Preocuparse del bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tienen a un adulto significativo privado de libertad, es la razón de ser del Programa Abriendo Caminos, iniciativa que impulsa la Corporación Metodista en Punta Arenas, y cuyos alcances fueron compartidos a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, en una reunión de trabajo con su equipo multidisciplinario, en el Centro Juan Wesley, en el barrio 18 de Septiembre. Esta instancia fue encabezada por la autoridad de Justicia, junto a Alfredo Agüero, Coordinador de Abriendo Caminos, Jessica Soto, Supervisora Técnica del Programa, y Gonzalo Hidalgo, de la Unidad Técnica Regional de Gendarmería. En la oportunidad, el equipo anfitrión informó acerca de su enfoque basado en el desarrollo de habilidades y capacidades en NNA y sus cuidadores, así como en el reconocimiento de sus recursos personales, familiares y comunitarios, susceptibles de ser potenciados por un proceso de acompañamiento. Ello, con el objeto de disminuir los efectos psicosociales negativos de su situación de vulnerabilidad, y preocupados también de Informar de la oferta de beneficios del Estado a que pueden acceder, además de realizar gestiones de empleabilidad y acceso a capacitaciones en apoyo a sus actividades laborales y calidad de vida. Entre las temáticas relevantes recogidas durante este primer año de ejecución de la iniciativa, Alfredo Agüero y su equipo presentaron nudos críticos de sus usuarios y usuarias, y el vínculo que todavía mantienen con las personas privadas de libertad, y cómo esto se puede mejorar. Así también, que los servicios del sector Justicia puedan trabajar en conjunto con estas familias, sirviendo de puente institucional para poder brindarles cierto tipo de ayudas. En la oportunidad, se planteó la necesidad de realizar un Consultorio Jurídico en el Centro Comunitario Juan Wesley, orientado a los vecinos del barrio 18 de Septiembre y usuarios del programa para el segundo semestre, así como la relevancia de programar reuniones con la Defensoría Penal Pública y el Servicio Nacional de Migraciones. Del mismo modo, la Seremi Michelle Peutat extendió una invitación a Abriendo Caminos para que puedan asistir el 24 de julio a una “Plaza de Justicia y Derechos Humanos” que se realizará en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. Alfredo Agüero valoró la importancia de tener una coordinación y un trabajo vinculante con el sector Justicia, dadas las características del programa, para apoyar y orientar a las familias de la mejor manera frente a consultas y requerimientos propios de su trabajo. “El trabajo en red e intersectorial es clave para fortalecer instancias de trabajo colaborativo y poder resolver problemas, acceder a información para orientar a las familias y generar nuevas oportunidades para los usuarios del programa”, agregó. A su vez, la Seremi Michelle Peutat destacó la labor integral y de acompañamiento que desarrolla el programa Abriendo Caminos, acompañando a NNA en sus necesidades psicológicas emocionales, socio educativas y apoyando a sus cuidadores principales en el desarrollo de su crianza, cuidados y protección. Al respecto, valoró el poder generar una alianza de trabajo que permita acercar la oferta de sus servicios dependientes y relacionados a las y los usuarios del programa, para una mejor y orientación en materias de derechos, asesoría y representación jurídica, facilitando su acceso a la justicia. El equipo de Abriendo Caminos está integrado por su coordinador (trabajador social), consejera familiar (psicóloga), tutora socio educativa (psicóloga), gestora socio comunitaria (terapeuta ocupacional) y gestora socio laboral (trabajadora social). Disponen de 30 plazas de atención de niños, niñas y adolescentes, con cobertura en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales.
Desde septiembre de 2022, como una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el mandato del Presidente Gabriel Boric, Magallanes garantizó como región pionera un debido acceso a la justicia y defensa de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), a través de la silenciosa y efectiva labor de la línea de representación jurídica especializada de la Corporación de Asistencia Judicial “La Niñez y Adolescencia se Defienden” (NAD). Esto, enmarcado en la obligación que tiene el Estado de garantizar el desarrollo integral de la infancia y adolescencia al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 21.430, más conocida como “Ley de Garantías”. A nivel regional, la NAD atiende a un universo de 1.791 causas vigentes relacionadas con NNA, en las cuales no existe la designación de un curador ad litem, quien es el encargado de velar por la defensa jurídica de estos y apoyar en todos aquellos futuros procesos proteccionales y contenciosos en que se requiera su representación. De ahí la relevancia de este programa, que vino a emparejar la cancha en una temática en la cual como sociedad nos encontrábamos al debe. Una de los muchos usuarios y usuarias que han recurrido a este programa es V.A.D., 38 años, residente colombiana y madre de dos hijos de 14 y 18 años, quien vive hace más de seis años en Punta Arenas. Ella emigró a esta alejada región, exclusivamente por la difícil situación económica en su país. Primero se vino sola, en una dura travesía en bus de casi una semana. Aquí fue recibida por dos conocidos de su madre, y a los 10 meses pudo traer a su hijo menor y un año después a su hija mayor. El tener una vida relativamente tranquila, destaca, fue lo que me “atrapó de la ciudad. Y yo quería esa tranquilidad y esa seguridad para mis hijos y acá se pudieron establecer, acoplar bien. Ellos dicen que definitivamente para Colombia no se regresan, a pasear de pronto, pero a vivir no”. Sin embargo, en este proceso de adaptación y aclimatamiento, también sufrieron un duro golpe. Después de su llegada, ella se enamoró y se casó con un chileno, creyendo que era una persona pacífica y muy tranquila. En la convivencia diaria sufrieron de mucha violencia intrafamiliar, e incluso el año pasado se enteró que su hijo menor había sido víctima de abuso sexual en el seno de su hogar. Lo develó luego de dos años de sufrimiento. Tras la formalización, el caso está hoy en investigación. En esta violenta circunstancia, sola con sus hijos, sin un contrato de trabajo y sólo haciendo reemplazos, entra la intervención de la NAD: “ha sido muy minucioso el seguimiento en el caso de mi hijo, muy detallado, no solamente la investigación sino que el ser completo: cómo está anímicamente, en su colegio, en la parte de salud, y eso igual me llena de tranquilidad, como de confianza, eso nos ha ayudado mucho”. Ella agradece especialmente el gran apoyo brindado por los abogados Gonzalo Rojas y Eduardo Burgos frente a “algo que nadie le desea a ninguna mamá. De hecho, como inmigrantes aquí no tenemos una red de apoyo. Pero por lo menos podemos sentir que no estamos solos en este proceso, que alguien se está haciendo cargo, porque económicamente un abogado es sumamente costoso, pero nos han dado todo el apoyo incondicional, y (estamos) a la espera que el caso tenga un buen fin”. Aporte especializado Gonzalo Rojas Castillo, Coordinador Regional del Programa NAD, resumió el aporte integral e interdisciplinario de este programa en casos de vulneración extrema, a través de aspectos y acciones fundamentales como: la cercanía del equipo de trabajo a las necesidades del NNA; el trabajo en red con Salud, el Servicio de Protección Especializada y el programa de Identidad de Género del Hospital Clínico; y la presentación de querellas criminales, en casos que lo requieran, para lograr la sanción del agresor. Por su parte, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, subraya que en una región tan particular como Magallanes, con alta incidencia en delitos sexuales y violencia intrafamiliar en contextos vulnerables, el trabajo coordinado interinstitucional resulta fundamental a la hora de enfrentar problemas, cuya solución requiere de una respuesta decidida y sistemática por parte del Estado. Al respecto, destaca el trabajo que proporciona la NAD, siendo un programa con ocho funcionarios y funcionarias (coordinador regional, cuatro abogados curadores ad litem, una administrativa y dos trabajadoras sociales, faltando por proveer el cargo de técnico jurídico). Nada más concordante con la magnitud de su tarea a nivel regional, que el consignar que este 10 de julio sus profesionales tienen agendado un total de 21 audiencias en tribunales, debidamente distribuidas entre los profesionales del programa, que contó con un reforzamiento de su dotación en el 2024. Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, garantizar el acceso a la justicia es una tarea que debe reconocer que las necesidades de la ciudadanía en esta materia son múltiples y deben considerar las particularidades de cada una de las personas que la integran y del territorio que habitan. Siendo el trabajo que realiza esta línea especializada, de vital importancia para la protección de la infancia y adolescencia y el cumplimiento de las obligaciones que crea la ley de garantías a todas las instituciones que conforman el Estado.
Preocuparse del bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tienen a un adulto significativo privado de libertad, es la razón de ser del Programa Abriendo Caminos, iniciativa que impulsa la Corporación Metodista en Punta Arenas, y cuyos alcances fueron compartidos a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, en una reunión de trabajo con su equipo multidisciplinario, en el Centro Juan Wesley, en el barrio 18 de Septiembre. Esta instancia fue encabezada por la autoridad de Justicia, junto a Alfredo Agüero, Coordinador de Abriendo Caminos, Jessica Soto, Supervisora Técnica del Programa, y Gonzalo Hidalgo, de la Unidad Técnica Regional de Gendarmería. En la oportunidad, el equipo anfitrión informó acerca de su enfoque basado en el desarrollo de habilidades y capacidades en NNA y sus cuidadores, así como en el reconocimiento de sus recursos personales, familiares y comunitarios, susceptibles de ser potenciados por un proceso de acompañamiento. Ello, con el objeto de disminuir los efectos psicosociales negativos de su situación de vulnerabilidad, y preocupados también de Informar de la oferta de beneficios del Estado a que pueden acceder, además de realizar gestiones de empleabilidad y acceso a capacitaciones en apoyo a sus actividades laborales y calidad de vida. Entre las temáticas relevantes recogidas durante este primer año de ejecución de la iniciativa, Alfredo Agüero y su equipo presentaron nudos críticos de sus usuarios y usuarias, y el vínculo que todavía mantienen con las personas privadas de libertad, y cómo esto se puede mejorar. Así también, que los servicios del sector Justicia puedan trabajar en conjunto con estas familias, sirviendo de puente institucional para poder brindarles cierto tipo de ayudas. En la oportunidad, se planteó la necesidad de realizar un Consultorio Jurídico en el Centro Comunitario Juan Wesley, orientado a los vecinos del barrio 18 de Septiembre y usuarios del programa para el segundo semestre, así como la relevancia de programar reuniones con la Defensoría Penal Pública y el Servicio Nacional de Migraciones. Del mismo modo, la Seremi Michelle Peutat extendió una invitación a Abriendo Caminos para que puedan asistir el 24 de julio a una “Plaza de Justicia y Derechos Humanos” que se realizará en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas. Alfredo Agüero valoró la importancia de tener una coordinación y un trabajo vinculante con el sector Justicia, dadas las características del programa, para apoyar y orientar a las familias de la mejor manera frente a consultas y requerimientos propios de su trabajo. “El trabajo en red e intersectorial es clave para fortalecer instancias de trabajo colaborativo y poder resolver problemas, acceder a información para orientar a las familias y generar nuevas oportunidades para los usuarios del programa”, agregó. A su vez, la Seremi Michelle Peutat destacó la labor integral y de acompañamiento que desarrolla el programa Abriendo Caminos, acompañando a NNA en sus necesidades psicológicas emocionales, socio educativas y apoyando a sus cuidadores principales en el desarrollo de su crianza, cuidados y protección. Al respecto, valoró el poder generar una alianza de trabajo que permita acercar la oferta de sus servicios dependientes y relacionados a las y los usuarios del programa, para una mejor y orientación en materias de derechos, asesoría y representación jurídica, facilitando su acceso a la justicia. El equipo de Abriendo Caminos está integrado por su coordinador (trabajador social), consejera familiar (psicóloga), tutora socio educativa (psicóloga), gestora socio comunitaria (terapeuta ocupacional) y gestora socio laboral (trabajadora social). Disponen de 30 plazas de atención de niños, niñas y adolescentes, con cobertura en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales.
Desde septiembre de 2022, como una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el mandato del Presidente Gabriel Boric, Magallanes garantizó como región pionera un debido acceso a la justicia y defensa de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), a través de la silenciosa y efectiva labor de la línea de representación jurídica especializada de la Corporación de Asistencia Judicial “La Niñez y Adolescencia se Defienden” (NAD). Esto, enmarcado en la obligación que tiene el Estado de garantizar el desarrollo integral de la infancia y adolescencia al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 21.430, más conocida como “Ley de Garantías”. A nivel regional, la NAD atiende a un universo de 1.791 causas vigentes relacionadas con NNA, en las cuales no existe la designación de un curador ad litem, quien es el encargado de velar por la defensa jurídica de estos y apoyar en todos aquellos futuros procesos proteccionales y contenciosos en que se requiera su representación. De ahí la relevancia de este programa, que vino a emparejar la cancha en una temática en la cual como sociedad nos encontrábamos al debe. Una de los muchos usuarios y usuarias que han recurrido a este programa es V.A.D., 38 años, residente colombiana y madre de dos hijos de 14 y 18 años, quien vive hace más de seis años en Punta Arenas. Ella emigró a esta alejada región, exclusivamente por la difícil situación económica en su país. Primero se vino sola, en una dura travesía en bus de casi una semana. Aquí fue recibida por dos conocidos de su madre, y a los 10 meses pudo traer a su hijo menor y un año después a su hija mayor. El tener una vida relativamente tranquila, destaca, fue lo que me “atrapó de la ciudad. Y yo quería esa tranquilidad y esa seguridad para mis hijos y acá se pudieron establecer, acoplar bien. Ellos dicen que definitivamente para Colombia no se regresan, a pasear de pronto, pero a vivir no”. Sin embargo, en este proceso de adaptación y aclimatamiento, también sufrieron un duro golpe. Después de su llegada, ella se enamoró y se casó con un chileno, creyendo que era una persona pacífica y muy tranquila. En la convivencia diaria sufrieron de mucha violencia intrafamiliar, e incluso el año pasado se enteró que su hijo menor había sido víctima de abuso sexual en el seno de su hogar. Lo develó luego de dos años de sufrimiento. Tras la formalización, el caso está hoy en investigación. En esta violenta circunstancia, sola con sus hijos, sin un contrato de trabajo y sólo haciendo reemplazos, entra la intervención de la NAD: “ha sido muy minucioso el seguimiento en el caso de mi hijo, muy detallado, no solamente la investigación sino que el ser completo: cómo está anímicamente, en su colegio, en la parte de salud, y eso igual me llena de tranquilidad, como de confianza, eso nos ha ayudado mucho”. Ella agradece especialmente el gran apoyo brindado por los abogados Gonzalo Rojas y Eduardo Burgos frente a “algo que nadie le desea a ninguna mamá. De hecho, como inmigrantes aquí no tenemos una red de apoyo. Pero por lo menos podemos sentir que no estamos solos en este proceso, que alguien se está haciendo cargo, porque económicamente un abogado es sumamente costoso, pero nos han dado todo el apoyo incondicional, y (estamos) a la espera que el caso tenga un buen fin”. Aporte especializado Gonzalo Rojas Castillo, Coordinador Regional del Programa NAD, resumió el aporte integral e interdisciplinario de este programa en casos de vulneración extrema, a través de aspectos y acciones fundamentales como: la cercanía del equipo de trabajo a las necesidades del NNA; el trabajo en red con Salud, el Servicio de Protección Especializada y el programa de Identidad de Género del Hospital Clínico; y la presentación de querellas criminales, en casos que lo requieran, para lograr la sanción del agresor. Por su parte, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, subraya que en una región tan particular como Magallanes, con alta incidencia en delitos sexuales y violencia intrafamiliar en contextos vulnerables, el trabajo coordinado interinstitucional resulta fundamental a la hora de enfrentar problemas, cuya solución requiere de una respuesta decidida y sistemática por parte del Estado. Al respecto, destaca el trabajo que proporciona la NAD, siendo un programa con ocho funcionarios y funcionarias (coordinador regional, cuatro abogados curadores ad litem, una administrativa y dos trabajadoras sociales, faltando por proveer el cargo de técnico jurídico). Nada más concordante con la magnitud de su tarea a nivel regional, que el consignar que este 10 de julio sus profesionales tienen agendado un total de 21 audiencias en tribunales, debidamente distribuidas entre los profesionales del programa, que contó con un reforzamiento de su dotación en el 2024. Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, garantizar el acceso a la justicia es una tarea que debe reconocer que las necesidades de la ciudadanía en esta materia son múltiples y deben considerar las particularidades de cada una de las personas que la integran y del territorio que habitan. Siendo el trabajo que realiza esta línea especializada, de vital importancia para la protección de la infancia y adolescencia y el cumplimiento de las obligaciones que crea la ley de garantías a todas las instituciones que conforman el Estado.