Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a su segundo trámite legislativo el proyecto conocido como “Ley Antonia”. La iniciativa modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización.

El trámite fue presentado por medio del informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana que rindió la diputada Maite Orsini (RD), una de las autoras de la propuesta que le dio origen, y que también fue firmada por Marcelo Díaz (IND), Gonzalo Fuenzalida (RN), Paulina Núñez (RN) y Gael Yeomans (PCS), más la ex diputada y actual senadora Marcela Sabat.

En sus considerandos, se explica que la idea tuvo su base en casos como el de Antonia Barra, de 21 años, quien se suicidó un mes después de haber sufrido una violación. Al imputado por dicha agresión, Martín Pradenas, en una primera instancia judicial solo le impuso el arresto domiciliario.

Este punto se destacó en varios de los discursos del debate, teniendo como testigo, desde las tribunas, al padre de Antonia, Alejandro Barra, y a su abogado, a quienes se les agradeció por su activa participación en la elaboración de esta iniciativa legal.

Por otro lado, se hizo mención del caso de Tomás Bravo, que ha sido foco de las noticias en las últimas semanas y que tendría directa relación con las líneas procesales incluidas en este proyecto de ley.

Las y los diputados intervinientes valoraron los avances contemplados en la propuesta legal, particularmente en la línea de brindar desde el Estado una mayor protección a quienes han sido objeto de agresiones sexuales, evitando su revictimización y otorgando diversas garantías de protección.

Entre los puntos más aplaudidos en los diversos discursos está el hecho de que se considere la afectación psicológica y no solo física de la víctima, donde situaciones como el suicidio serán causales que pesarán en la pena del perpetrador.

Asimismo, se relevó el hecho de que el imputado no accederá al mínimo de las penas y que deberá cumplir, al menos, dos tercios de la condena en prisión, sin optar antes a beneficios de libertad condicional.

Resguardos para proteger la identidad de la víctima

De igual modo, se destacó la posibilidad de que haya medidas de protección a la identidad de la víctima, que se apliquen procedimientos que faciliten la denuncia y una extensión del plazo de prescripción de los delitos de un catálogo que incluye al abuso sexual, la violación, el estupro, el secuestro calificado con resultado de muerte o violación, la sustracción de menores con resultado de muerte o violación, la tortura, los tratos degradantes, la exposición indebida de menores y el favorecimiento impropio de la prostitución, entre otros.

La propuesta, ratificada en general y en particular en forma unánime, modifica el Código Penal; el Código Procesal Penal; la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público; la Ley 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo; y la Ley 19.346, que crea la Academia Judicial.

Entre otras medidas, modifica la Ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, para dictaminar los resguardos que se deben tomar para proteger la identidad de la víctima.