5 de julio de 2008
MUJER FUE CONDENADA POR PRESENTAR PAPELES FALSOS PARA ABRIR CUENTA CORRIENTE Y OBTENER CRÉDITO
Natalia Jacqueline Huinao Vargas, fue condenada hoy, en un juicio simplificado, por el delito de obtención fraudulenta de créditos, descrito y sancionado en el artículo 160 de la Ley General de Bancos. La pena que deberá cumplir la acusada se […]
Natalia Jacqueline Huinao Vargas, fue condenada hoy, en un juicio simplificado, por el delito de obtención fraudulenta de créditos, descrito y sancionado en el artículo 160 de la Ley General de Bancos. La pena que deberá cumplir la acusada se conocerá en los próximos días.
Durante la audiencia, la fiscal especialista en delitos económicos, Alejandra Guevara, indicó que el ilícito se remonta a fines del año 2006 y principios del año 2007, cuando la mujer solicitó al Banco Santander Santiago de Punta Arenas, la apertura de una cuenta corriente y la obtención de un crédito de consumo. Agregó para dar cumplimiento a los requerimientos del banco, ella presentó, deliberadamente, documentación falsa relativa, principalmente, a declaraciones de impuestos, contratos, estados financieros, declaraciones y pagos de impuestos , IVAS y Balances, todo con el fin de engañar a la entidad y obtener beneficios patrimoniales. La fiscal puntualizó, que Huinao no logró su objetivo, ya que funcionarios de la Institución verificaron la información aportada, y se percataron del engaño.
Cabe señalar que la fiscalía solicitó al Tribunal de Garantía, se aplique a la acusada, la pena de quinientos cuarenta días de presidio menor en su grado mínimo, más las accesorias ordinarias de suspensión para cargos y oficios públicos mientras dure la condena.
La acusada fue representada legalmente por el Defensor Penal Licitado Guillermo Ibacache Carrasco.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
