29 de marzo de 2019
Luego de que la Ministra de Energía diera a conocer que Enel, Chilquinta y Grupo Saesa entregarán un monto de dinero a cada persona para incentivarlos a que cambien su medidor antiguo por uno inteligente, el Diputado independiente salió en defensa de la ciudadanía, manifestando que esta situación no hace más que demostrar el gran negocio que existe detrás de esta iniciativa.
La Ministra Jiménez celebró el hecho de que las empresas eléctricas incentiven a las personas a cambiar sus medidores y así “avanzar en modernización energética”, argumentando que beneficiará a 2,4 millones de hogares. Frente a esto, el parlamentario declaró que esto en ninguna circunstancia beneficiará a las familias. “Es una vergüenza el afán de la Ministra por defender los intereses de las empresas”, agregó.
“A la gente no la pueden comprar con 10 mil pesos. Acá se ve que es un gran negocio, de otra forma las empresas no ofrecerían estas migajas”, expresó. Además, agregó que esta situación demuestra el interés de las empresas por expandir el mercado de distribución con apoyo directo del gobierno.
Antes de que se aprobara la ley, el mercado de las empresas eléctricas abarcaba hasta el poste de luz y los ciudadanos eran dueños de decidir por sus medidores y acerca de quién realizaba las instalaciones eléctricas. El parlamentario explicó que, con esta nueva iniciativa, se meterán hasta el interior de los hogares de los chilenos.
En cuanto a esto, el Diputado regionalista impulsará un proyecto de ley para establecer que el mercado de la distribución no puede expandirse ni impedir que sean los consumidores quienes decidan sobre los medidores y las instalaciones eléctricas domiciliarias.
Es necesario mencionar que, si los medidores pasan a ser parte de las empresas distribuidoras, que es lo que se pretende con la ley que se aprobó en el Congreso en 2018, serán estas las que decidan sobre los aparatos e instalaciones.
Si bien antes de este proyecto el mercado abarcaba hasta el poste de luz, ahora abarcará hasta los medidores e instalaciones eléctricas. Entonces, al agrandar el mercado de las empresas eléctricas, aumentará su patrimonio y las deudas asociadas, lo que significará un aumento en la tarifa de los consumidores.
Lo que busca el parlamentario al impulsar este proyecto de ley es que los medidores no pertenezcan a las empresas y así, sean los usuarios quienes decidan si los cambian o no. “Defenderemos la libertad de los chilenos de determinar si quieren los nuevos medidores y también si desean o no que se metan en sus hogares”, manifestó.
Campaña de Verano
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