En resolución unánime (causa rol 279-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros María Isabel San Martín Morales, Marcos Kusanovic Antinopai y Caroline Turner González- confirmó la resolución impugnada, atendido su mérito y compartiendo los argumentos vertidos en ella por el juez de Garantía de Punta Arenas, Franco Reyes Pozo. La resolución de la Corte de Apelaciones consigna que “teniendo presente que las alegaciones formuladas por las defensas en estrados dicen relación con cuestiones de fondo que deberán ser resueltas por el tribunal llamado a conocer de la acusación que en su oportunidad se formule, considerando además que los argumentos vertidos no permiten estimar que existe una variación de antecedentes tenidos en vista al momento de decretar las medidas cautelares teniendo presente, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 149 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada dictada por el Juzgado de Garantía de esta ciudad, en audiencia de catorce de agosto del año en curso”. El fallo del tribunal de base afirma que “(…) se encuentra justificada la necesidad de cautela, como se expresara en atención a la complejidad del asunto y siendo de baja intensidad, no apreciando el perjuicio real o efectivo como aquello pueda afectar el derecho a defensa”. “Razón por la cual conforme lo proyecta el artículo 122, en razón con el artículo 155 y 140 del Código Procesal Penal, a la petición de la defensa de alzamiento de medidas cautelares se resuelve: I.- No ha lugar. II.-Manténganse las medidas cautelares vigentes”, concluye. Según los antecedentes expuestos por el ente persecutor en la audiencia de formalización de la investigación efectuada el 21 de febrero de 2023, el 9 de diciembre de 2019, estando en Punta Arenas la aeronave Hércules KC-130, número 990 “Corvo”, nombre distintivo asignado por la FACh, los oficiales Ojeda Puig, Mella Bertetti y Asenjo Contreras, no habrían tomado las medidas necesarias para corregir la práctica irregular de asistencia alternada a las misiones, de un especialista Electro Electrónico Aéreo función electrónica (Comunicación/Navegación) y de un especialista Electro Electrónico Aéreo función Instrumentos, y no habrían llevado al especialista en esta última función y con ello infringieron procedimientos establecidos en manuales y reglamentos. Ello habría provocado que, ante una falla de instrumentos de la aeronave, se efectuara una manipulación incorrecta de los indicadores de cantidad de combustible de los estanques, permitiendo así la introducción de corriente de alto voltaje en los mismos, generando con ello, un colapso durante el vuelo de la aeronave Hércules KC-130 N°990, que habría provocado presuntamente su abrupto desplome en el Mar de Drake, luego de reportar su última posición a las 18:13 HL. Asimismo, el ex general (r) Mosqueira Cruz no habría implementado un sistema de gestión de seguridad operacional en la IV Brigada Aérea, que garantizara la ejecución segura de los vuelos en su jurisdicción. Por lo anterior, el incumplimiento de normativas reglamentarias habría generado un aumento del riesgo permitido, ya que de haber realizado las acciones de supervisión que le correspondían, la aeronave no habría despegado de la IV Brigada Aérea, evitando con ello la muerte de los 38 tripulantes y pasajeros del Hércules KC-130 N°990, indica la formalización de la investigación del Ministerio Público
Como autor de femicidio íntimo está siendo juzgado Carlos Elías Muñoz Cárcamo, único imputado por la muerte de su entonces pareja, Raquel Díaz, ocurrida en mayo de 2023 en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes. El juicio oral en su contra comenzó este jueves 4 de julio, donde se le acusa por haber asesinado a la mujer de 38 años, quien era madre de tres hijos pequeños, luego de provocarle múltiples heridas cortopunzantes y abandonarla en un sitio eriazo a pasos de una reserva forestal. Ante la gravedad del caso, la Fiscalía está solicitando el presidio perpetuo de Muñoz, al tomar en consideración sus antecedentes penales en delitos de la misma índole y el modo de actuar previo y durante la consumación del hecho. Agredió violentamente a dos de sus anteriores parejas Muñoz desde un comienzo fue sindicado como el principal sospechoso del crimen, dado que prestó declaraciones contradictorias durante la búsqueda de su entonces pareja, quien se mantuvo desaparecida por cuatro jornadas. De hecho, su presunta participación en el macabro hecho se determinó al día siguiente del hallazgo del cadáver de Raquel, por lo que fue detenido inmediatamente. En el juicio, la fiscal Wendoline Acuña Aliaga declaró que este caso es “un acto grave de odio y desprecio hacia una mujer ”, ya que es “un hecho de violencia de género extrema”, según consignó La Prensa Austral. “Él es un hombre que arrastra un historial y comportamiento agresivo hacia sus parejas”, sostuvo también la persecutora. Y es que Muñoz cuenta con un amplio prontuario delictual, donde resaltan dos condenas por otros dos casos de agresión a sus parejas. Según reportó El Magallánico, en 2007 fue condenado a 15 años de prisión por “parricidio frustrado”, tras rociar con bencina y quemar a su entonces conviviente, quien estaba embarazada de 8 meses de gestación. A esta pena se le sumaron tres años adicionales por otro incidente de violencia intrafamiliar ocurrido en 2006, donde dejó con lesiones menos graves a otra pareja. Fuente: adnradio.cl
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó hoy –viernes 26 de abril– sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Jesús David Londoño Astaiza, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de robo con homicidio. Ilícito perpetrado el sábado recién pasado, en la comuna. En la audiencia de formalización (causa rol 1.121-2024), el juez Juan Villa Martínez ordenó el ingreso en prisión de Londoño Astaiza, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de fuga. Además, fijó en seis meses el plazo de investigación. Según el ente persecutor, aproximadamente a las 05:20 horas de la madrugada del 20 de abril de 2024, Londoño Astaiza junto a la víctima, concurrió al motel Platinium ubicado en calle Armando Sanhueza N°1732, comuna de Punta Arenas, tras haber estado compartiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento nocturno de calle Errázuriz. Una vez al interior de una habitación del motel, tarifa que pagó la víctima, el imputado con un cuchillo y con la finalidad de sustraerle especies, especialmente la tarjeta de débito, la atacó propinándole más de 20 puñaladas en la zona cervical, torácica, craneal y extremidades. Luego, sin posibilidad de oponer resistencia, se apropió con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, de la tarjeta, chaqueta y teléfono celular. Especies con que se retiró del establecimiento a las 06:05 horas. La víctima falleció en el lugar debido a una anemia aguda.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó este miércoles la resolución que mantendrá en prisión preventiva al ex defensor penal público de Puerto Natales, Rigoberto Marín Andrade, imputado como autor del delito de cohecho agravado entre agosto y septiembre del año pasado. En fallo unánime, el tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada anteriormente por el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, sosteniendo que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y fuga. De acuerdo a la resolución, el tribunal tomó en cuenta que “ no se ha demostrado alguna variación de las circunstancias que permita modificar la prisión preventiva del encartado ” y que “no existen nuevos antecedentes que permitan modificar su situación cautelar desde el pronunciamiento de esta Corte de fecha 8 de marzo pasado”. Cabe mencionar que, según lo investigado por el Ministerio Público, el imputado en su calidad de defensor penal público local de Puerto Natales, le exigió a varios de sus representados diversas sumas de dinero a cambio de ejercer “de mejor manera la defensa y tratar con mayor preeminencia dicho procedimiento ”. Así, entre agosto y septiembre de 2023, el imputado rebajó las medidas cautelares de los representados, a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre los $200 mil y los $2 millones, que debían trasferir de forma directa a por medio de familiares. Fuente: adnradio.cl
En resolución unánime (causa rol 279-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros María Isabel San Martín Morales, Marcos Kusanovic Antinopai y Caroline Turner González- confirmó la resolución impugnada, atendido su mérito y compartiendo los argumentos vertidos en ella por el juez de Garantía de Punta Arenas, Franco Reyes Pozo. La resolución de la Corte de Apelaciones consigna que “teniendo presente que las alegaciones formuladas por las defensas en estrados dicen relación con cuestiones de fondo que deberán ser resueltas por el tribunal llamado a conocer de la acusación que en su oportunidad se formule, considerando además que los argumentos vertidos no permiten estimar que existe una variación de antecedentes tenidos en vista al momento de decretar las medidas cautelares teniendo presente, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 149 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada dictada por el Juzgado de Garantía de esta ciudad, en audiencia de catorce de agosto del año en curso”. El fallo del tribunal de base afirma que “(…) se encuentra justificada la necesidad de cautela, como se expresara en atención a la complejidad del asunto y siendo de baja intensidad, no apreciando el perjuicio real o efectivo como aquello pueda afectar el derecho a defensa”. “Razón por la cual conforme lo proyecta el artículo 122, en razón con el artículo 155 y 140 del Código Procesal Penal, a la petición de la defensa de alzamiento de medidas cautelares se resuelve: I.- No ha lugar. II.-Manténganse las medidas cautelares vigentes”, concluye. Según los antecedentes expuestos por el ente persecutor en la audiencia de formalización de la investigación efectuada el 21 de febrero de 2023, el 9 de diciembre de 2019, estando en Punta Arenas la aeronave Hércules KC-130, número 990 “Corvo”, nombre distintivo asignado por la FACh, los oficiales Ojeda Puig, Mella Bertetti y Asenjo Contreras, no habrían tomado las medidas necesarias para corregir la práctica irregular de asistencia alternada a las misiones, de un especialista Electro Electrónico Aéreo función electrónica (Comunicación/Navegación) y de un especialista Electro Electrónico Aéreo función Instrumentos, y no habrían llevado al especialista en esta última función y con ello infringieron procedimientos establecidos en manuales y reglamentos. Ello habría provocado que, ante una falla de instrumentos de la aeronave, se efectuara una manipulación incorrecta de los indicadores de cantidad de combustible de los estanques, permitiendo así la introducción de corriente de alto voltaje en los mismos, generando con ello, un colapso durante el vuelo de la aeronave Hércules KC-130 N°990, que habría provocado presuntamente su abrupto desplome en el Mar de Drake, luego de reportar su última posición a las 18:13 HL. Asimismo, el ex general (r) Mosqueira Cruz no habría implementado un sistema de gestión de seguridad operacional en la IV Brigada Aérea, que garantizara la ejecución segura de los vuelos en su jurisdicción. Por lo anterior, el incumplimiento de normativas reglamentarias habría generado un aumento del riesgo permitido, ya que de haber realizado las acciones de supervisión que le correspondían, la aeronave no habría despegado de la IV Brigada Aérea, evitando con ello la muerte de los 38 tripulantes y pasajeros del Hércules KC-130 N°990, indica la formalización de la investigación del Ministerio Público
Como autor de femicidio íntimo está siendo juzgado Carlos Elías Muñoz Cárcamo, único imputado por la muerte de su entonces pareja, Raquel Díaz, ocurrida en mayo de 2023 en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes. El juicio oral en su contra comenzó este jueves 4 de julio, donde se le acusa por haber asesinado a la mujer de 38 años, quien era madre de tres hijos pequeños, luego de provocarle múltiples heridas cortopunzantes y abandonarla en un sitio eriazo a pasos de una reserva forestal. Ante la gravedad del caso, la Fiscalía está solicitando el presidio perpetuo de Muñoz, al tomar en consideración sus antecedentes penales en delitos de la misma índole y el modo de actuar previo y durante la consumación del hecho. Agredió violentamente a dos de sus anteriores parejas Muñoz desde un comienzo fue sindicado como el principal sospechoso del crimen, dado que prestó declaraciones contradictorias durante la búsqueda de su entonces pareja, quien se mantuvo desaparecida por cuatro jornadas. De hecho, su presunta participación en el macabro hecho se determinó al día siguiente del hallazgo del cadáver de Raquel, por lo que fue detenido inmediatamente. En el juicio, la fiscal Wendoline Acuña Aliaga declaró que este caso es “un acto grave de odio y desprecio hacia una mujer ”, ya que es “un hecho de violencia de género extrema”, según consignó La Prensa Austral. “Él es un hombre que arrastra un historial y comportamiento agresivo hacia sus parejas”, sostuvo también la persecutora. Y es que Muñoz cuenta con un amplio prontuario delictual, donde resaltan dos condenas por otros dos casos de agresión a sus parejas. Según reportó El Magallánico, en 2007 fue condenado a 15 años de prisión por “parricidio frustrado”, tras rociar con bencina y quemar a su entonces conviviente, quien estaba embarazada de 8 meses de gestación. A esta pena se le sumaron tres años adicionales por otro incidente de violencia intrafamiliar ocurrido en 2006, donde dejó con lesiones menos graves a otra pareja. Fuente: adnradio.cl
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó hoy –viernes 26 de abril– sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Jesús David Londoño Astaiza, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de robo con homicidio. Ilícito perpetrado el sábado recién pasado, en la comuna. En la audiencia de formalización (causa rol 1.121-2024), el juez Juan Villa Martínez ordenó el ingreso en prisión de Londoño Astaiza, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de fuga. Además, fijó en seis meses el plazo de investigación. Según el ente persecutor, aproximadamente a las 05:20 horas de la madrugada del 20 de abril de 2024, Londoño Astaiza junto a la víctima, concurrió al motel Platinium ubicado en calle Armando Sanhueza N°1732, comuna de Punta Arenas, tras haber estado compartiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento nocturno de calle Errázuriz. Una vez al interior de una habitación del motel, tarifa que pagó la víctima, el imputado con un cuchillo y con la finalidad de sustraerle especies, especialmente la tarjeta de débito, la atacó propinándole más de 20 puñaladas en la zona cervical, torácica, craneal y extremidades. Luego, sin posibilidad de oponer resistencia, se apropió con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, de la tarjeta, chaqueta y teléfono celular. Especies con que se retiró del establecimiento a las 06:05 horas. La víctima falleció en el lugar debido a una anemia aguda.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó este miércoles la resolución que mantendrá en prisión preventiva al ex defensor penal público de Puerto Natales, Rigoberto Marín Andrade, imputado como autor del delito de cohecho agravado entre agosto y septiembre del año pasado. En fallo unánime, el tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada anteriormente por el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, sosteniendo que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y fuga. De acuerdo a la resolución, el tribunal tomó en cuenta que “ no se ha demostrado alguna variación de las circunstancias que permita modificar la prisión preventiva del encartado ” y que “no existen nuevos antecedentes que permitan modificar su situación cautelar desde el pronunciamiento de esta Corte de fecha 8 de marzo pasado”. Cabe mencionar que, según lo investigado por el Ministerio Público, el imputado en su calidad de defensor penal público local de Puerto Natales, le exigió a varios de sus representados diversas sumas de dinero a cambio de ejercer “de mejor manera la defensa y tratar con mayor preeminencia dicho procedimiento ”. Así, entre agosto y septiembre de 2023, el imputado rebajó las medidas cautelares de los representados, a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre los $200 mil y los $2 millones, que debían trasferir de forma directa a por medio de familiares. Fuente: adnradio.cl