Desde hace ya más de una década hemos visto en nuestro país como el fuego genera los más intensos daños a la flora, fauna y también a las personas y sus enseres.

Es cierto que hay condiciones meteorológicas, medio ambientales y de otra índole que favorecen esta ocurrencia y determinan su magnitud e intensidad. Sin embargo hay un aspecto de estos incendios que es cada vez más evidente y preocupante y dice relación con la intencionalidad de los mismos.

Parece ser que si bien ocurren siniestros accidentales o por descuidos de las personas, hay un número aún indeterminado, pero importante de estos siniestros que se generan de manera coordinada, sistemática y con una evidente preparación previa.

Es evidente que tras estas acciones intencionales hay un alto nivel de desquiciamiento y una intención de generar daño, caos y desestabilizar al gobierno de turno. No se explica de otro modo que ya haya sobre una veintena de detenidos por eventuales incendios intencionales, que aun cuando los incendios se cuenten en el orden de 300 y más, entre los siniestros sofocados, controlados y activos, se sigan encontrando sospechosos de incendios intencionales.

Sin duda aquí hay una tarea para los servicios de inteligencia y las policías que seguramente esclarecerán en algunos momentos estos hechos. Hoy la emergencia demanda otros énfasis y esfuerzos.

Importante es que se esclarezcan las responsabilidades.

Importante es saber qué sectores y con que motivación utilizan estas acciones.

El uso del fuego y los atentados incendiarios no son nuevos en nuestro país y tampoco son ajenos a nuestra región.

En nuestra historia regional, sectores políticos reaccionarios han incurrido en estos delitos. Ya un 27 de julio de 1920 se incendia la Federación Obrera de Magallanes, con trabajadores en su interior, contando con el apoyo y complicidad de las autoridades políticas, militares y policiales de la época. Esto ocurre en un contexto de efervescencia política y social definida por las demandas de la clase trabajadora regional y de toda la Patagonia Chileno Argentina.

Más recientemente el incendio intencional según informe de Bomberos, en la madrugada del 28 de febrero de 2020 de la casa ubicada en Avenida Colon 636, Centro de Detención y Tortura de la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1976 y sobre el cual se encuentra pendiente la ejecución de un proyecto iniciado en 2013 por el entonces Alcalde Emilio Boccazzi y que en el tiempo obtuvo financiamiento y diseño, pero cuya ejecución ha sido deliberadamente postergada por la derecha.

Estos son claros ejemplos de la utilización del fuego como arma política por sectores de la derecha regional y de los cuales nunca hubo responsables, a pesar de haberse presentado una querella por parte de la Agrupación de ex Presos Políticos y Familiares en el caso de la casa de Colon 636.

Hace dos días vecinos sofocan el fuego que amenazó el árbol que el Presidente Gabriel Boric Font, definiera como el símbolo de su Campaña presidencial. Otro hecho que no puede ser tomado a la ligera. Es evidente que hay sectores que ven en el fuego, el anonimato y la impunidad una posibilidad de ejercer violencia política.

Es fundamental relacionar estos hechos y alertar a la comunidad.

La justicia no ha funcionado en el caso de la Federación Obrera de Magallanes, tampoco en el de la casa de los DDHH, esperamos que en el atentado al árbol de Avenida Colon si lo haga.

Esperamos que las instituciones den señales claras y concretas de que este tipo de acciones criminales no son tolerables en democracia y lo propio esperamos que ocurra en los incendios intencionales del centro y sur del país.

Hacemos un llamado a la comunidad y a las autoridades regionales a estar alertas, a no minimizar estos actos. Hay sectores políticos que no saben asumir sus derrotas, que no respetan a quienes son y piensan distinto y que utilizan cualquier situación favorable a sus intereses para sacar provecho político.