28 de noviembre de 2016
PROMULGACIÓN DE LEY QUE REAJUSTA EN 10% A LA PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA ES «UN GRAN GESTO POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA»
Con la firma de la ley que establece el aumento de la Pensión Básica Solidaria (PBS) en un 10% (de $93.543 a un valor de $102.897 pesos), se da un paso importante en el compromiso del gobierno con mejorar la […]
Con la firma de la ley que establece el aumento de la Pensión Básica Solidaria (PBS) en un 10% (de $93.543 a un valor de $102.897 pesos), se da un paso importante en el compromiso del gobierno con mejorar la calidad de vida, afirmó el gobernador de Última Esperanza, José Ruiz Santana.
La Ley 20.970, promulgada esta mañana por la mandataria Michelle Bachelet en una visita realizada a la Junta de Vecinos Villa Última Hora, de la comuna de Huechuraba, en Santiago, tiene efecto a contar del 1° de enero de 2017, y produce el ajuste automático de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, y el recalculo y aumento de los Aportes Previsionales Solidarios.
Además, el proyecto contempla un aumento del Aporte Previsional Solidario. Serán más de 1,3 millones de personas las que serán susceptibles de la nueva normativa.
José Ruiz valoró la gestión del ejecutivo y las cámaras del parlamento en esta materia, y manifestó su satisfacción por representar a un gobierno que reconoce y actúa reparando la gran deuda que la sociedad chilena ha acumulado con los mayores, las mujeres, los pueblos originarios, los niños y los sectores más vulnerables de la sociedad.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
