La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) informa que el 23º Juzgado Civil de Santiago declaró admisible la demanda presentada contra la multinacional Apple, por prácticas que reducen la vida útil de estos smartphones, hecho que ya había sido denunciado por agrupaciones de consumidores en Europa y Norteamérica.
La acción judicial está dirigida contra Apple Chile, MacOnline y Reifschneider. El objetivo de la causa es “cautelar el interés colectivo” de quienes compraron iPhones entre 2014 y 2017.
Odecu solicita en su demanda que Apple compense con $126 mil a cada usuario en Chile poseedor de iPhone y que haya sido afectado por la obsolescencia programada. Además de la reparación o recompra de sus aparatos.
El abogado Sebastián Reyes, quien lidera esta acción judicial, explica que “le pedimos al tribunal que se reparen todos los iPhones que están señalados en la demanda y que han tenido los problemas de ralentización. Si no se puede reparar o la reparación es costosa, le pedimos al tribunal que se ordene una indemnización a los consumidores que consiste en la recompra de los aparatos al valor de mercado que éstos tengan ahora”.
Reyes añade que “además estamos solicitando otra indemnización por la pérdida de tiempo que tuvieron los consumidores debido a la ralentización del dispositivo, la que equivale 126 mil pesos”.
El argumento legal de la Odecu es que diversos modelos iPhones “presentaban un funcionamiento deficiente, sea por sufrir de apagados intempestivos o por mostrar un funcionamiento más lento. Esto último se debía a que los sistemas operativos de los equipos fueron actualizados con parches de software transmitidos remotamente por Apple a través de internet y que tenían por objetivo, entre otras cosas, “ahogar” el funcionamiento del procesador y ralentizar los equipos anteriores al último modelo, supuestamente para “mejorar la experiencia” de los usuarios. Sin embargo, ello jamás fue informado a los usuarios de estos equipos y, por el contrario, fue decidido deliberadamente y ejecutado por el fabricante Apple”.
Los modelos afectados con esta práctica serían el iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus, además del modelo SE.
Al acoger la causa, mediante la Justicia chilena se solicitaron antecedentes a instituciones del Estado, tales como la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Servicio Nacional de Aduanas, además de los operadores Entel, Movistar, Claro, WOM y VTR.
