Río Gallegos – La Opinión Austral.

Cientos de personas se concentraron y marcharon en la tarde de ayer por las calles céntricas de Río Gallegos, en el marco de la movilización nacional en contra de los femicidios.
El colectivo #NiUnaMenos y otras organizaciones sociales, gremiales y políticas convocaron a una manifestación contra la violencia de género. La iniciativa planteó, por un lado, un paro de una hora; por el otro, una concentración en el cruce de las avenidas San Martín y Kirchner, y luego una marcha hacia el edificio del Tribunal Superior de Justicia, Comisaría de la Mujer y la Familia, Casa de Gobierno y Jefatura de Policía. Este último destino fue elegido para la entrega de un petitorio a las autoridades de la fuerza, para que otorguen de manera urgente el pase a otra localidad de Natalia Tolay, quien presta servicios en el Cuartel IX de Bomberos de Río Turbio y pidió ayuda por YouTube porque era víctima de violencia de género. Una comisión de los manifestantes fue recibida por el subjefe de Policía, comisario Juan Carlos Guanes.
El paro se realizó entre las 13 y las 14 horas, y al igual miles de mujeres en todo el país, muchas vestían de negro, siguiendo una consigna que se generó en las redes sociales.
Con pancartas con las leyendas “Basta de femicidios”, “Justicia por Lucía Pérez” (adolescente de 16 años víctima de un brutal crimen en Mar del Plata), “Justicia por Romina Barría” (joven asesinada por su pareja en su casa en el barrio San Benito), los manifestantes se concentraron para escuchar los discursos de referentes sociales y sindicales, pero también de deudos de víctimas de violencia, como el caso de la hermana de Marcela Chocobar y la madre de María Martini (joven asesinada junto sus hijos por un policía que luego se suicidó en El Calafate), quienes dieron sus mensajes más conmovedores. Además asistieron los familiares de Antonella Jaimes, quien murió apuñalada por su pareja en enero de 2015 en una vivienda que compartían en el barrio Belgrano de esta ciudad capital.
También hubo cánticos contra la trata y la ilegalidad del aborto, y se responsabilizó al Estado de no tomar las medidas y políticas para frenar las violencias contra las mujeres.
Desde ADOSAC se demandó a las autoridades “no mirar a otro lado” ante los casos de femicidio y, por otro lado, que se establezcan “licencias por violencia de género”. También se advirtió que seguirá la violencia si no hay una “transformación cultural” de la sociedad.
Por su parte, desde el gremio de Judiciales requirieron una Justicia “pronta y eficaz que dé respuestas a la sociedad”. Además plantearon que el actual sistema “revictimiza” a las mujeres y demandaron un “Estado presente”.
La hermana de Marcela Chocobar, la joven trans asesinada en 2015, demandó que se profundice la investigación de la causa -donde hay tres procesados con prisión- para que finalmente se encuentre el cuerpo. También reiteró que los sospechosos sean procesados por femicidio y no por homicidio simple. Pidió el apoyo de todos para que se cambie la carátula. “La lucha se gana en la calle y hay que luchar por las que ya no tienen voz”, afirmó Judith Chocobar.
Desde APROSA se indicó que hay una sociedad indignada por los casos de violencia de género y a su vez hay una comunidad activa, pero se advirtió que lo que no se resuelve, empeora y que se tiene bronca al “patriarcado y al machismo”.
En tanto que la representante del Plenario de Trabajadoras afirmó que el aborto ilegal se lleva la vida de miles de mujeres y “la única forma es organizarse y salir a la calle por nuestro derechos”. Por su parte, desde Juntos a la Izquierda remarcaron que la violencia contra las mujeres “no va a parar hasta que esto no se trate de raíz” y pidieron que los funcionarios judiciales sean capacitados en contra de la violencia de género. También demandaron el pase de Tolay.
El Equipo Diocesano de Pastoral Migratoria señaló que “no podemos callar ante los gritos de violencia de género” y demandaron un “imperioso cambio de mentalidad” para terminar con esta problemática social. Pidieron políticas públicas para combatir la trata y la prostitución que “nuestra sociedad ha naturalizado”.
Mirta Esquivel, madre de Martini, aseguró que el caso de su hija y nietos “ha sido guardado en El Calafate”, por ello decidió participar de la marcha en Río Gallegos y volver a exponerlo. Recordó que es policía y que también pide justicia.
ADIUNPA reclamó por “un Estado activo” y que contenga a las víctimas para poner fin a la “violencia femicida”. Además sostuvo que hay que “cambiar el sistema patriarcal”.
En tanto que la Asociación de Abogados apoyó la consigna de la convocatoria y rechazó cualquier discriminación contra las mujeres.
La referente de la ONG PAYCAN (Prevenir Ayudar y Contener a la Niñez), Lorena Ojeda, pidió que las autoridades judiciales establezcan la consigna policial al golpeado y no a las mujeres ni a sus hijos. También exigió que los violentos dejen la vivienda y vayan a los hoteles, no las víctimas. Además pidió el traslado de Tolay a otra localidad.
También hubo movilizaciones y concentraciones en las ciudades de Caleta Olivia y El Calafate.

Acompañamiento de Gobierno
El Gobierno de Santa Cruz, a través de sus diferentes organismos, acompañó la multitudinaria marcha que convocó a los diferentes actores sociales en un legítimo pedido de justicia, visibilizando la problemática que atraviesa a la población.
Se informó en un comunicado que esta iniciativa que se reflejó en distintas ciudades de nuestro país se vio replicada en las localidades santacruceñas. Desde el Poder Ejecutivo Provincial se acompañó esta jornada de reflexión y sensibilización, en la que diferentes funcionarios y agentes de la administración pública, encabezados por la gobernadora Alicia Kirchner, se sumaron a la campaña bajo el lema #NiUnaMenos #VivasNosQueremos, cuyo objetivo principal es repudiar todo acto que conlleve a la violencia de género.