El rechazo por parte del Consejo de Ministros del proyecto minero Dominga, junto a una sensación de déjà vu deja al descubierto una serie de interrogantes, económicas, institucionales y políticas. Nuestro marco jurídico en materias ambientales está estructurado, a grosso modo, por una instancia ‘técnica’ y una válvula de salida política, ya que al final del proceso se puede –eventualmente- resolver de acuerdo con el juicio que el Gobierno tenga sobre el proyecto en cuestión.

El listado de casos resueltos en una suerte de fast track político es largo y diverso, siendo la situación más común la primacía del interés económico y el crecimiento por sobre las consideraciones ambientales, pero todos comparten un nexo en común: la desconsideración tanto de los estudios técnicos que debieran orientar una decisión respecto de la sustentabilidad social y ambiental, como acerca de la pertinencia y suficiencia de las medidas de mitigación, compensación o restauración que correspondan para permitir el efectivo ejercicio de una garantía constitucional en materia ambiental.

Pero el tema no es solo jurídico, pues cuando se superponen lógicas economicistas de corto plazo el resultado es un empobrecimiento de la sociedad, lo que queda claro si se consideraran todos los costos ambientales y sociales. Esto lo sabe cualquier estudiante de ciencias ambientales o evaluación social de proyectos.

A la opinión pública le queda la impresión que las aludidas decisiones políticas son erráticas y arbitrarias, y no es extraño, pues existe en Chile una total carencia de un modelo de desarrollo nacional consensuado que ponga en el centro al ser humano y su relación con los ecosistemas y explicite qué limites se establecerán, qué impactos se aceptarán, qué tipo de participación tendrán las comunidades, en qué casos éstas tendrán derecho a veto sobre iniciativas de inversión, cómo se ordenará el uso del territorio y qué políticas de uso de recursos naturales renovables y no renovables se adoptará.

La salida de los ministros de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, respectivamente, sería en este contexto episódico, pero la dupla que los sustituye, Nicolás Eyzaguirre y Jorge Rodríguez Grossi, paradójicamente enfatiza -al igual que los salientes- que el crecimiento debiera tener preeminencia.

Ello es una evidente contradicción con los dichos de la Presidenta Bachelet, quedando al descubierto la ambigüedad que como sociedad tenemos, al no contar con un modelo de desarrollo socialmente legitimado, sino con una economía librada el mero arbitrio de la coyuntura internacional y las ventajas comparativas, y con un entramado institucional en medioambiente cuya función decorativa es demasiado evidente.

La independencia de la agencia pública ambiental y el avance en el ordenamiento territorial con una mirada de desarrollo socioterritorial son pistas importantes en la imprescindible revisión institucional que este penoso capítulo hace todavía más evidente.