75 fiscalizaciones y 34 multas más. Asimismo, si en el programa anterior hubo 2 tripulantes suspendidos, esta vez hubo 5. En definitiva, el balance fiscalizador de este jueves y viernes arrojó 232 fiscalizaciones, 88 de ellas terminadas con multas, cuyo monto fue de $244.249.584. En la pasada fiscalización de fin de año la DT realizó 157 fiscalizaciones, aplicando 54 multas por $168.975.234. Hubo 2 tripulantes suspendidos. El programa consistió en fiscalizaciones a 232 buses en las regiones de Arica y Parinacota (10), Tarapacá (15), Antofagasta (15), Atacama (15), Coquimbo (20), Valparaíso (18), O'Higgins (10), Maule (15), Ñuble (10), Biobío (15), La Araucanía (11), Los Ríos (15), Los Lagos (26), Aysén (6), Magallanes (1) y Metropolitana (30). El objetivo del programa inspectivo fue verificar que las tripulaciones iniciaran sus turnos con los descansos legales previamente cumplidos, garantizando así la seguridad carretera de choferes, auxiliares y pasajeros. Cinco tripulantes debieron terminar sus turnos al no cumplir con la citada disposición. El director del Trabajo, Pablo Zenteno, subrayó el doble beneficio de estas fiscalizaciones: “La Dirección del Trabajo realizó entre ayer y hoy 232 fiscalizaciones en 16 regiones del país, con lo cual aumentamos las realizadas en la última fiscalización, superando también las multas y los montos en dinero”. La autoridad añadió que “al fiscalizar que choferes y auxiliares estén debidamente descansados no solo hacemos cumplir la legislación laboral, sino que también colaboramos a que los viajes para estos trabajadores y sus pasajeros sean seguros y no haya accidentes por culpa de la fatiga de quienes conducen los buses”. Fiscalización Los controles estuvieron centrados exclusivamente en aquellos buses que realizan viajes de más de cinco horas. Para ello, en los terminales de las 16 regiones objeto del programa inspectivo los fiscalizadores subieron a las cabinas e imprimieron desde el dispositivo automatizado instalado junto al volante el comprobante de registro de jornada y descanso cumplido previamente por cada miembro de la tripulación. Durante esta fiscalización la DT podía aplicar multas o hasta suspender a las tripulaciones o a parte de ellas si se comprobaba de los comprobantes impresos que no se había cumplido con los descansos previos, o incluso si de la toma de declaraciones a choferes y auxiliares surgieron indicios de aquella infracción. Materias fiscalizables y multas Las materias fiscalizadas fueron: · Instalación y funcionamiento del dispositivo de registro automatizado de asistencia y determinación de las horas de trabajo. · Funcionamiento correcto del dispositivo de registro automatizado de asistencia y determinación de las horas de trabajo. · Tiempo máximo de conducción continua (5 horas) · Descanso mínimo entre turnos de conducción (2 horas) · Descanso semanal compensatorio. · Cumplimiento correcto de autorizaciones de jornadas excepcionales de trabajo y descanso. Las infracciones a cualquiera de estas obligaciones significaron la aplicación de multas que fluctúan entre las 3 ($204.918) y las 60 ($4.098.360) Unidades Tributarias Mensuales, al valor de abril ($68.306), dependiendo de si la empresa sancionada es micro, pequeña, mediana o grande. Suspensión de tripulantes Los fiscalizadores podían suspender a tripulantes (choferes y auxiliares) por alguna de las siguientes infracciones: · No está instalado en el bus el dispositivo de registro automatizado de asistencia y determinación de las horas de trabajo. · El dispositivo está instalado, pero sin funcionamiento y de la declaración del tripulante se advierte que no ha cumplido correctamente con sus jornadas y descansos. · El dispositivo está en funcionamiento, pero el reporte impreso no arroja toda la información necesaria y de la declaración del tripulante se advierte que no ha cumplido correctamente con sus jornadas y descansos. · Los tripulantes en infracción deben dejar sus turnos de inmediato. Los buses que iban a conducir solo pueden iniciar sus viajes si las empresas reemplazan a los trabajadores suspendidos por otros que sí han cumplido previamente con los descansos legales. Resultados por regiones El balance regional fue el siguiente: Región Fiscalizaciones Multas Trabajadores suspendidos Arica y Parinacota 10 4 0 Tarapacá 15 13 0 Antofagasta 15 12 0 Atacama 15 8 0 Coquimbo 20 7 1 Valparaíso 18 2 0 Metropolitana 30 9 0 O’Higgins 10 4 0 Maule 15 6 0 Ñuble 10 2 0 Biobío 15 0 0 La Araucanía 11 3 0 Los Ríos 15 9 3 Los Lagos 26 6 1 Aysén 6 2 0 Magallanes 1 1 0 TOTAL 232 88 5
Con el objetivo de fortalecer sus habilidades y conocimiento científico, y transmitirlo a niños y niñas, es que múltiples técnicos y educadoras de párvulos postularon al Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE) 2025- 2026 de PAR Explora Magallanes, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En total 17 funcionarias de 11 establecimientos del Servicio Local de Educación Pública Magallanes fueron las elegidas para participar en este relevante programa, que busca fomentar la exploración e investigación científica en las primeras edades. “Nos alegra que múltiples educadoras y técnicos en educación parvularia hayan participado en esta convocatoria abierta, que permitirá reforzar y mejorar el trabajo educativo al interior de jardines infantiles, escuelas y liceo de toda nuestra región”, comentó Elizabeth Aránguiz, Subdirectora de la Unidad Técnico Pedagógica del SLEP Magallanes. Las diversas funcionarias seleccionadas para participar en el programa PIPE son de diferentes localidades de Magallanes, entre ellas, Punta Delgada, Villa Cameron en Tierra del Fuego, Puerto Natales y Puerto Williams. “De 31 seleccionadas, 17 pertenecen al SLEP Magallanes, lo que demuestra el alto interés de los equipos pedagógicos en reforzar sus conocimientos en materias tan relevantes como la innovación y la tecnología”, declaró la Subdirectora. Las funcionarias seleccionadas para participar de esta capacitación son de la escuela Ignacio carrera Pinto, escuela Juan Ladrillero, escuela Coronel Santiago Bueras, escuela Fronteriza Dorotea, escuela Punta Delgada, jardín infantil Archipiélago de Chiloé, jardín infantil Bello Amanecer, jardín Nubes Australes, jardín Tolken Haru, jardín infantil Piececitos de niño y el Liceo Donald Mc Intyre.
De acuerdo a estimaciones obtenidas a partir de datos del Censo y del Servicio Nacional de Migraciones, la inmigración influyó considerablemente en el aumento de habitantes en Chile durante los últimos años. Tanto así que algunas regiones se habrían reducido de no ser por la llegada de la población extranjera. Los recientes resultados del Censo 2024 han permitido actualizar el perfil de la población que habita en Chile. Según el último conteo, hay 18.480.432 habitantes en el país , 906.429 más de lo que se constató en 2017. Así, se registró un aumento de alrededor de 4,9%, pero ¿sabemos cuánto corresponde a las últimas entradas migratorias? Según un análisis del académico del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales (ICSO Udp), Cristian Doña, la cantidad de extranjeros también aumentó en prácticamente todas las regiones. Incluso, de no ser por el factor migración, algunas regiones habrían perdido habitantes. ¿Cuáles son las posibles causas y consecuencias de que las cifras demográficas en Chile se completen con ayuda foránea? En su análisis, Doña tomó los últimos resultados del Censo y los cruzó con las cifras proyectadas por el Servicio Nacional de Migraciones hasta su última edición, publicada en 2023. Al hacer esto, fue posible observar qué tan importante fue la migración por región durante los últimos años. Los resultados mostraron que entre 2018 y 2023 al país ingresaron aproximadamente 611.724 nuevos migrantes. Al cruzar esta información con el crecimiento total de la población entre 2017 y 2024, según los últimos censos, es posible estimar que aproximadamente el 65% de los nuevos habitantes en Chile corresponde a personas extranjeras. Es decir, dos de cada tres personas nuevas en el país corresponden a migrantes. Al hacer este análisis por región, esta proporción puede disminuir o incluso aumentar. Las principales urbes del centro y norte del país muestran un mayor aumento de ingresos de nuevos habitantes internacionales durante la última década. Esto se ve principalmente en las regiones de Valparaíso, Arica, Tarapacá, Atacama, O’Higgins, Antofagasta y Metropolitana. De hecho, en estas últimas dos fue tanto el impacto de la llegada de migrantes que sin ellos las regiones hubiesen comenzado a disminuir su número de personas por primera vez en su historia. En la Región de Antofagasta, por ejemplo, existen 41.055 más migrantes de los que había en 2018. En cambio, la población total aumentó solo 27.882 personas entre 2017 y 2024, por lo que la proporción de cambio neto, entre población extranjera y población total, supera el 147,25%. “Esto quiere decir que, si no hubiera migración, la población de la Región de Antofagasta hubiera disminuido en aproximadamente 13.000 personas”, detalla Doña. Lo mismo pasa en la Región Metropolitana. En la capital del país la población migrante aumentó de 747.258 en 2018 a 1.089.049 en 2023. En cambio, la población total de la región aumentó de 7.112.808 a 7.400.741. Bajo esta misma lógica, Santiago hubiese perdido 53 mil habitantes de no ser por la cantidad de extranjeros que ingresó a vivir en la ciudad durante los últimos siete años. En la Región de Atacama, y según este mismo análisis, el 91,1% de los 13.012 nuevos habitantes corresponde a migrantes. Le siguen también las regiones de Tarapacá, Arica y Valparaíso, con una proporción de cambio de población migrantes sobre población total del 65,7%, 64,7% y 53% respectivamente. La Región de O’Higgins, por su parte, tuvo un aumento de 72 mil habitantes en los últimos siete años, y el 34,20% de eso correspondería a personas extranjeras. “El aumento de la migración en los últimos años tiene que ver sobre todo con la crisis política, social, humanitaria en Venezuela . Si ese fenómeno no existiera, tal vez las cifras migratorias no serían tan llamativas”, dice María Olaya Grau, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica, e investigadora del Núcleo Migra. La académica destaca también que la población migrante venezolana enfrenta frecuentemente vulnerabilidades significativas, como pobreza multidimensional y dificultades de acceso a derechos básicos. “Estos pueden ser restricciones en el ingreso al país, como el requisito de visa consular desde 2019 ha llevado a que muchos ingresen por pasos no habilitados, lo que agudiza la precariedad de su situación”, manifiesta. Esta irregularidad, según Grau, limita y profundiza el problema del acceso a servicios, empleo formal y protección social, generando barreras estructurales para su integración. Otro de los desafíos que plantea la migración tiene que ver con situaciones de acceso a la vivienda de manera irregular y hacinamiento. Todo esto, exacerbados por la crisis estructural de acceso a la vivienda en Chile. “A pesar de percepciones erróneas sobre la presión al sistema público, la contribución económica de los migrantes es significativa. Sin embargo, su situación irregular afecta especialmente a niños y jóvenes migrantes, quienes presentan mayores índices de pobreza y rezago escolar”, añade Grau. El problema de la vivienda para migrantes es algo que remarca Alejandra Rasse, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus). Según comenta, la migración en Chile está marcada por su concentración en zonas urbanas debido a la búsqueda de oportunidades de integración, una tendencia histórica y global. Aproximadamente el 97% de la población migrante reside en áreas urbanas, destacando la Región Metropolitana y las regiones del norte como Tarapacá y Antofagasta, por su proximidad y polos de empleo, como los centros mineros. En comunas como San Miguel, Lampa, Estación Central y Quinta Normal tuvieron un crecimiento considerablemente en su población, principalmente gracias a procesos de densificación urbana vertical. Son comunas consolidadas, que están cerca de las estaciones del Metro, o que se han visto favorecidas por las nuevas líneas del tren subterráneo. En Estación Central y otras comunas de la capital, desde mediados de la década pasada han transitado también por procesos de hiperdensificación de sus viviendas urbanas, con la aparición de “guetos verticales”. En una parte importante, estas zonas han sido uno de los principales donde migrantes llegan a vivir. En algunas comunas, incluso es posible observar enclaves migratorios. Las familias migrantes tienden a concentrarse en áreas donde cuentan con redes de apoyo , especifica Grau. Sin embargo, detalla que la falta de documentos oficiales los expone a abusos, como alquileres excesivos y condiciones de habitabilidad deficientes. “Según datos de la última encuesta Casen, el porcentaje de hacinamiento que tiene la población migrante es altísimo, más del doble que la población chilena. En los niños, esta situación afecta su desarrollo integral y bienestar, con más del 40% en pobreza multidimensional relacionada con vivienda”. “La migración amplifica una preexistente crisis de vivienda en Chile, con un déficit estructural que se remonta a antes del aumento migratorio. Aunque los migrantes enfrentan dificultades específicas, como barreras para arrendar por requisitos formales y discriminación, el problema de vivienda afecta en mayor medida a familias chilenas, especialmente en campamentos. En el caso de la Región de Tarapacá, más del 50% de los campamentos están habitados por familias migrantes, pero en otras regiones predominan las familias chilenas”, complementa Rasse. Asimismo, la experta indica que el mercado informal de vivienda, con precios de arriendo elevados, y condiciones subestándares, “refleja fallas en la oferta formal, exacerbados por un sistema de arrendamiento restrictivo que afecta tanto a migrantes como a chilenos”. “Es importante asegurar la inclusión a servicios de salud y de educación a estas personas, considerándolos en los censos a pesar de que vivan en asentamientos irregulares, muchos de ellos no reconocidos por las municipalidades. Es importante incluir capacitaciones interculturales tanto en colegios como en servicios de salud que eviten la discriminación que se ha encontrado que afecta de forma negativa el bienestar de la población migrante”, comenta también Teresita Rocha, directora del doctorado de Políticas Públicas y profesora del Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS) de la Universidad Mayor. Rocha realizó un reciente estudio, junto con investigadores de la Universidad Mayor, donde constató que en regiones como Atacama, Coquimbo y Tarapacá más del 29% de la población no tiene cobertura de salud pública. También dio cuenta que aunque el 70% de los migrantes en Chile trabaja, el 84% de ellos está sobrecalificado para su empleo, lo que a su juicio refleja una precarización laboral que impacta directamente en su bienestar psicológico. Además, según un último informe del Servicio Jesuita a Migrantes, la población migrante aportó con un 10,3% del PIB, superior a su peso poblacional que es de 8,7%. Por otro lado, el porcentaje de migrantes en edad laboral activa es del 82,7%, superior al de la población chilena, con un 66,6%. Asimismo, Chile posee una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, sin embargo, un estudio reciente realizado por la Dra. Sarahí Rueda, del CISS, muestra que uno de cada 5 nacimientos en el país actualmente es de madre extranjera. “Si Chile no contara con la natalidad de las madres migrantes sería aún más baja. El argumento principal refuta la idea de que los migrantes saturan los servicios públicos en Chile. En realidad, los estudios demuestran que su aporte económico, incluyendo al PIB nacional, supera ampliamente la inversión necesaria para su integración. Sin embargo, el desafío radica en las barreras estructurales y políticas que limitan la regularización y acceso a documentación, lo cual restringe el acceso a empleos formales y al sistema de protección social”, complementa Grau sobre este punto. Por Francisco Corvalán La Tercera