La transparencia se ha vuelto un valor absolutamente preciado en los tiempos que corren. Tiempos de desconfianza justificada dados los casos de corrupción y falta de probidad en los más diversos ámbitos con que nos desayunamos a diario. Y de falta de confianza condicionada, como vemos en las redes sociales, donde cualquier buena acción humana –un gesto noble, una donación generosa, un apoyo desinteresado, una iniciativa solidaria– puede ser descalificada desde el rumor, la mala intención, el sarcasmo, la teoría conspirativa. ¿Qué han hecho con las platas de la campaña televisiva por los damnificados de los incendios de febrero en Viña del Mar?, dicen los justicieros de la web a la vista de las penurias que representan los fríos extremos y las lluvias y las temperaturas históricamente bajas que muestran los noticieros. Y no faltan los que especulan desde la desconfianza condicionada, haciendo acusaciones al voleo, tan injustas como los daños colaterales que dejó el caso conocido como convenios o fundaciones en muchas oenegés que llevamos años trabajando en el ámbito social, rindiendo cada peso recibido. Malversar fondos, engañar, definitivamente robar, cuando se trata de organizaciones cuya causa es mejorar las condiciones de vida de los más pobres, no sólo es delito, sino que es pecado. Así solía decir una antecesora mía. Y tenía toda la razón, seas o no cristiano, compartas o no la idea religiosa de pecado. Cómo no va a ser pecado ofrecer cursos de capacitación a jefas de hogar de extrema pobreza y entregar una pantomima de enseñanza. ¿O cuatro baldes con arena para prevenir incendios en campamentos paupérrimos? ¿O distribución de agua en asentamientos precarios más cara que la con que ya contaban? ¿O capacitación a niños para el manejo de la violencia? Lo que violenta es seguir con los ejemplos. El 16 de junio de 2023, el medio digital Timeline reveló que en dos meses la fundación Democracia Viva se había adjudicado 426 millones de pesos en convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y la bola de nieve, que se destapó en el desierto empezó a rodar desde el norte hasta el sur del país. ¿En qué van las investigaciones a un año y casi un mes del escándalo? ¿Pagarán los pecadores? ¿O el caso seguirá dificultando la tarea de las organizaciones que llevamos décadas trabajando por los más necesitados, dando pruebas concretas de experticia, eficiencia y transparencia? El impacto que tuvo el caso sobre la imagen de las fundaciones fue parejo. No distinguió entre justos y pecadores. Todos pagamos el pato. ¿Lo positivo? Que los que hacemos bien la pega confirmamos que la transparencia es lo único que nos resguarda de la desconfianza. Que debemos seguir avanzado en prácticas que no permitan ningún rincón de opacidad en nuestra gestión. En 2012, el Hogar de Cristo solicitó que el Consejo para la Transparencia analizara nuestra manera de operar y nos hiciera recomendaciones para mejorar nuestros estándares de calidad en la materia. Al año, siguiente, fueron puestas en marcha y, desde entonces, las hemos ido cumpliendo a rajatabla y perfeccionando. El Caso Convenios no sirvió para ver que en materia de postulaciones, rendiciones, cumplimiento de plazos, nuestros estándares están a la vanguardia, aunque siempre se puede y se debe seguir mejorando. La cuenta pública, con la publicación de los datos detallados de toda nuestra gestión en una Memoria Anual, que este 2024 haremos este 11 de julio, forma parte de esos estándares. También la actualización semanal de cómo se han utilizado los recursos obtenidos en la campaña de recursos a favor de los damnificados en los incendios de febrero en los cerros de Viña del Mar. Nosotros hemos habilitado interiormente viviendas de emergencia, entregado kits de protección y construcción, apoyado a 500 familias con asistencia de primera respuesta sicosocial. Todo el detalle está publicado y se puede consultar en nuestro sitio web. Los invitamos a todos a visitar esos números y esos logros. A un año del escándalo de los Convenios, sirve una frase sabia: lo que no te mata, te fortalece. En el año en que el Hogar de Cristo cumple 80 años, trabajando por y junto a los más pobres de Chile, seguimos contando con la confianza de los chilenos de corazón generoso a los que apeló Alberto Hurtado. Y eso se debe a que hace décadas descubrimos que la transparencia es el gran antídoto contra la desconfianza.
Ayer en la tarde, el Subprefecto Pablo Merino, Jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Punta Arenas, informó a la comunidad sobre la investigación criminal de delitos contra la propiedad en Magallanes que desarolla la policía de investigaciones a nivel regional. La instancia se llevó a cabo en el programa Conexión PDI, conducido por el perito Cristian Iturra en Polar Comunicaciones. Durante la emisión, se compartieron consejos y tips de seguridad para la ciudadanía para este tipo de delitos. Puedes ver la entrevista aquí:
Una treintena de funcionarias y funcionarios públicos del área Salud, del servicio Mejor Niñez y del programa Mi Abogado, participaron esta mañana del lanzamiento de la Guía: “Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delitos Sexuales y Otros Delitos Graves (Ley N°21.057): ¿Qué Hacer y Cómo Protegerlos?”, elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en colaboración con UNICEF Chile. La presentación de dicho material estuvo a cargo de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, acompañada de su par de Salud, Francisca Sanfuentes Parga, y directivos de la red de Salud regional, en procura de reforzar la coordinación entre distintas instituciones que actúan en este proceso. Para ello, entrega orientaciones y actuaciones a los equipos de salud, educación y protección especializada para proteger a los NNA previamente a su proceso pericial, antes y durante toda la etapa procesal. La Seremi Michelle Peutat destacó el interés primordial como ministerio de poder presentar una guía de trabajo sobre la Ley N°21.057 (de 2018), que regula las entrevistas videograbadas y resguarda los derechos de las víctimas de delitos sexuales menores de edad, buscando prevenir una victimización secundaria dentro de la red de protección. Ello, de manera de “tener una orientación más clara a la hora que se nos devele un delito de carácter grave como un delito sexual, de gran ocurrencia a nivel regional y con tasas altas en comparación a otras regiones (tercer lugar) y ocupando el primer lugar en explotación sexual y comercial de NNA a nivel nacional. Por tanto, la labor de prevención, identificación y la tarea como dispositivos de salud es bastante primordial en el trabajo para poder perseguir estos delitos e incluso poder detectarlos a tiempo”. Por su parte, la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, explicó que en toda la red asistencial, no solo los servicios de urgencia sino que en los espacios de consulta ambulatoria, “frecuentemente se develan, se informan o se dan a conocer estas situaciones que puedan constituir un delito y una situación de riesgo para NNA que pudieran estar expuestos a una situación de vulneración de derechos”. Destacó el implementar en todo el sector Salud distintas estrategias y protocolos para lograr dar la mejor acogida, con todo el respeto y protección que se requiere en estas instancias: “Aquí es donde esta guía también tiene un rol relevante, para dar la primera acogida y la recepción de esta develación de algún hecho de estas características, para que se acoja de la mejor forma, con todo el respeto y con todos los cuidados evitando la revictimización, que es uno de los riesgos importantes en todo este proceso. Así mismo, existen protocolos para efectuar la denuncia correspondiente al Ministerio Publico, a la PDI y a instancias correspondientes”. A su vez, el Director de Hospital Clínico “Dr. Lautaro Navarro Avaria”, Ricardo Contreras Faúndez, valoró el lanzamiento de esta importante guía “que permite orientar el trabajo que ya está desarrollando el hospital, destinado a lograr una atención integra y, por supuesto, contribuir a los procesos normativos. Junto con entregar todo el apoyo y la contención en estos casos, también hay una cuestión normativa de no generar impunidad a este tipo de situaciones, y sabemos que como funcionarios públicos debemos formular las denuncias correspondientes, todo ello en un marco de profesionalismo y, por sobre todo, resguardado a las víctimas que, en este caso son los más vulnerables, los NNA”.
La transparencia se ha vuelto un valor absolutamente preciado en los tiempos que corren. Tiempos de desconfianza justificada dados los casos de corrupción y falta de probidad en los más diversos ámbitos con que nos desayunamos a diario. Y de falta de confianza condicionada, como vemos en las redes sociales, donde cualquier buena acción humana –un gesto noble, una donación generosa, un apoyo desinteresado, una iniciativa solidaria– puede ser descalificada desde el rumor, la mala intención, el sarcasmo, la teoría conspirativa. ¿Qué han hecho con las platas de la campaña televisiva por los damnificados de los incendios de febrero en Viña del Mar?, dicen los justicieros de la web a la vista de las penurias que representan los fríos extremos y las lluvias y las temperaturas históricamente bajas que muestran los noticieros. Y no faltan los que especulan desde la desconfianza condicionada, haciendo acusaciones al voleo, tan injustas como los daños colaterales que dejó el caso conocido como convenios o fundaciones en muchas oenegés que llevamos años trabajando en el ámbito social, rindiendo cada peso recibido. Malversar fondos, engañar, definitivamente robar, cuando se trata de organizaciones cuya causa es mejorar las condiciones de vida de los más pobres, no sólo es delito, sino que es pecado. Así solía decir una antecesora mía. Y tenía toda la razón, seas o no cristiano, compartas o no la idea religiosa de pecado. Cómo no va a ser pecado ofrecer cursos de capacitación a jefas de hogar de extrema pobreza y entregar una pantomima de enseñanza. ¿O cuatro baldes con arena para prevenir incendios en campamentos paupérrimos? ¿O distribución de agua en asentamientos precarios más cara que la con que ya contaban? ¿O capacitación a niños para el manejo de la violencia? Lo que violenta es seguir con los ejemplos. El 16 de junio de 2023, el medio digital Timeline reveló que en dos meses la fundación Democracia Viva se había adjudicado 426 millones de pesos en convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y la bola de nieve, que se destapó en el desierto empezó a rodar desde el norte hasta el sur del país. ¿En qué van las investigaciones a un año y casi un mes del escándalo? ¿Pagarán los pecadores? ¿O el caso seguirá dificultando la tarea de las organizaciones que llevamos décadas trabajando por los más necesitados, dando pruebas concretas de experticia, eficiencia y transparencia? El impacto que tuvo el caso sobre la imagen de las fundaciones fue parejo. No distinguió entre justos y pecadores. Todos pagamos el pato. ¿Lo positivo? Que los que hacemos bien la pega confirmamos que la transparencia es lo único que nos resguarda de la desconfianza. Que debemos seguir avanzado en prácticas que no permitan ningún rincón de opacidad en nuestra gestión. En 2012, el Hogar de Cristo solicitó que el Consejo para la Transparencia analizara nuestra manera de operar y nos hiciera recomendaciones para mejorar nuestros estándares de calidad en la materia. Al año, siguiente, fueron puestas en marcha y, desde entonces, las hemos ido cumpliendo a rajatabla y perfeccionando. El Caso Convenios no sirvió para ver que en materia de postulaciones, rendiciones, cumplimiento de plazos, nuestros estándares están a la vanguardia, aunque siempre se puede y se debe seguir mejorando. La cuenta pública, con la publicación de los datos detallados de toda nuestra gestión en una Memoria Anual, que este 2024 haremos este 11 de julio, forma parte de esos estándares. También la actualización semanal de cómo se han utilizado los recursos obtenidos en la campaña de recursos a favor de los damnificados en los incendios de febrero en los cerros de Viña del Mar. Nosotros hemos habilitado interiormente viviendas de emergencia, entregado kits de protección y construcción, apoyado a 500 familias con asistencia de primera respuesta sicosocial. Todo el detalle está publicado y se puede consultar en nuestro sitio web. Los invitamos a todos a visitar esos números y esos logros. A un año del escándalo de los Convenios, sirve una frase sabia: lo que no te mata, te fortalece. En el año en que el Hogar de Cristo cumple 80 años, trabajando por y junto a los más pobres de Chile, seguimos contando con la confianza de los chilenos de corazón generoso a los que apeló Alberto Hurtado. Y eso se debe a que hace décadas descubrimos que la transparencia es el gran antídoto contra la desconfianza.
Ayer en la tarde, el Subprefecto Pablo Merino, Jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Punta Arenas, informó a la comunidad sobre la investigación criminal de delitos contra la propiedad en Magallanes que desarolla la policía de investigaciones a nivel regional. La instancia se llevó a cabo en el programa Conexión PDI, conducido por el perito Cristian Iturra en Polar Comunicaciones. Durante la emisión, se compartieron consejos y tips de seguridad para la ciudadanía para este tipo de delitos. Puedes ver la entrevista aquí:
Una treintena de funcionarias y funcionarios públicos del área Salud, del servicio Mejor Niñez y del programa Mi Abogado, participaron esta mañana del lanzamiento de la Guía: “Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delitos Sexuales y Otros Delitos Graves (Ley N°21.057): ¿Qué Hacer y Cómo Protegerlos?”, elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en colaboración con UNICEF Chile. La presentación de dicho material estuvo a cargo de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, acompañada de su par de Salud, Francisca Sanfuentes Parga, y directivos de la red de Salud regional, en procura de reforzar la coordinación entre distintas instituciones que actúan en este proceso. Para ello, entrega orientaciones y actuaciones a los equipos de salud, educación y protección especializada para proteger a los NNA previamente a su proceso pericial, antes y durante toda la etapa procesal. La Seremi Michelle Peutat destacó el interés primordial como ministerio de poder presentar una guía de trabajo sobre la Ley N°21.057 (de 2018), que regula las entrevistas videograbadas y resguarda los derechos de las víctimas de delitos sexuales menores de edad, buscando prevenir una victimización secundaria dentro de la red de protección. Ello, de manera de “tener una orientación más clara a la hora que se nos devele un delito de carácter grave como un delito sexual, de gran ocurrencia a nivel regional y con tasas altas en comparación a otras regiones (tercer lugar) y ocupando el primer lugar en explotación sexual y comercial de NNA a nivel nacional. Por tanto, la labor de prevención, identificación y la tarea como dispositivos de salud es bastante primordial en el trabajo para poder perseguir estos delitos e incluso poder detectarlos a tiempo”. Por su parte, la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, explicó que en toda la red asistencial, no solo los servicios de urgencia sino que en los espacios de consulta ambulatoria, “frecuentemente se develan, se informan o se dan a conocer estas situaciones que puedan constituir un delito y una situación de riesgo para NNA que pudieran estar expuestos a una situación de vulneración de derechos”. Destacó el implementar en todo el sector Salud distintas estrategias y protocolos para lograr dar la mejor acogida, con todo el respeto y protección que se requiere en estas instancias: “Aquí es donde esta guía también tiene un rol relevante, para dar la primera acogida y la recepción de esta develación de algún hecho de estas características, para que se acoja de la mejor forma, con todo el respeto y con todos los cuidados evitando la revictimización, que es uno de los riesgos importantes en todo este proceso. Así mismo, existen protocolos para efectuar la denuncia correspondiente al Ministerio Publico, a la PDI y a instancias correspondientes”. A su vez, el Director de Hospital Clínico “Dr. Lautaro Navarro Avaria”, Ricardo Contreras Faúndez, valoró el lanzamiento de esta importante guía “que permite orientar el trabajo que ya está desarrollando el hospital, destinado a lograr una atención integra y, por supuesto, contribuir a los procesos normativos. Junto con entregar todo el apoyo y la contención en estos casos, también hay una cuestión normativa de no generar impunidad a este tipo de situaciones, y sabemos que como funcionarios públicos debemos formular las denuncias correspondientes, todo ello en un marco de profesionalismo y, por sobre todo, resguardado a las víctimas que, en este caso son los más vulnerables, los NNA”.