La iniciativa de norma constitucional “Por un Estado sin pitutos”, liderada por las fundaciones Pivotes, Horizontal e IdeaPaís, superaron los 10 mil apoyos en sólo una semana, tras una maratónica recolección de firmas.

“La modernización del Estado es un anhelo ciudadano, transversal, que no tiene color político y es por eso que esta iniciativa logró conectar con las personas. Si queremos que esto se materialice, debemos hacerlo por medio de la Constitución porque, a pesar de los diagnósticos, durante décadas no ha habido voluntad política para hacer cambios. Hoy tenemos una oportunidad única de habilitar reformas para que el Estado funcione y ese realmente al servicio de las personas”, dijo Bernardo Larraín.

“Estamos gratamente sorprendidos y muy agradecidos del masivo apoyo ciudadano que ha recibido un Estado sin pitutos, iniciativa que está entre las más votadas. Esto solo confirma que  tener un mejor Estado, al servicio de las personas es una sentida aspiración de los ciudadanos y que avanzar hacia allá debe ser una prioridad país”, afirmó Ignacio Briones, Presidente de Horizontal.

“Nos deja muy contentos que la participación de la ciudadanía tenga dentro de sus prioridades pedirle al Consejo Constitucional que mejore el modo en que funciona el Estado. Las 10.000 firmas son un grito al cielo para que tengamos un Estado moderno, eficiente y sin pitutos. Que llegue a tiempo, y que ayude no solo a que las listas de espera de salud, en justicia, en la vivienda y muchos temas adicionales se acorten, sino también a revertir la percepción de que el Estado tiene por prioridad a la política por sobre las personas. Los recientes episodios que hemos visto en el traspaso de recursos públicos del Estado a algunas fundaciones nos obliga a preguntarnos cómo la ética tiene que ser la guía infranqueable en el quehacer público. La IPN “Por un Estado sin pitutos” es una expresión concreta de este anhelo”, indicó Cristián Stewart, director ejecutivo de IdeaPaís.

Estadosinpitutos.cl propone, entre otras cosas, establecer en la constitución la exigencia de una ley que (i) establezca un nuevo sistema para seleccionar, contratar, promocionar, evalúar y cesar en su cargo a los funcionarios públicos, que se base en las capacidades, el desempeño y el mérito; y (ii) que le ponga límites y exigencias a la cancha libre que hoy tienen los gobiernos para nombrar “funcionarios de confianza”.

“El escándalo ocurrido con las fundaciones ha sido detonante para que tanto la gente como la clase política entienda la relevancia que tiene modernizar el Estado. Tenemos que regular los nombramientos  de funcionarios de confianza, y en términos más generales, cambiar el régimen de empleo público.  Y estamos cada día más cerca de hacer estos cambios a través de la nueva Constitución”, agregó Larraín.

“El proceso constitucional que vivimos debe comprender a la Constitución como una herramienta para resolver los problemas de las personas y las demandas sociales del país, a través de la limitación del poder, las instituciones que crea y los estándares que establece. Y aunque el lamentable desempeño de la fallida convención, además de las urgencias del país, han desconectado a la ciudadanía de este proceso, es posible generar una reconexión. El éxito de iniciativas como “Por un Estado sin Pitutos” es un ejemplo de ello, porque nos exige darle, como país, un trato serio, un estándar ético y un uso correcto a los recursos públicos en función de no solamente atender el malestar y los dolores sociales de muchas familias que sufren, sino también de haceros cargo de nuestro devenir como nación, agregó Stewart.

En paralelo, la norma busca avanzar en materias de digitalización, para mejorar la agilidad de las respuestas y la calidad de vida de las personas, incorporando plataformas digitales de atención y procesamiento de datos, que garanticen su actualización, interoperabilidad, ciberseguridad y privacidad.

Además, la iniciativa busca dotar de gobernanzas autónomas a un conjunto de servicios públicos con competencias para dictar normas de carácter general, fiscalizar actividades económicas esenciales y prestar servicios de utilidad pública.