27 de mayo de 2016
LANZAMIENTO REGIONAL DEL «DECÁLOGO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO»
Este Decálogo ha sido elaborado en el marco del Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014 – 2018, que es coordinado por el SERNAM y tiene como objetivo general Articular e implementar acciones intersectoriales y participativas para […]
Este Decálogo ha sido elaborado en el marco del Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014 – 2018, que es coordinado por el SERNAM y tiene como objetivo general Articular e implementar acciones intersectoriales y participativas para entregar una respuesta integral y de calidad que promueva el derecho a una vida libre de violencias a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.
A nivel latinoamericano, este Decálogo es uno de los primeros en la región en pronunciarse sobre los derechos en los procesos judiciales de las mujeres para los casos de violencia de género (Belem do Pará) y está basado en el concepto de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Recoge el concepto de violencia contra la mujer, más allá del espacio doméstico, abarca por tanto la que ocurre en el ámbito público y privado, y todas sus manifestaciones física, psicológica, económica, sexual y sea quien la ejerza, incluso del que pueden ser víctimas las mujeres privadas de libertad.
Asistieron a esta importante actividad, autoridades regionales; Intendenta (s) Paola Fernández Gálvez, Policía de Investigaciones, Carabineros, Servicio Médico Legal, CAJ, SENAMA , Magistrada del Juzgado de Familia, Katherine González B., Seguridad Pública, autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial, Monitoras de prevención de violencia contra las mujeres, Centro de la Mujer medios de comunicación, entre otros.
Junto con descubrir el decálogo, se hizo entrega de ejemplares a los/as representantes de las distintas instituciones y cada participante dio lectura al contenido del decálogo.
El Decálogo es un instrumento de información y difusión de derechos de las mujeres, que tiene dos destinatarios/as igualmente, por una parte, los/as propios/as actores/as y funcionarios/as de la red judicial, como las propias mujeres.
Este Decálogo de los derechos de las mujeres en los procesos judiciales de violencia de género es una contribución a que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos y puedan ejercerlos de mejor manera.
Sabemos que para las mujeres que viven violencia no es fácil tomar la decisión de denunciar. En promedio, demoran 7 años desde que viven la primera agresión, hasta que efectúan la primera denuncia. Si a esto se suma el desconocimiento en torno a los procesos judiciales, la decisión se vuelve aún más difícil.
Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres también pasa por asegurarles un acceso expedito, oportuno y efectivo a los instrumentos jurídicos para su protección una vez que denuncian un delito.
Este decálogo está dirigido a todas las mujeres, porque la violencia de género es transversal y no distingue nivel socioeconómico, edad, lugar de procedencia, nivel educativo, origen cultural o étnico, entre otros factores.
Estará ubicado en comisarías, unidades de atención a público de la policía, Tribunales de Justicia, Ministerio Público, recintos de privación de libertad e instituciones de la red de servicios del Estado relacionadas con la atención y protección de mujeres que han vivido o viven violencia.
Este decálogo viene a aportar en la difusión y respeto de los derechos de las mujeres que viven o han vivido violencia.
En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección del suboficial investigado por el cuasidelito de homicidio del cabo Carlos Palacios. El tribunal determinó que la decisión institucional fue legal y responde a una medida administrativa ante graves faltas a la disciplina.
En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección del suboficial investigado por el cuasidelito de homicidio del cabo Carlos Palacios. El tribunal determinó que la decisión institucional fue legal y responde a una medida administrativa ante graves faltas a la disciplina.
