Farmacias Ahumada agregó una dificultad más a la ya compleja situación judicial y comercial generada tras confesar las acciones de colusión que habría desarrollado, en conjunto con las otras dos cadenas farmacéuticas más grandes del país, para incrementar artificialmente el precio de unos 200 medicamentos, como lo denunció la Fiscalía Nacional Económica.

La empresa aparece ahora en el listado de sancionados por prácticas antisindicales durante el segundo semestre del 2008, publicada este lunes en diversos periódicos de circulación nacional por la Dirección del Trabajo, con el objeto de poner en conocimiento de la ciudadanía la nómina de quienes vulneran la legislación en materia de organización de los trabajadores. La sentencia condenatoria contra Farmacias Ahumada fue dictada por el 1er Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el 10 de Noviembre de 2008, por despido de trabajadores afiliados al sindicato.

El Senador Pedro Muñoz, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta expresó su molestia por esta situación, señalando que esta empresa “no sólo, entonces, ha violentado la confianza de los consumidores al incurrir en acciones de colusión de precios, afectando la libre competencia, sino que ha ido más allá y ejercido presiones indebidas contra sus propios trabajadores, a través de perseguir la organización sindical.”

“Se trata de una lamentable cadena de hechos que revelan que el actuar de esta empresa y de sus máximos ejecutivos ha vulnerado sistemáticamente los estándares mínimos, tanto desde el punto de vista comercial como laboral” – sentenció el parlamentario.

EXCLUIDA COMO PROVEEDOR DEL ESTADO HASTA EL 2010

El legislador socialista recordó que está vigente la ley 20.238, de su autoría, que introdujo modificaciones al sistema de compras del Estado, conocido como ChileCompra, excluyendo por dos años de la posibilidad de proveer a los organismos públicos a las empresas que incurran en prácticas de esta naturaleza.

Por lo anterior, Farmacias Ahumada no podrá efectuar ventas a ninguna entidad fiscal, tales como hospitales y consultorios, hasta Noviembre del 2010. La empresa registra en el citado portal de ventas, sólo en el año 2008, 79 adjudicaciones de licitaciones, totalizando unas 500 órdenes de compra.

Muñoz recordó que recientemente la Contraloría General de la República ha reiterado la vigencia de estas disposiciones al exigir la instrucción de sumarios administrativos en dos servicios públicos de la Región de Coquimbo que, vulnerando la prohibición legal, adquirieron bienes en empresas sancionadas por prácticas antisindicales.

“Más allá del valor pecuniario de una sanción de este tipo, resulta más importante la sanción ética y social que ello significa, pues no es posible que una empresa que incurre en prácticas antisindicales y, por tanto, en la vulneración de derechos tan esenciales para el trabajadores, como la organización, sea, al mismo tiempo, favorecida con contratos con el Estado” – culminó manifestando.