16 de diciembre de 2014
PDI REALIZA CAMPAÑA CONTRA JUGUETES FALSIFICADOS
En el marco de la celebración de la próxima Navidad, la Policía de Investigaciones de Chile ha iniciado la campaña orientada a prevenir la compra de juguetes falsificados, los cuales constituyen un riesgo a la salud de los niños (pueden […]
En el marco de la celebración de la próxima Navidad, la Policía de Investigaciones de Chile ha iniciado la campaña orientada a prevenir la compra de juguetes falsificados, los cuales constituyen un riesgo a la salud de los niños (pueden poseer compuestos tóxicos y partes de fácil desprendimiento que podrían ser ingeridas) y además ocasionan un perjuicio a la economía del país.
¿Cómo reconocer un juguete falso?
El contenido es menor en cantidad y calidad al que imitan.
Los diseños y colores son toscos y faltos de detalle.
Utilizan pinturas tóxicas, tornillos y piezas que son fácilmente desprendibles que los hacen altamente peligrosos.
Baja calidad de materias primas, deficiencias en sus diseños y terminaciones.
Carecen de rotulación y etiquetas que acompañan a un producto original.
Rotulados en otros idiomas.
Los envases omiten la mención del fabricante.
Durante el año 2014, a nivel nacional, la Policía de Investigaciones de Chile ha incautado un total de 132.304 juguetes falsificados, por el delito de Infracción a la ley de Propiedad Intelectual e Industrial, avaluados en $ 1.381.000.000.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
