5 de octubre de 2015
Un clásico de nuestra idiosincrasia es echarle la culpa al de al lado o al empedrado y ser altamente renuentes a asumir responsabilidades por nuestros actos.
El reciente cuestionamiento por parte del Servicio Electoral para inscribir como partido político al conglomerado Revolución Democrática, por el sólo hecho de incluir la palabra Revolución en su nomenclatura de identificación, representa un eslabón más de que nuestra sociedad y muchas de sus instituciones estatales, padecen de un nivel de descomposición que provoca náuseas.
Como las instituciones no son entes ni constructos vacuos que funcionen solas, sino que sus virtudes o defectos son atributos indisolublemente ligados a las virtudes o defectos de las personas que las conforman y dirigen, resulta a lo menos infantil y no menos aberrante que personeros de este Servicio del Estado se escuden en las debilidades de nuestra institucionalidad electoral (que por cierto existen y es necesario cambiarlas) para interpretar mañosa y arbitrariamente la ley para impedir que un conglomerado político determinado pueda optar a un cambio de categoría en nuestras reglas de juego político local.
De acuerdo a los criterios aplicados por Eduardo Charme, Patricio Santamaría, Juan Emilio Cheyre, Alfredo Joignant, Gonzalo Molina y José Miguel Bulnes; el conglomerado de Trabajadores Alemanes Nacional Socialistas en la región de Baviera post primera Guerra Mundial contaría con los requisitos necesarios para transformarse en un partido político, ya que ninguno de los términos que configuran su nomenclatura sugerirían intenciones de alterar la paz social. La historia ha demostrado con horror la naturaleza de dicho conglomerado de nombre políticamente correcto.
La única explicación razonable a la patética respuesta del Servel es que tanto su Director Nacional como todos los integrantes del Consejo Directivo del Servel, se comportaron como perfectos burócratas leguleyos y obsecuentes a una institucionalidad electoral de pacotilla que no ayuda en nada a la actual crisis de confianza en las instituciones de este país.
Inversiones en Puertos Públicos: Camport Advierte Posibles Irregularidades en Convenios del Estado
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