5 de abril de 2009
Convencido de que son las propias regiones las que deben ajustar su patrimonio natural y administrar sus recursos renovables ha estado siempre el senador Antonio Horvarth quien presentó una reforma constitucional que propone regionalizar los recursos naturales y administrarlos de acuerdo a instrumentos de participación ciudadana, como son, el Ordenamiento Territorial, la Zonificación del Borde Costero y el Manejo Integrado de Cuencas.
El parlamentario explicó que estos instrumentos permiten armonizar y priorizar los distintos usos, actuales y potenciales, y la conservación de los recursos naturales.
Sin embargo, precisó que existen una serie de elementos centralizadores, que no se condicen con la Constitución Política, como el hecho que la mayoría de las decisiones, tanto administrativas, como políticas, económicas y de diversa índole se toman a nivel central, es decir, en Santiago.
Como consecuencia de lo anterior existe una considerable baja en los recursos hidrobiológicos y una mala administración y poca fiscalización de las Zonas Contiguas.
El parlamentario agregó que la tendencia a instalar proyectos contaminantes o incompatibles en regiones, para satisfacer demandas centralizadas, también atenta contra el desarrollo del país, al igual que la mala distribución del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE).
Asimismo indicó que producto de los efectos del Cambio Climático, las regiones deben ajustar su patrimonio natural, priorizar acciones para adaptarse a este fenómeno y resguardar sus recursos naturales y patrimonio cultural.
Por ello, recalcó que los recursos naturales renovables, agua, bosque nativo, energía, glaciares, suelos, hidrobiológicos, deben ser valorados, protegidos, recuperados en su caso, y fiscalizados desde las propias regiones, porque son ellos los que mejor saben cuidar su hábitat, ecosistemas, áreas protegidas y los recursos naturales renovables.
En esa línea, la reforma constitucional establece que los recursos naturales del país constituirán parte del patrimonio regional, y se administrarán y asignarán sus distintos tipos de uso, incluyendo la conservación, por las regiones, según sus estrategias de desarrollo regional de acuerdo a los instrumentos participativos.
Cabe señalar que, la Constitución señala que el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Además agrega que los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.
Positivo Balance de las autoridades del agro
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