16 de mayo de 2016
GOBERNANDO CON CRÉDITOS
Señor director, Este año, las contradicciones de la política pública de créditos estudiantiles se han manifestado en su máximo esplendor. Mientras nos enteramos por un lado que la glosa de gratuidad contempla 517 mil millones de pesos para financiar los […]
Señor director,
Este año, las contradicciones de la política pública de créditos estudiantiles se han manifestado en su máximo esplendor.
Mientras nos enteramos por un lado que la glosa de gratuidad contempla 517 mil millones de pesos para financiar los estudios de jóvenes de hogares de bajos ingresos, el monto asignado a la compra de deudas a los bancos en la misma partida presupuestaria es de 598 mil millones.
Es decir, mientras por un lado se nos dice que no hay plata para las reformas (la tesis de la billetera blanda), por otro, vemos que el Estado chileno gasta aún más dinero en evitarles el dolor de cabeza de la cobranza de los créditos a los bancos.
Como si esto fuera poco, nos enteramos además que el monto adeudado por concepto del Fondo Solidario de Crédito Universitario asciende también a los 533 mil millones.
En este escenario surrealista, queda clara la jerarquía moral de las responsabilidades: mientras las deudas del Estado pueden no pagarse (en la práctica, el Fondo Solidario es para muchos una beca), la gratuidad no puede implementarse porque no hay plata mientras a los bancos hay que pagarles porque claro son los bancos.
¿Quién tiene la culpa?, ¿los bancos inescrupulosos, el gobierno o los egresados que no pagan sus deudas?
Mientras intentamos responder estas preguntas un poco tarde, queda claro que la práctica de gobernar con créditos sencillamente no funciona. Y no es necesario tener una calculadora para darse cuenta.
Felipe González
Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Central de Chile
El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.
El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.
