DESFIBRILADORES EN LUGARES PÚBLICOS AVANZA PARA CONVERTIRSE EN LEY

“Salvar vidas” fue la frase más mencionada durante el debate del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que incorpora en la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, la obligación de disponer en los centros comerciales de desfibriladores externos portátiles y que fue aprobado en general y por unanimidad durante la sesión.

Si bien la moción presentada por los senadores Francisco Chahuán y Guido Girardi, y de los ex senadores Fulvio Rossi y Gonzalo Uriarte, es de artículo único los legisladores manifestaron que se requieren una serie de precisiones como el lugar de instalación y la certificación de los instrumentos, además de estudiar la opción de ampliar su presencia en servicios públicos y privados, por lo que se acordó fijar como plazo de indicaciones el lunes 11 de junio.

El texto legal tiene por objeto mejorar la seguridad sanitaria en aquellos espacios públicos que normalmente presentan una importante afluencia de público, obligándolos a contar con el equipamiento de emergencia que permita otorgar una atención inmediata a quienes sufran una afección cardíaca que pueda comprometer su salud e incluso su vida, en especial, debido a la creciente prevalencia de afecciones de ese tipo en el país.

Así se obligaría a los centros comerciales, terminales de buses, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y estadios, de contar en forma obligatoria, como parte de su sistema de atención sanitaria de emergencia, con dispositivos electrónicos portátiles que permitan recuperar el ritmo cardiaco (desfibriladores) que estén aptos para su funcionamiento inmediato.
Pese a adelantar su voto favorable, el senador Alejandro Navarro manifestó que el artículo que se incorpora obligue a que estén en estadios y centros comerciales, “la pregunta es ¿cuál es el tipo de estadios y de centros o galerías comerciales?”, además de procurar un claro un reglamento para monitorear dónde se encuentran ubicados los desfibriladores.

Ante este cuestionamiento, la senadora Ximena Rincón y Alejandro García Huidobro, llamaron a aclarar “a qué se refiere la excepción, para que no quede amplia, no haya errores y no tengamos dudas”, señalaron.

Ante esto, se decidió votar el proyecto en general para que se puedan realizar todas las aclaraciones necesarias en su trámite en particular.

“La cultura de la seguridad debe ser la norma de todos nosotros”, indicó el senador Kenneth Pugh, para quien se requiere considerar el lugar donde se instalará el desfibrilador, “porque cada minuto que se pierda se disminuye en un 10% la sobrevivencia”; además de hacer presente la certificación de los instrumentos. Argumentación que fue compartida por el senador García Huidobro.

Para el senador Ricardo Lagos Weber el proyecto está muy bien encaminado, “pero de las intervenciones de varios surgen dudas e inquietudes. (…) La pregunta es qué pasa con los servicios públicos o ministerios, ¿hay disposición para que sea algo más amplio?, consultó.

Por último, el senador José Durana, además de valorar las características e importancia del proyecto, indicó que “me preocupa que no contiene información de cuántos proveedores certificados existen en nuestro país”.