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noviembre 12, 2009
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REAJUSTE DE 4,5% PARA EL SECTOR PÚBLICO QUE REGIRÁ A CONTAR DEL 1 DE DICIEMBRE EN CONDICIONES DE SER PROMULGADO COMO LEY

Tras un arduo debate.

La iniciativa legal incluye además una norma que faculta a las universidades estatales a renegociar sus deudas existentes por un plazo que excede el actual periodo presidencial de cuatro años, dando así cumplimiento al acuerdo alcanzado en el Protocolo que acompaña a la Ley de Presupuestos 2010.

Tras un arduo debate que fue seguido atentamente por dirigentes de los funcionarios públicos desde las tribunas, el Senado aprobó y despachó por mayoría el proyecto que reajusta las remuneraciones de los funcionarios del sector público en un 4,5%, a contar del 1 de diciembre próximo.

Por 23 votos a favor 3 en contra y 4 abstenciones el Senado aprobó la idea de legislar de la iniciativa que considera también el otorgamiento de dos bonos especiales, pagaderos en diciembre y enero próximos, de $125 mil para los funcionarios que cumplan los requisitos fijados en la ley y que obtengan rentas inferiores a $442.996 mensuales y de $75 mil para quienes perciben remuneraciones entre ese monto y $1.656.881 mensuales.

Cabe señalar que también se incluyen aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias a más de 713 mil funcionarios tanto de la Administración Central como Descentralizada; un bono de escolaridad para más de 620 mil funcionarios, incremento del aporte de bienestar y beneficios para el sector pasivo como aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias para más de 2 millones de pensionados.

Por otro lado se dispone la entrega de un bono de invierno que alcanzará a más de 900 mil pensionados, que por primera vez incluirá a los jubilados de las AFP que perciben el aporte del pilar solidario.

Durante el debate intervinieron los senadores Roberto Muñoz Barra, Pedro Muñoz, Evelyn Matthei, Juan Pablo Letelier, Carlos Ominami, Hernán Larraín, Adolfo Zaldívar, José Antonio Gómez y Alberto Espina, además del ministro de Hacienda, Andrés Velasco.

EL DEBATE

El senador Roberto Muñoz Barra manifestó su preocupación por la situación en que quedan los funcionarios asistentes de la educación, ya que aparentemente quedaban fuera del reajuste. Asimismo solicitó al Ejecutivo que exista un sueldo piso en todas las municipalidades para estos funcionarios.

En tanto, el senador Pedro Muñoz, hizo un llamado al Ejecutivo para lograr un acuerdo sectorial que permita una negociación colectiva con el sector público, con un sistema de reajuste automático de sus remuneraciones, de modo de “evitar la disyuntiva absurda a que nos vemos sometidos los parlamentarios”. Asimismo pidió aclarar el cálculo que se realiza para la asignación de zona de los funcionarios de Aysén y Magallanes.

La senadora Evelyn Matthei reconoció que “es complejo estar fijando aumento de remuneraciones para trabajadores de entidades que no dependen del Presupuesto, como por ejemplo, los municipios”, sin embargo admitió que esta ley contiene una serie de beneficios que otros textos anteriores. Coincidió además con su par, Pedro Muñoz, en el sentido de que se debe implementar un sistema de reajuste automático para no estar año a año negociando con el sector público.

A su turno, el senador Juan Pablo Letelier se sumó a la petición de instaurar un sistema de negociación colectiva del sector público en forma plurianual y precisó que en el caso de los trabajadores no docentes se debe establecer un sueldo piso que evite que estos funcionarios auxiliares de la educación queden a merced de los vaivenes de los alcaldes de turno.

Por su parte, el senador Carlos Ominami justificó su voto en contra de la iniciativa porque no da respuesta a una serie de dificultades y mantiene la actual situación. “El sector público no cuenta con trabajos decentes y es delicado para el desarrollo del país que su administración pública no se sienta orgullosa consigo misma”, aseveró.

Asimismo el senador Hernán Larraín solicitó al gobierno un reajuste mayor para los ingresos menores a $500 mil y reflexionó sobre la cantidad de paros y movilizaciones que afectan al sector público “la responsabilidad no es de los trabajadores, es del sistema laboral que no les deja otra salida”. Aseguró que “nuestro Gobierno no ha hecho el mínimo esfuerzo para sacar adelante esta tarea y si bien valoro que se preocupe por los derechos laborales en el sector privado, la caridad comienza por casa”.

El senador Adolfo Zaldívar pese a que valoró los beneficios que se incluyen en este proyecto se sumó al llamado para que el Ejecutivo estudie un reajuste diferenciado en las remuneraciones. Sin embargo, justificó su voto en contra porque el proyecto no se da respuesta a los temas de fondo en materia de zonas extremas, universidades estatales y situación de los funcionarios públicos.

En tanto, el senador José Antonio Gómez reconoció que esta iniciativa lo coloca en una situación incómoda ya que hay una serie de elementos que le parecen complejos y que no están resueltos, por ejemplo, “no se adopta una decisión que resuelva los problemas de infraestructura y tecnología de las universidades estatales y solo se les permite renegociar sus deudas”.

El senador Alberto Espina también abogó por un reajuste diferenciado para los funcionarios públicos de menores ingresos y resaltó que “en Chile desde hace muchos años que los funcionarios públicos son maltratados por los gobiernos, ni hablar de lo que ocurre con los profesores y el respeto a su dignidad”.

Finalmente, el ministro de Hacienda, respondió los emplazamientos de los parlamentarios para un mayor reajuste y justificó el monto de 4,5% porque responde al comportamiento de nuestra economía tras la crisis económica y a la situación inflacionaria que hoy es de -1,9%.

Respecto al personal no docente aclaró que “en virtud de una modificación legal se estableció en forma expresa que la remuneración de ellos se reajustará en los mismos porcentajes de los funcionarios públicos y recibirán además los bonos respectivos”.

Destacó además los cambios que se introdujeron para que a los adultos mayores -que estén en condiciones de jubilar y que tienen título profesional- no se les aplique la ficha de protección social que les aumenta el puntaje por ese concepto, dejándolos fuera del beneficio del aporte previsional solidario. Respecto al bono post laboral indicó que existe el compromiso de agilizar su entrega y asegurar que sea retroactivo para las personas que se encuentren en similar situación independientemente, de la fecha en que lo soliciten.

PRINCIPALES CONTENIDOS
En lo fundamental, la iniciativa establece un reajuste para las remuneraciones del sector público de 4,5%, a contar del 1 de diciembre próximo. Además se consideran los bonos especiales de término de conflicto pagaderos en dos cuotas de acuerdo a la escala de remuneraciones y de los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias tanto para el sector activo como pasivo.

Se establecen beneficios para el personal de las universidades que reciben aporte fiscal directo, de los trabajadores traspasados a las municipalidades, de establecimientos particulares de enseñanza subvencionados, de educación técnico-profesional, colaboradores del SENAME, Corporaciones de Asistencia Judicial y de la Fundación de Asistencia Legal a la Familia.

Para ellos, el aguinaldo será de $37.277 para aquellos cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre del 2009, sea igual o inferior a $497.760 y de $19.779 para aquellos cuya remuneración líquida supere a tal cantidad, a esa misma fecha.

El aguinaldo de Fiestas Patrias para el año 2010 será de $48.910 para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de agosto del año 2010 sea igual o inferior a $497.760 y de $34.069 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad.

También se establece un bono de escolaridad no imponible, por cada hijo entre los 4 y 24 años de edad, que sean carga familiar reconocida por la ley, que se encuentre cursando estudios regulares en los niveles de enseñanza prebásica del primer y segundo nivel de transición, educación básica o media, educación superior o especial, con el objeto de paliar en parte los mayores gastos en que deben incurrir los funcionarios para financiar la educación de sus hijos.

El monto del bono asciende a la cantidad de $48.194, que será pagado en dos cuotas iguales de $24.097 cada una, la primera en marzo y la segunda en junio del 2010.

El texto legal también concede, por una sola vez en el año 2010, un bono de invierno de $42.481 a los pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores, a los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, pensionados del sistema establecido en dicho decreto ley que se encuentren percibiendo aporte previsional solidario de vejez, y a los beneficiarios de pensiones básicas solidarias de vejez,.

Dicho bono se pagará en el mes de mayo del año 2010, a todos los pensionados antes señalados que el primer día de dicho mes tengan 65 o más años de edad.

DEUDAS DE UNIVERSIDADES
Cabe señalar que la iniciativa, en virtud del acuerdo alcanzado por diputados y senadores de la Comisión Mixta de Presupuestos en el Protocolo que acompaña a la Ley de Presupuestos incluye una norma que faculta a las universidades estatales a renegociar sus deudas existentes por un plazo que excede el actual periodo presidencial.

De este modo se autoriza a las universidades estatales, por el plazo de dos años a contar de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, para contratar uno o más empréstitos, u otras obligaciones financieras, con el objeto de reestructurar sus pasivos financieros, existentes al 31 de diciembre de 2009.

El monto de tales pasivos será establecido en un decreto del Ministerio de Educación que además llevará la firma del Ministro de Hacienda.

En tanto, el servicio de la deuda derivada de los empréstitos que se autorizan contraer deberá hacerse con cargo al patrimonio de la universidad respectiva, y no podrá exceder del plazo de 20 años.

Esta autorización no comprometerá en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Fisco.

La selección de las entidades financieras con las cuales contraten los empréstitos u otras obligaciones a que se refiere el inciso primero, se efectuará mediante licitación pública, sin que esta quede sujeta a las normas de la ley Nº 19.886 y su reglamento.

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