La Comisión de Zonas Extremas y Antártica chilena de la Cámara de Diputados recibió al Seremi de Hacienda de la región de Magallanes, Christian García, para que entregara más antecedentes respecto de la aplicación de las Leyes de Excepción, más conocida como “Ley Navarino”, y con ello resolver las discrepancias que existen entre la Industria y el Gobierno.
En la instancia, el representante del Ministerio de Hacienda en Magallanes, explicó que, “desde que se puso en vigencia la Ley en 1985, no se había realizado ninguna fiscalización a las 202 empresas que solicitaron acogerse a la franquicia, que comprobara si estaban cumpliendo con los requisitos exigido en la ley para recibir el beneficio.”
“Tras el proceso de fiscalización que se realizó a través de la Dirección del Trabajo y el SII, se logró descubrir que habían empresas que ya no existían, otras que habían abandonado los establecimientos, algunas que estaban haciendo otras actividades e incluso, encontramos entidades que no tenía el pago de la patente municipal y que no funcionaban en el lugar que correspondía, por lo que se procedió a declarar la caducidad de los contratos. Ya llevamos 130”, aseguró García.
Al respecto, el diputado Juan Morano señaló que “tras la exposición del Seremi de Hacienda, podemos afirmar que, por alguna razón, que lamentablemente no sabemos, la normativa no se ha estado cumpliendo. La Ley señala claramente que, si a los dos años la empresa no concreta su inversión y parte su actividad, el contrato prescribe automáticamente, y eso ocurrió muchas veces”. Agregó que “hay situaciones tan anómalas como que se repite una misma dirección para 17 permisos diferentes, lo que a todas luces no corresponde”.
Recordemos que los industriales, quienes fueron a exponer su postura anteriormente a la comisión, acusaron al Gobierno de tener un actuar anormal e irregular en la aplicación de la normativa y que, vía reglamentación y cambios en las normas administrativas, se estaba haciendo imposible poder acceder a los beneficios de la ley.
Al respecto, Morano explicó que “ha habido un aumento exponencial del pago de la bonificación. Hemos saltado de cifras cercanas a los 9 mil millones de pesos en 2010, a cifras que superan los 30 mil millones en 2017, por lo tanto, nadie puede afirmar que no se está pagando. Creo que no había conciencia de parte de los Industriales, que es el Intendente quien tiene la facultad de entregar la concesión, que por lo demás es individual y los autoriza a realizar sólo la actividad solicitada”, dijo el parlamentario, asegurando que “los reclamos realizados por los industriales son infundados. Las cifras que se nos expusieron señalan algo totalmente distinto, que ha aumentado el pago de la bonificación y que no se han cumplido las normas como corresponden para acceder al beneficio”.
Finalmente, Morano fue enfático al señalar que “quedamos completamente satisfechos con la explicación y los antecedentes que nos ha entregado la Secretaría Ministerial de Hacienda, en representación del Ministro de la cartera y el Intendente de Magallanes.
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