La moción parlamentaria, ingresada en marzo de 2011, considera una modificación al actual código de aguas de 1981, el cual fue hecho en una época de abundancia hídrica, muy distinta a la situación actual del país, y apunta a establecer un equilibrio entre el uso productivo, con el acceso al agua y el saneamiento para la población, y a la preservación eco sistémica.

Al respecto, el diputado Morano explicó que la necesidad de reformar el código de aguas radica en que “el país ha visto en los últimos 6 años como la sequía ha entrado en una crisis total. Hay un problema serio con el abastecimiento básico del agua potable, y por otro lado tenemos racionamiento en muchas poblaciones, y por lo tanto, considerando el presente y el futuro que se nos viene con el cambio climático, y que el país ha ido teniendo una desertificación que llega hasta la región Metropolitana, no cabe duda que necesitamos esta reforma”.

Los ejes centrales de la reforma apuntan a la intensificación del carácter público de las aguas, la priorización del consumo humano, la protección de áreas de importancia patrimonial y ambiental, el fortalecimiento de las atribuciones de la Administración (DGA), precaver y sancionar la tenencia ociosa de derechos de aprovechamiento, y la regularización de usos consuetudinarios y derechos provenientes de predios CORA.

Sobre el tema, Morano indicó que con esta modificación “se soluciona, en un primer paso, el problema de agua, porque lo que ocurre con la reforma es que establece un principio doctrinariamente distinto al código del 1981, donde existía un recurso natural que era gestionado por el mercado. Ahora, lo que se inserta como doctrina es que el agua es un derecho humano fundamental y ese derecho humano tiene que ser garantizado por el Estado. Además se establecen prioridades de uso, por lo tanto, primero se señala que el agua va a ser usada para agua potable y saneamiento, y luego para actividades de subsistencia y agricultura familiar. Después viene la protección de las fuentes, de los ríos, de las vertientes, de los humedales, de los glaciares, de las vegas, y después que se han satisfecho estas tres necesidades fundamentales, vienen las actividades con fines de lucro”.

Finalmente, el diputado Morano, junto a su par Yasna Provoste, introdujeron una indicación especial para las regiones de Magallanes y Aysén, agregándose el siguiente inciso al código:

Artículo 47: “No podrán construirse sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena”.

“Con ello se protegen las turberas, al impedir su drenaje, lo mismo ocurre con los humedales reconocidos. Ahora es de esperar que en el Senado se apruebe o mejore la norma general que devuelve parcialmente el agua al dominio público y la protege y dedica esencialmente para el consumo y vida humana” dijo Morano.