Este miércoles último, se realizó en forma exitosa la 1ª Mesa Provincial de Equidad de Género, en coordinación con la seremi de la Mujer, instancia en que la seremi Alejandra Ruiz Ovando, presentó los avances en materia de género que promueve el gobierno del presidente Gabriel Boric a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. La jornada estuvo encabezada por la delegada presidencial provincial de Última Esperanza, Romina Álvarez Alarcón, quien valoró la sesión donde participaron representantes de Prodemu, TGR, I. Municipalidad de Natales, UMAG, Seremi de Salud, Programa Mujeres Jefas de Hogar, Oficina Comunitaria y Sala de Familia 2ª Comisaría Carabineros de Puerto Natales, PDI, Programa Habilidades para la Vida, SLEP, Fiscalía Local de Puerto Natales, CESFAM, Programa Prevención en Violencia Contra las Mujeres, Programa de Atención Inicial de Violencias de Género, CONAF, y Hospital Augusto Essmann Burgos. En dicha cita se promovió la importancia de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la trascendencia de trabajar en forma coordinada en beneficio para la eliminación de la violencia y/o discriminación de género. Dentro de las temáticas abordadas fueron: el pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos; Leyes de conciliación y 40 horas; Ley Karin contra el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo; Ley de reparación de víctimas de femicidio; avances en los derechos sexuales y reproductivos, entre otras.
Empresa quedó ad-portas de recibir el Sello Iguala Conciliación, reconocimiento gubernamental otorgado por SernamEG a todas aquellas organizaciones que hayan instalado el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la vida Familiar, Laboral y Personal. En una ceremonia realizada este jueves en el Casino Dreams de Punta Arenas, se celebró el egreso exitoso de esta organización del Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). Este importante paso deja a Dreams ad-portas de recibir la certificación de la Norma Chilena 3262-2021, sobre Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, destacándose como la primera organización de la región en alcanzar este logro. El evento contó con la participación del gerente de Dreams, John Mattson Kovacic; la Jefa Corporativa de Desarrollo Organizacional y Encargada de Diversidad y Género de Recursos Humanos, Eliana Guaiquil Jofré; la SEREMI de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando; el Director Regional (s) de SernamEG, Raúl Pérez Araya; y la Encargada Regional del Programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género María José Madrid; junto a representantes sindicales y trabajadoras del casino. Compromiso con la Equidad de Género Respecto a este hito, el gerente John Mattson Kovacic expresó: Es un orgullo para Dreams Punta Arenas que seamos los primeros en obtener esta certificación que ratifica el compromiso de la empresa, no solo de Punta Arenas, sino de toda la compañía. Este logro refleja nuestro compromiso con la equidad de género y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Así también lo destacó Eliana Guaiquil Jofré, encargada de la implementación de esta norma a nivel nacional de la compañía: Estamos muy orgullosas de convertirnos en la primera empresa regional certificada en esta norma y recomendamos ampliamente que pueda adoptarse y replicarse en otras empresas de la región y del país. Este proceso demuestra el compromiso con el bienestar laboral de las y los trabajadores y sus familias, aportando significativamente en su calidad de vida. En tanto, Alejandra Ruiz Ovando, SEREMI de la Mujer y Equidad de Género, señaló: Para el Ministerio de la Mujer es importante que nuevas empresas se incorporen a la norma de equidad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Felicitamos a Dreams por concretar parte de este proceso, que es voluntario para las organizaciones, e invitamos a todas las empresas a sumarse para mejorar la calidad de vida de sus trabajadoras y trabajadores. Un paso hacia la Certificación El Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género tiene como objetivo general que las organizaciones laborales, tanto públicas como privadas, disminuyan las desigualdades. El componente C2 del programa, enfocado en la formación en transversalización de buenas prácticas laborales con equidad de género, es clave en este proceso. María José Madrid, encargada del programa a nivel regional resaltó la importancia e impacto de la implementación de políticas públicas con enfoque de género en la gestión de personas: “Ahora la organización está en la fase final, ya pasaron sus auditorías internas y externas entonces ya estamos en un proceso de verificar legalmente cuáles son los antecedentes y verificadores de lo que se implementó y luego ya podemos pasar a la certificación”. La Norma Chilena 3262-2021 establece directrices para la gestión de igualdad de género y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, promoviendo prácticas que aseguren la no discriminación y la equidad en el entorno laboral. Uno de sus principales aportes es que ordena a la organización, le permite observarse, revisar su estructura de gestión y mejora la gestión de personas. Esto ha implicado particularmente en el Dreams la implementación y mejora de políticas como educación y concientización en género, protección de trabajadoras y trabajadores en temas relativos a la violencia laboral y acoso, beneficios para madres y padres, ayudas y becas para hijos e hijas del personal, programas para fomentar el liderazgo femenino. “Lo cual ha sido posible además gracias al apoyo mancomunado de los sindicatos locales”, añadió Eliana Guaiquil. Para más información de la Norma y los requisitos para empresas públicas y privadas que estén interesadas en su implementación les invitamos a revisar aquí: https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=32792.
Este 2024, y por segundo año consecutivo, el Fondo para la Igualdad –antes Fondo de Transversalización- financiará 24 proyectos que buscan contribuir al bienestar de las mujeres en ámbitos como la autonomía económica, prevención y atención de la violencia de género, apoyo a los cuidados, entre otros. Los recursos proporcionados por este fondo, adjudicado a 19 ministerios y servicios públicos, fortalecerán programas existentes o generarán nuevas intervenciones públicas, cuya meta es satisfacer las diversas necesidades de mujeres y niñas, atendiendo a la diversidad territorial de nuestro país. En específico, estas iniciativas abarcan desde la formación de funcionarias y funcionarios del Estado para erradicar todo tipo de discriminación en las instituciones públicas, hasta beneficios a mujeres cuidadoras, y mujeres de sectores rurales, pasando por el fortalecimiento en la orientación jurídica en materia de pensiones alimentos, la capacitación en el uso de tecnologías de riego y la atención a víctimas de violencia de género en el extranjero. De este modo, el Fondo para la Igualdad viene a reforzar las acciones de la agenda de género trazada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y muestra el compromiso de los distintos organismos del Estado de avanzar en políticas públicas que respondan adecuadamente a las necesidades y derechos de las mujeres. Desde la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando enfatizó hoy la relevancia de los proyectos respaldados por el Fondo, especialmente en Magallanes. Ruiz destacó que estos esfuerzos no solo fortalecerán programas existentes, sino que también introducirán nuevas intervenciones adaptadas a las necesidades locales. “Esta inversión demuestra un compromiso continuo con la agenda de género del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, asegurando que cada proyecto promueva activamente la igualdad y la inclusión en toda la región, aseguró. Para lograr estos objetivos hacia un Chile Para Todas, el Fondo para la Igualdad no solo entrega recursos, sino que además proporciona seguimiento y asistencia técnica en la implementación y monitoreo de las iniciativas, velando por la incorporación de la perspectiva de género en la ejecución de todos los proyectos financiados. “A través de este fondo buscamos fortalecer derechos y reducir las brechas desde todas instituciones públicas -y no solamente desde el Ministerio de la Mujer-, impulsando la transversalización en los organismos públicos, es decir, integrando en el diseño y aplicación de las políticas públicas la mirada y la preocupación respecto de las mujeres y sus necesidades”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. Iniciativas 2024 Algunas de las iniciativas destacadas que obtuvieron este financiamiento fueron, por ejemplo, las impulsadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entre ellas, se encuentra el programa “Cuidadoras Conectadas”, el cual entregará herramientas tecnológicas a las cuidadoras para aumentar sus competencias laborales y, por ende, su capacidad de generar ingresos en entornos cada vez más digitalizados. Otro de los proyectos beneficiados fue “Conectividad Digital para Mujeres y Sedes Sociales en Situación de Emergencia”, impulsado por la misma institución. Este busca proporcionar herramientas digitales a mujeres víctimas de desastres naturales, facilitando el acceso equitativo a servicios de internet. Para continuar impulsado una cultura de la responsabilidad parental, la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana se adjudicó recursos para ejecutar el programa “Acceso a la Justicia de Mujeres Demandantes de Pensión de Alimentos”. Una iniciativa que ofrecerá orientación y representación judicial especializada a mujeres de la Región Metropolitana que se encuentren en juicio o en procedimiento para asegurar el pago oportuno de las pensiones para sus hijos e hijas, ampliando así su acceso a los Tribunales de Justicia en materia de alimentos. El programa de capacitación para mujeres de mar “Fortalecimiento del liderazgo y asociatividad de mujeres de la pesca artesanal y que realizan actividades conexas”, de Sernapesca, es otro ejemplo. Esta iniciativa busca capacitar a mujeres que trabajan en el sector pesquero artesanal, en actividades conexas y pesqueras, para abordar la brecha de acceso a la información y promover la autonomía económica, a través de la entrega de herramientas en liderazgo, asociatividad, emprendimiento, materias propias del Registro de Actividades Conexas de la Pesca Artesanal, prevención de la violencia, entre otras. En tanto, la Subsecretaría de Bienes Nacionales continuará fortaleciendo la Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz, esta vez para 653 mujeres de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, a través de la aplicación del D.L. N° 2.695/79, para así superar la situación de poseedor irregular del inmueble que habitan, respecto del cual no cuentan con título de dominio o lo tienen imperfecto. Más información en https://minmujeryeg.gob.cl/
Este lunes en el Centro de las Mujeres de Punta Arenas, la jefa de la cartera Ruiz Ovando junto al Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, dieron a conocer en Magallanes la nueva Ley 21.675 que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra las mujeres en razón de su género, que el pasado viernes entró en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la República. Como “un hito en la protección de las mujeres en Chile” calificó este lunes la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando a la nueva Ley Integral de Violencias 21.675, autoridad quien junto al Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic y el director regional (s) de SernamEG Raúl Pérez Araya, dieron a conocer este nuevo cuerpo legislativo en las dependencias del Centro de las Mujeres de Punta Arenas. Este hito coincidió con la conmemoración de los 30 años de la Convención Interamericana Belém do Pará, el primer instrumento internacional de Derechos Humanos que promovió exclusivamente la incorporación de medidas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres en los Estados de América Latina y El Caribe. “Ya está promulgada en el Diario Oficial la ley que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Hay que decir de que es una ley que tuvo una tramitación de 7 años y que incluso parlamentarios de oposición la llevaron al Tribunal Constitucional, donde afortunadamente predominó la discusión democrática. Esta ley establece también deberes del Estado en prevenir, proteger, investigar y también la reparación a las víctimas y justamente al abordarlo de forma integral incorpora, por ejemplo, a niñas, niños, adolescentes como víctimas”, explicó el Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic. El Gobierno del Presidente Boric, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, reactivó y dio prioridad legislativa a esta iniciativa que había sido ingresada al Congreso por la primera ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el año 2017, y fue aprobada de manera transversal en el Congreso Nacional en marzo pasado. “Esta nueva legislación establece 9 formas distintas de ejercer la violencia como, por ejemplo, la física, la psicológica, la sexual, la económica, la institucional, la laboral, la política, la gineco-obstétrica, la violencia simbólica. O sea, es muy importante porque abarca nuevas manifestaciones y formas de violencia que vivimos las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Y para el Ministerio de la Mujer implica nuevos desafíos, como por ejemplo la implementación de un plan de acción en donde el trabajo colaborativo con distintas instituciones será esencial para prevenir, para proteger y para la reparación de las mujeres que viven violencia. Y para la creación de los reglamentos, lo que será parte del trabajo que vamos a realizar durante este año”, detalla la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando. Cabe señalar que solo en 1991 Chile ingresó la primera moción parlamentaria sobre violencia de género. Desde entonces, han existido importantes avances en materia de visibilización y tipificación de la violencia de género, en particular desde 2020, cuando se promulgó la Ley Gabriela, que permitió penalizar el delito de femicidio íntimo y no íntimo. Esta ley integral marca un nuevo avance para nuestro país, pues permitirá contar con un marco legal que reconoce la violencia de género que se ejerce en espacios distintos al ámbito de las relaciones afectivas y/o familiares. Principales aspectos de la Ley Integral La Ley promulgada es un marco normativo para abordar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de su género, que establece las bases y lineamientos para su abordaje, y los deberes de los distintos órganos del Estado en esta materia. Entre muchos otros aspectos, la ley precisa algunas definiciones sobre distintos tipos de violencia de género y su expresión (física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstétrica, etc.); realza el rol preventivo que deben tener los órganos del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres de manera efectiva; fortalece las medidas cautelares y establece un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia; e incorpora a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de la violencia de género que viven sus madres o cuidadoras. Además, amplía las medidas cautelares a delitos y agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia que, hasta ahora, solo se podían decretar solo en los casos de violencia intrafamiliar. Asimismo, la ley garantiza la asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas de violencia de género; fortalecerá el rol de representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios o suicidios femicidas, para llegar antes y más rápido; y permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos, para que todos los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, cuenten con la misma información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando -además- la revictimización. Desde un enfoque preventivo, el objetivo de esta ley es propiciar la elaboración e implementación de planes, programas y protocolos para su prevención. Asimismo, algo fundamental es que esta iniciativa mandata a los órganos del Estado a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas para garantizar el acceso a la justicia, y así evitar el archivo de casos. La Ley ya entró en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial el pasado 14 de junio, con excepción de los artículos que decretan la elaboración de Reglamentos, los que deberán dictarse dentro de los próximos 12 meses.
Esta medida, junto con otras sanciones aplicadas a los deudores, refuerza el compromiso del gobierno con la equidad de género y los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Operación Renta 2024, liderada por la Tesorería General de la República (TGR), ha concluido de manera exitosa en la región de Magallanes, la cual incluyó un total de $48 millones 363 mil 14 pesos retenidos a 177 personas debido a deudas de pensiones alimenticias, beneficiando directamente a niños, niñas y adolescentes en la región. Esta medida, que busca asegurar que los deudores cumplan con sus obligaciones legales y apoyen a las familias que dependen de estos fondos, es parte de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Así lo destacó este martes Alejandra Ruiz Ovando, SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, quien junto al SEREMI de Hacienda Álvaro Vargas Riquelme, SEREMI de Gobierno Andro Mimica Guerrero, y el Tesorero Regional (s) Fernando López Olmos, dieron cuenta de las cifras de la Operación Renta 2024 a nivel regional desde las dependencias de Tesorería General de la República.La Operación Renta de este año ha sido fundamental para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en Magallanes. Hemos logrado que 177 personas que formaban parte del registro de deudores, regularicen su situación. La ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas facilita el trámite de pago y por lo tanto, facilita la vida las mujeres, quienes son las principales usuarias de esta ley. Por ello, como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y como Estado, el llamado que hacemos es a ponerse al día, para cumplir con los derechos de las infancias”, explicó la SEREMI de la Mujer Alejandra Ruiz. Por su parte, el SEREMI Álvaro Vargas, detalló: “desde Hacienda quisiéramos destacar el proceso, donde participaron 45 mil contribuyentes en Magallanes que hicieron su declaración de renta, de los cuales más de 20 mil personas tuvieron devolución de impuestos por un monto total de cerca de $17 mil millones de pesos. De estos, 177 personas tuvieron una retención por el no pago de pensión de alimentos. Hay que destacar que el año pasado el número fue menor, de 52 personas (…) Entonces estamos muy contentos porque es un proceso que funciona y es uno de los principales hitos de recaudación del Estado, ya que cerca del 30% de los ingresos son por estos impuestos”. En tanto, el SEREMI de Gobierno Andro Mimica subrayó la ejecución de políticas públicas dirigidas al bienestar de las familias: “Nuestro Gobierno tiene un compromiso con el desarrollo, la dignidad y la integridad de cada una de las niñas y niños y en ese sentido, hemos hecho los esfuerzos necesarios para poder brindar mayor seguridad a cada una de ellas y ellos, pero también de la familia, y en eso no solamente hemos avanzado en esta ley de pago efectivo de pensiones, sino además en la instalación de las Oficinas Locales de Protección de la Niñez en cada una de las comunas, faltando solamente Punta Arenas. En la región de Magallanes estamos trabajando también en el Sistema Nacional de Cuidados, que beneficia mayoritariamente a las mujeres, quienes ejercen esta labor de cuidado”. Datos Regionales En la Operación Renta 2024 se efectuaron en total 177 retenciones por Deuda de Alimentos los cuales totalizan $48.363.014 pesos. Las retenciones realizadas se distribuyeron principalmente en Punta Arenas (136 retenciones por $41.804.486) y Puerto Natales (32 retenciones por $5.888.548). Además, se registraron retenciones en las comunas de Porvenir (6 retenciones por $421.868), Río Verde (1 retención por $222.294), Antártica (1 retención por $8.504), y Cabo de Hornos (1 retención por $16.684). Al 31 de enero de 2024, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos contaba con 2 mil 314 personas registradas como deudores vigentes en Magallanes, de las cuales el 95% son hombres. El total de alimentarios afectados en la región asciende a 3 mil 044, con una deuda acumulada de $2,449,366,900 pesos. Consecuencias de estar en el Registro de Deudores Además de retener las devoluciones de impuestos, las personas inscritas en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos enfrentan varias sanciones: en la venta de inmuebles o vehículos, se exige que las ganancias se destinen al pago de las deudas de alimentos. Además, no pueden renovar licencias de conducir ni pasaportes, salvo en casos especiales autorizados por el tribunal. Al contratar o ascender en alguno de los tres poderes del Estado, se retendrá un porcentaje del sueldo del deudor para pagar la deuda. Aquellos obligados a realizar Declaración de Intereses y Patrimonio deben incluir sus deudas alimenticias, y quienes postulen a adoptar serán verificados para asegurarse de no estar en el registro de deudores. La ley N°21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, tiene como objetivo promover el pago de estas pensiones. Esta ley dispone medidas respecto a deudores que deban pensión por tres meses consecutivos o cinco discontinuos, cuando así lo ordene una resolución judicial. Mientras el Registro Nacional de Deudores crea incentivos para el pago de deudas mediante sanciones a la morosidad, la ley de Responsabilidad Parental establece mecanismos de pago efectivo para las pensiones adeudadas, establece una institucionalidad sólida para asegurar que las pensiones de alimentos se paguen, siendo ahora el Estado el ente persecutor del patrimonio del deudor.
Este miércoles último, se realizó en forma exitosa la 1ª Mesa Provincial de Equidad de Género, en coordinación con la seremi de la Mujer, instancia en que la seremi Alejandra Ruiz Ovando, presentó los avances en materia de género que promueve el gobierno del presidente Gabriel Boric a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. La jornada estuvo encabezada por la delegada presidencial provincial de Última Esperanza, Romina Álvarez Alarcón, quien valoró la sesión donde participaron representantes de Prodemu, TGR, I. Municipalidad de Natales, UMAG, Seremi de Salud, Programa Mujeres Jefas de Hogar, Oficina Comunitaria y Sala de Familia 2ª Comisaría Carabineros de Puerto Natales, PDI, Programa Habilidades para la Vida, SLEP, Fiscalía Local de Puerto Natales, CESFAM, Programa Prevención en Violencia Contra las Mujeres, Programa de Atención Inicial de Violencias de Género, CONAF, y Hospital Augusto Essmann Burgos. En dicha cita se promovió la importancia de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la trascendencia de trabajar en forma coordinada en beneficio para la eliminación de la violencia y/o discriminación de género. Dentro de las temáticas abordadas fueron: el pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos; Leyes de conciliación y 40 horas; Ley Karin contra el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo; Ley de reparación de víctimas de femicidio; avances en los derechos sexuales y reproductivos, entre otras.
Empresa quedó ad-portas de recibir el Sello Iguala Conciliación, reconocimiento gubernamental otorgado por SernamEG a todas aquellas organizaciones que hayan instalado el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la vida Familiar, Laboral y Personal. En una ceremonia realizada este jueves en el Casino Dreams de Punta Arenas, se celebró el egreso exitoso de esta organización del Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). Este importante paso deja a Dreams ad-portas de recibir la certificación de la Norma Chilena 3262-2021, sobre Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, destacándose como la primera organización de la región en alcanzar este logro. El evento contó con la participación del gerente de Dreams, John Mattson Kovacic; la Jefa Corporativa de Desarrollo Organizacional y Encargada de Diversidad y Género de Recursos Humanos, Eliana Guaiquil Jofré; la SEREMI de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando; el Director Regional (s) de SernamEG, Raúl Pérez Araya; y la Encargada Regional del Programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género María José Madrid; junto a representantes sindicales y trabajadoras del casino. Compromiso con la Equidad de Género Respecto a este hito, el gerente John Mattson Kovacic expresó: Es un orgullo para Dreams Punta Arenas que seamos los primeros en obtener esta certificación que ratifica el compromiso de la empresa, no solo de Punta Arenas, sino de toda la compañía. Este logro refleja nuestro compromiso con la equidad de género y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Así también lo destacó Eliana Guaiquil Jofré, encargada de la implementación de esta norma a nivel nacional de la compañía: Estamos muy orgullosas de convertirnos en la primera empresa regional certificada en esta norma y recomendamos ampliamente que pueda adoptarse y replicarse en otras empresas de la región y del país. Este proceso demuestra el compromiso con el bienestar laboral de las y los trabajadores y sus familias, aportando significativamente en su calidad de vida. En tanto, Alejandra Ruiz Ovando, SEREMI de la Mujer y Equidad de Género, señaló: Para el Ministerio de la Mujer es importante que nuevas empresas se incorporen a la norma de equidad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Felicitamos a Dreams por concretar parte de este proceso, que es voluntario para las organizaciones, e invitamos a todas las empresas a sumarse para mejorar la calidad de vida de sus trabajadoras y trabajadores. Un paso hacia la Certificación El Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género tiene como objetivo general que las organizaciones laborales, tanto públicas como privadas, disminuyan las desigualdades. El componente C2 del programa, enfocado en la formación en transversalización de buenas prácticas laborales con equidad de género, es clave en este proceso. María José Madrid, encargada del programa a nivel regional resaltó la importancia e impacto de la implementación de políticas públicas con enfoque de género en la gestión de personas: “Ahora la organización está en la fase final, ya pasaron sus auditorías internas y externas entonces ya estamos en un proceso de verificar legalmente cuáles son los antecedentes y verificadores de lo que se implementó y luego ya podemos pasar a la certificación”. La Norma Chilena 3262-2021 establece directrices para la gestión de igualdad de género y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, promoviendo prácticas que aseguren la no discriminación y la equidad en el entorno laboral. Uno de sus principales aportes es que ordena a la organización, le permite observarse, revisar su estructura de gestión y mejora la gestión de personas. Esto ha implicado particularmente en el Dreams la implementación y mejora de políticas como educación y concientización en género, protección de trabajadoras y trabajadores en temas relativos a la violencia laboral y acoso, beneficios para madres y padres, ayudas y becas para hijos e hijas del personal, programas para fomentar el liderazgo femenino. “Lo cual ha sido posible además gracias al apoyo mancomunado de los sindicatos locales”, añadió Eliana Guaiquil. Para más información de la Norma y los requisitos para empresas públicas y privadas que estén interesadas en su implementación les invitamos a revisar aquí: https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=32792.
Este 2024, y por segundo año consecutivo, el Fondo para la Igualdad –antes Fondo de Transversalización- financiará 24 proyectos que buscan contribuir al bienestar de las mujeres en ámbitos como la autonomía económica, prevención y atención de la violencia de género, apoyo a los cuidados, entre otros. Los recursos proporcionados por este fondo, adjudicado a 19 ministerios y servicios públicos, fortalecerán programas existentes o generarán nuevas intervenciones públicas, cuya meta es satisfacer las diversas necesidades de mujeres y niñas, atendiendo a la diversidad territorial de nuestro país. En específico, estas iniciativas abarcan desde la formación de funcionarias y funcionarios del Estado para erradicar todo tipo de discriminación en las instituciones públicas, hasta beneficios a mujeres cuidadoras, y mujeres de sectores rurales, pasando por el fortalecimiento en la orientación jurídica en materia de pensiones alimentos, la capacitación en el uso de tecnologías de riego y la atención a víctimas de violencia de género en el extranjero. De este modo, el Fondo para la Igualdad viene a reforzar las acciones de la agenda de género trazada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y muestra el compromiso de los distintos organismos del Estado de avanzar en políticas públicas que respondan adecuadamente a las necesidades y derechos de las mujeres. Desde la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando enfatizó hoy la relevancia de los proyectos respaldados por el Fondo, especialmente en Magallanes. Ruiz destacó que estos esfuerzos no solo fortalecerán programas existentes, sino que también introducirán nuevas intervenciones adaptadas a las necesidades locales. “Esta inversión demuestra un compromiso continuo con la agenda de género del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, asegurando que cada proyecto promueva activamente la igualdad y la inclusión en toda la región, aseguró. Para lograr estos objetivos hacia un Chile Para Todas, el Fondo para la Igualdad no solo entrega recursos, sino que además proporciona seguimiento y asistencia técnica en la implementación y monitoreo de las iniciativas, velando por la incorporación de la perspectiva de género en la ejecución de todos los proyectos financiados. “A través de este fondo buscamos fortalecer derechos y reducir las brechas desde todas instituciones públicas -y no solamente desde el Ministerio de la Mujer-, impulsando la transversalización en los organismos públicos, es decir, integrando en el diseño y aplicación de las políticas públicas la mirada y la preocupación respecto de las mujeres y sus necesidades”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. Iniciativas 2024 Algunas de las iniciativas destacadas que obtuvieron este financiamiento fueron, por ejemplo, las impulsadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entre ellas, se encuentra el programa “Cuidadoras Conectadas”, el cual entregará herramientas tecnológicas a las cuidadoras para aumentar sus competencias laborales y, por ende, su capacidad de generar ingresos en entornos cada vez más digitalizados. Otro de los proyectos beneficiados fue “Conectividad Digital para Mujeres y Sedes Sociales en Situación de Emergencia”, impulsado por la misma institución. Este busca proporcionar herramientas digitales a mujeres víctimas de desastres naturales, facilitando el acceso equitativo a servicios de internet. Para continuar impulsado una cultura de la responsabilidad parental, la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana se adjudicó recursos para ejecutar el programa “Acceso a la Justicia de Mujeres Demandantes de Pensión de Alimentos”. Una iniciativa que ofrecerá orientación y representación judicial especializada a mujeres de la Región Metropolitana que se encuentren en juicio o en procedimiento para asegurar el pago oportuno de las pensiones para sus hijos e hijas, ampliando así su acceso a los Tribunales de Justicia en materia de alimentos. El programa de capacitación para mujeres de mar “Fortalecimiento del liderazgo y asociatividad de mujeres de la pesca artesanal y que realizan actividades conexas”, de Sernapesca, es otro ejemplo. Esta iniciativa busca capacitar a mujeres que trabajan en el sector pesquero artesanal, en actividades conexas y pesqueras, para abordar la brecha de acceso a la información y promover la autonomía económica, a través de la entrega de herramientas en liderazgo, asociatividad, emprendimiento, materias propias del Registro de Actividades Conexas de la Pesca Artesanal, prevención de la violencia, entre otras. En tanto, la Subsecretaría de Bienes Nacionales continuará fortaleciendo la Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz, esta vez para 653 mujeres de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, a través de la aplicación del D.L. N° 2.695/79, para así superar la situación de poseedor irregular del inmueble que habitan, respecto del cual no cuentan con título de dominio o lo tienen imperfecto. Más información en https://minmujeryeg.gob.cl/
Este lunes en el Centro de las Mujeres de Punta Arenas, la jefa de la cartera Ruiz Ovando junto al Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, dieron a conocer en Magallanes la nueva Ley 21.675 que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra las mujeres en razón de su género, que el pasado viernes entró en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la República. Como “un hito en la protección de las mujeres en Chile” calificó este lunes la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando a la nueva Ley Integral de Violencias 21.675, autoridad quien junto al Delegado Presidencial José Ruiz Pivcevic y el director regional (s) de SernamEG Raúl Pérez Araya, dieron a conocer este nuevo cuerpo legislativo en las dependencias del Centro de las Mujeres de Punta Arenas. Este hito coincidió con la conmemoración de los 30 años de la Convención Interamericana Belém do Pará, el primer instrumento internacional de Derechos Humanos que promovió exclusivamente la incorporación de medidas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres en los Estados de América Latina y El Caribe. “Ya está promulgada en el Diario Oficial la ley que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Hay que decir de que es una ley que tuvo una tramitación de 7 años y que incluso parlamentarios de oposición la llevaron al Tribunal Constitucional, donde afortunadamente predominó la discusión democrática. Esta ley establece también deberes del Estado en prevenir, proteger, investigar y también la reparación a las víctimas y justamente al abordarlo de forma integral incorpora, por ejemplo, a niñas, niños, adolescentes como víctimas”, explicó el Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic. El Gobierno del Presidente Boric, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, reactivó y dio prioridad legislativa a esta iniciativa que había sido ingresada al Congreso por la primera ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el año 2017, y fue aprobada de manera transversal en el Congreso Nacional en marzo pasado. “Esta nueva legislación establece 9 formas distintas de ejercer la violencia como, por ejemplo, la física, la psicológica, la sexual, la económica, la institucional, la laboral, la política, la gineco-obstétrica, la violencia simbólica. O sea, es muy importante porque abarca nuevas manifestaciones y formas de violencia que vivimos las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Y para el Ministerio de la Mujer implica nuevos desafíos, como por ejemplo la implementación de un plan de acción en donde el trabajo colaborativo con distintas instituciones será esencial para prevenir, para proteger y para la reparación de las mujeres que viven violencia. Y para la creación de los reglamentos, lo que será parte del trabajo que vamos a realizar durante este año”, detalla la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando. Cabe señalar que solo en 1991 Chile ingresó la primera moción parlamentaria sobre violencia de género. Desde entonces, han existido importantes avances en materia de visibilización y tipificación de la violencia de género, en particular desde 2020, cuando se promulgó la Ley Gabriela, que permitió penalizar el delito de femicidio íntimo y no íntimo. Esta ley integral marca un nuevo avance para nuestro país, pues permitirá contar con un marco legal que reconoce la violencia de género que se ejerce en espacios distintos al ámbito de las relaciones afectivas y/o familiares. Principales aspectos de la Ley Integral La Ley promulgada es un marco normativo para abordar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de su género, que establece las bases y lineamientos para su abordaje, y los deberes de los distintos órganos del Estado en esta materia. Entre muchos otros aspectos, la ley precisa algunas definiciones sobre distintos tipos de violencia de género y su expresión (física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstétrica, etc.); realza el rol preventivo que deben tener los órganos del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres de manera efectiva; fortalece las medidas cautelares y establece un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia; e incorpora a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de la violencia de género que viven sus madres o cuidadoras. Además, amplía las medidas cautelares a delitos y agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia que, hasta ahora, solo se podían decretar solo en los casos de violencia intrafamiliar. Asimismo, la ley garantiza la asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas de violencia de género; fortalecerá el rol de representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios o suicidios femicidas, para llegar antes y más rápido; y permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos, para que todos los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, cuenten con la misma información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando -además- la revictimización. Desde un enfoque preventivo, el objetivo de esta ley es propiciar la elaboración e implementación de planes, programas y protocolos para su prevención. Asimismo, algo fundamental es que esta iniciativa mandata a los órganos del Estado a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas para garantizar el acceso a la justicia, y así evitar el archivo de casos. La Ley ya entró en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial el pasado 14 de junio, con excepción de los artículos que decretan la elaboración de Reglamentos, los que deberán dictarse dentro de los próximos 12 meses.
Esta medida, junto con otras sanciones aplicadas a los deudores, refuerza el compromiso del gobierno con la equidad de género y los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Operación Renta 2024, liderada por la Tesorería General de la República (TGR), ha concluido de manera exitosa en la región de Magallanes, la cual incluyó un total de $48 millones 363 mil 14 pesos retenidos a 177 personas debido a deudas de pensiones alimenticias, beneficiando directamente a niños, niñas y adolescentes en la región. Esta medida, que busca asegurar que los deudores cumplan con sus obligaciones legales y apoyen a las familias que dependen de estos fondos, es parte de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Así lo destacó este martes Alejandra Ruiz Ovando, SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, quien junto al SEREMI de Hacienda Álvaro Vargas Riquelme, SEREMI de Gobierno Andro Mimica Guerrero, y el Tesorero Regional (s) Fernando López Olmos, dieron cuenta de las cifras de la Operación Renta 2024 a nivel regional desde las dependencias de Tesorería General de la República.La Operación Renta de este año ha sido fundamental para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en Magallanes. Hemos logrado que 177 personas que formaban parte del registro de deudores, regularicen su situación. La ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas facilita el trámite de pago y por lo tanto, facilita la vida las mujeres, quienes son las principales usuarias de esta ley. Por ello, como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y como Estado, el llamado que hacemos es a ponerse al día, para cumplir con los derechos de las infancias”, explicó la SEREMI de la Mujer Alejandra Ruiz. Por su parte, el SEREMI Álvaro Vargas, detalló: “desde Hacienda quisiéramos destacar el proceso, donde participaron 45 mil contribuyentes en Magallanes que hicieron su declaración de renta, de los cuales más de 20 mil personas tuvieron devolución de impuestos por un monto total de cerca de $17 mil millones de pesos. De estos, 177 personas tuvieron una retención por el no pago de pensión de alimentos. Hay que destacar que el año pasado el número fue menor, de 52 personas (…) Entonces estamos muy contentos porque es un proceso que funciona y es uno de los principales hitos de recaudación del Estado, ya que cerca del 30% de los ingresos son por estos impuestos”. En tanto, el SEREMI de Gobierno Andro Mimica subrayó la ejecución de políticas públicas dirigidas al bienestar de las familias: “Nuestro Gobierno tiene un compromiso con el desarrollo, la dignidad y la integridad de cada una de las niñas y niños y en ese sentido, hemos hecho los esfuerzos necesarios para poder brindar mayor seguridad a cada una de ellas y ellos, pero también de la familia, y en eso no solamente hemos avanzado en esta ley de pago efectivo de pensiones, sino además en la instalación de las Oficinas Locales de Protección de la Niñez en cada una de las comunas, faltando solamente Punta Arenas. En la región de Magallanes estamos trabajando también en el Sistema Nacional de Cuidados, que beneficia mayoritariamente a las mujeres, quienes ejercen esta labor de cuidado”. Datos Regionales En la Operación Renta 2024 se efectuaron en total 177 retenciones por Deuda de Alimentos los cuales totalizan $48.363.014 pesos. Las retenciones realizadas se distribuyeron principalmente en Punta Arenas (136 retenciones por $41.804.486) y Puerto Natales (32 retenciones por $5.888.548). Además, se registraron retenciones en las comunas de Porvenir (6 retenciones por $421.868), Río Verde (1 retención por $222.294), Antártica (1 retención por $8.504), y Cabo de Hornos (1 retención por $16.684). Al 31 de enero de 2024, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos contaba con 2 mil 314 personas registradas como deudores vigentes en Magallanes, de las cuales el 95% son hombres. El total de alimentarios afectados en la región asciende a 3 mil 044, con una deuda acumulada de $2,449,366,900 pesos. Consecuencias de estar en el Registro de Deudores Además de retener las devoluciones de impuestos, las personas inscritas en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos enfrentan varias sanciones: en la venta de inmuebles o vehículos, se exige que las ganancias se destinen al pago de las deudas de alimentos. Además, no pueden renovar licencias de conducir ni pasaportes, salvo en casos especiales autorizados por el tribunal. Al contratar o ascender en alguno de los tres poderes del Estado, se retendrá un porcentaje del sueldo del deudor para pagar la deuda. Aquellos obligados a realizar Declaración de Intereses y Patrimonio deben incluir sus deudas alimenticias, y quienes postulen a adoptar serán verificados para asegurarse de no estar en el registro de deudores. La ley N°21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, tiene como objetivo promover el pago de estas pensiones. Esta ley dispone medidas respecto a deudores que deban pensión por tres meses consecutivos o cinco discontinuos, cuando así lo ordene una resolución judicial. Mientras el Registro Nacional de Deudores crea incentivos para el pago de deudas mediante sanciones a la morosidad, la ley de Responsabilidad Parental establece mecanismos de pago efectivo para las pensiones adeudadas, establece una institucionalidad sólida para asegurar que las pensiones de alimentos se paguen, siendo ahora el Estado el ente persecutor del patrimonio del deudor.