Cuando el Presidente Patricio Aylwin ingresó el año 1991 al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que crearía la Ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas, recogió las aspiraciones y la necesidad de sentar las bases de una nueva legislación, que reconociera jurídicamente a los pueblos indígenas que habitan en el país y estableciera una legislación que permitiera promover el desarrollo de los pueblos indígenas.

Hoy, a 25 años de su promulgación, aun cuando la Ley Indígena ha permitido importantes avances en esta materia, han quedado al descubierto una serie de falencias que son necesarias de corregir y que mantienen aún vigentes los desafíos que en aquella época se buscaban solucionar. Los conflictos por tierras continúan y la población indígena del país vive en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad que la población no indígena.

No podemos dejar pasar 25 años más y este ha sido precisamente uno de los objetivos que el Presidente Sebastián Piñera se propuso alcanzar a través del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, presentado en septiembre de 2018. Ha llegado la hora de mejorar y actualizar la Ley Indígena de 1993 bajo dos principios irrestrictos: las tierras indígenas son y serán patrimonio indígena y, por lo tanto, no se modificará el principio de protección a la tierra indígena; y para realizar cualquier cambio a la normativa vigente, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, realizaremos un proceso de consulta indígena previa e informada a los 9 pueblos que habitan en nuestro país.

Con este espíritu, hemos escuchado la frustración de muchas comunidades y sus líderes, quienes, a diferencia del resto de los chilenos, no pueden administrar libremente sus tierras como lo hace cualquier otro ciudadano y no se sienten dueños de ellas, porque por ejemplo no poseen títulos individuales de dominio, no pueden postular a proyectos de desarrollo en sus propios terrenos; no pueden arrendarlos y en los casos en que sí están facultados para hacerlo, las personas naturales solo pueden firmar contratos por un máximo de 5 años. En definitiva, se sienten entrampados y sin alas para poder desarrollarse.

Estamos comenzando un proceso de Consulta Indígena liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que se iniciará el 22 de mayo en 131 localidades, desde Visviri a Puerto Williams. Esperamos contar con una gran convocatoria que permita conocer la visión y postura de todos los pueblos indígenas y así generar un diálogo fructífero para alcanzar buenos acuerdos.

Como Gobierno, creemos fehacientemente que un buen diálogo trae buenos acuerdos, razón por la cual es fundamental respetar el principio de buena fe, actuar con diligencia y disponer de todos los medios necesarios que permitan generar las condiciones adecuadas para que los pueblos indígenas puedan intervenir de manera real y efectiva en un plano de igualdad.

Es necesario comprender que con el transcurso de los años la realidad de las nuevas generaciones de los pueblos indígenas se ha ido modificando, por lo que se hace imperioso actualizar la ley vigente en busca de entregar más y mejores oportunidades.

Sebastián Villarreal B., Subsecretario de Servicios Sociales, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Andrés Cortés D., Asesor Especial de Asuntos Indígenas, Ministerio de Desarrollo Social y Familia