19 de mayo de 2009
LA LEY ES CLARA AL RESPECTO, NO PUEDE OBTENER LICENCIA PROFESIONAL UNA PERSONA CON DIABETES MELLITUS, SEÑALÓ DIRECTOR DE TRÁNSITO
Así de enfático fue el Director del Tránsito, Sergio Oyarzo, respecto del tema presentado ayer por Juan Díaz quien nos manifestaba que no podía renovar su licencia de conducir por presentar la enfermedad, señalando que de alguna forma se le […]
Así de enfático fue el Director del Tránsito, Sergio Oyarzo, respecto del tema presentado ayer por Juan Díaz quien nos manifestaba que no podía renovar su licencia de conducir por presentar la enfermedad, señalando que de alguna forma se le habían cortado los brazos para trabajar.
El reglamento para el otorgamiento de licencias para conductores en su artículo 3 señala que serán consideradas carentes de aptitudes para conducir vehículos motorizados las personas que presenten alteraciones físicas y psíquicas como las que se describen a continuación: señalando un número de situaciones entre ellas la diabetes mellitus tipo 2
Señala que en este caso la licencia a renovar es Profesional, y la ley es clara al respecto, aunque como Director de Tránsito no está de acuerdo con esta normativa como municipalidad tienen que acatarla.
Ante la posibilidad de que este conductor pueda apelar a esta determinación, Oyarzo señaló que como Dirección de Tránsito no tienen la última palabra y pudiera levantarse una apelación al Servicio Médico Legal, para solucionar este problema, pero que con la experiencia anterior en estos casos, también este servicio rechaza el otorgamiento de dichas licencias.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
