La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) realizó la segunda notificación masiva del año a titulares de 255 Centros de Engorda de Salmones (CES), relacionadas a la producción de sus ciclos productivos en curso, en el marco de la Estrategia de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental de CES y la Estrategia de Inteligencia Ambiental, que se comenzó a implementar, para temas productivos de CES, en septiembre del año pasado con el objetivo de fortalecer las labores de prevención y así evitar la sobreproducción del sector. La notificación de aviso se envió el 31 de mayo vía correo electrónico a los titulares de CES ubicados en la parte austral del país: 103 de la Región de Los Lagos, 111 de la Región de Aysén y 41 de la Región de Magallanes. El reporte incluyó la estimación de la producción a la fecha y su evaluación en función del límite máximo autorizado en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) respectiva. ¿Cómo funciona? Esta medida es realizada gracias a un inédito sistema creado por la SMA, consistente en un algoritmo que permite estimar la producción de centros con ciclos en curso y ser informada, posteriormente, a los titulares a través de reportes masivos de análisis, con el objetivo de que implementen las acciones preventivas necesarias para evitar exceder el máximo autorizado en su RCA al finalizar el ciclo productivo. “La SMA busca promover el cumplimiento ambiental de la industria. Con estos reportes, los titulares serán alertados respecto de cómo va su nivel de producción según lo permitido en su permiso ambiental, para que se ajusten a ello. Ya lo hemos indicado, el cumplimiento ambiental debe ser imperativo para las empresas, es parte de las reglas del juego”, señaló la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer. Los reportes utilizan datos actualizados obtenidos desde el Sistema de Información de Fiscalización de Acuicultura (SIFA) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), e incluye la identificación de la Unidad Fiscalizable, -identificación del titular, ubicación geográfica y código del centro en el Registro Nacional de Acuicultura (RNA)-, además de la Resolución de Calificación Ambiental que establece su producción máxima autorizada, y la producción efectiva estimada a la fecha. El primer reporte masivo se envió en septiembre de 2023 a 237 CES del sur del país, y durante enero de este año se realizó el segundo reporte masivo a 223 CES (primero del año 2024). Cabe recordar que, esto es solo un reporte de producción estimada, y que la fiscalización ambiental respecto de la producción del sector acuícola se realiza a través de la información proporcionada por Sernapesca, a fin de año, una vez terminado el ciclo productivo.
En el marco de la Estrategia de Fiscalización de Áridos que se comenzó a desarrollar a fines de 2023, durante el primer cuatrimestre de este año, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) realizó una serie de inspecciones ambientales a titulares de proyectos de extracción de áridos de distintas regiones del centro y sur del país. En específico, las actividades de fiscalización se llevaron a cabo en las regiones de Ñuble, Biobío, Los Ríos, Aysén y Magallanes. La Estrategia de Fiscalización de Áridos de la SMA tiene como objetivo abordar y gestionar el riesgo ambiental que genera esta actividad y, así, dar respuesta a la gran cantidad de denuncias recibidas. Esto, considerando que se trata de un sector especialmente complejo, dado que existe un gran número de extracciones que se encuentra fuera de la institucionalidad ambiental; sus intervenciones se caracterizan por la rapidez de las mismas; y por la afectación que generan a componentes del suelo, biodiversidad y/o salud de las personas (ruido y material particulado). Dentro de esta estrategia -que contempla una priorización por riesgo o afectación ambiental- se ha establecido una coordinación con distintos organismos sectoriales, como el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y el Ministerio Público. La Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó que la fiscalización a proyectos vinculados a la extracción de áridos “es una materia que el organismo está priorizando, dado el impacto ambiental que genera la actividad y las dificultades que la caracterizan”. En esta línea, sostuvo que “esto implica no solo establecer una priorización por riesgo o afectación, sino, también, fortalecer el trabajo de coordinación con los organismos sectoriales a nivel regional y con el Ministerio Público, con el objetivo de optimizar todas las herramientas disponibles a fin de dar una respuesta rápida y efectiva”. Por otra parte, la jefa de la División de Fiscalización de la SMA, Claudia Pastore, explicó que “la Estrategia de Áridos va acompañada de un fortalecimiento respecto de la calidad y de cómo se fiscaliza. Un ejemplo de ello es el uso significativo de herramientas digitales para la mejor identificación del impacto de la actividad”. En tanto, el jefe regional de Ñuble, Cristian Lineros, agregó que “los lineamientos de la estrategia son expresión de la experiencia y conocimiento que la SMA ha adquirido en esta materia en los últimos años”. Actividades de fiscalización Región de Aysén: La primera actividad de fiscalización se realizó el 21 de marzo al proyecto de “Extracción Áridos Finlez Aysén”, ubicado en Ruta 240, km 18 (único pozo de extracción que cuenta con RCA en la región), en conjunto con funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad y del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. La fiscalización consideró como aspectos ambientalmente relevantes la infraestructura construida (oficina y baño para personal, estacionamientos, área de pesaje de camiones); la habilitación de la vía de acceso desde la ruta 240; la construcción de bodega de residuos peligrosos; áreas de acopio material de rechazo y área de extracción. Región de Ñuble: El 22 de marzo se concretó una inspección en la unidad fiscalizable “Extracción Mecanizada de Áridos Laja”, ubicada en la comuna de Yungay, que consiste en la extracción de áridos desde un pozo lastre (se mantiene en operación desde agosto del año 2000). Las materias fiscalizadas -junto a la Dirección General de Aguas y Vialidad Regional- fueron relativas a las áreas y condiciones de extracción, ruidos y al estado de restauración del cauce. Además, se realizó una revisión mediante un drone en toda la zona de extracción y en el Río Laja, con el fin de constatar las condiciones actuales del área de influencia. Región de Magallanes: El 27 de marzo se fiscalizó el proyecto “Pozo Emprestito Zúñiga”, ubicado en la Ruta 9 Norte, km 251, comuna de Natales, cuyo titular es la empresa Serviaustral Ltda. Durante la inspección se constató la operación del proyecto, reposición de áreas intervenidas, manejo de piscinas de sedimentación, y manejo de emisiones atmosféricas. La fiscalización ambiental se desarrolló en conjunto con la DGA y la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Región del Biobío: El 3 de abril se fiscalizó el proyecto “Cantera Fundo Palco Chuponal”, emplazado en la comuna de Coronel, en conjunto con la Dirección de Vialidad y Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). En la inspección se verificó el método de explotación, sistema de aguas lluvias, intervención a cuerpos de agua y manejo forestal de la empresa -este último en el marco de una denuncia ciudadana. Junto a lo anterior, se recorrió por el área de procesamiento y de la cantera. Región de Los Ríos: El 17 de abril se fiscalizó en conjunto con Vialidad, Conadi, y el SAG, el proyecto “Aumento de Extracción y Procesamiento Pozo Vega Tercera Forestal Arauco S.A.”, ubicado en la comuna de La Unión. Este proyecto realiza una extracción de áridos provenientes de un pozo lastrero, identificado como Pozo Vega Tercera, ubicado en predios forestales. Respecto a las materias revisadas, se encuentra el estado del proyecto, manejo de emisiones acústicas, ejecución de plan de acción a vecinos, medidas para el control del tránsito vehicular, ejecución de compromisos para fauna silvestre, y medidas de contingencia para erosión. Últimos Procedimientos Sancionatorios Además de la Estrategia de Áridos, durante 2023 la Superintendencia del Medio Ambiente ha iniciado una serie de procedimientos sancionatorios relacionados a este rubro. Entre ellos se encuentra el caso de Inversiones León Zavala Limitada, titular del proyecto “Cantera Fundo El Pellín Áridos León Zavala”, ubicado en la comuna de Penco, Región del Biobío. Por este caso, la SMA recibió cinco denuncias relacionadas a la extracción de áridos sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental, y por afectación a la flora y fauna de la zona (monitos del monte, tala de queules, entre otras especies). Dentro de las actividades de fiscalización se pudo constatar que el titular se encontraba ejecutando el proyecto con más de 100.000 m3 totales de material removido durante su vida útil, en una superficie superior a 5 hectáreas, que generaba efectos previstos en el artículo 11 de la Ley N°19.300 (sobre las Bases Generales del Medio Ambiente), sin contar con el permiso ambiental respectivo. A raíz de estos antecedentes, en 2023 la Superintendencia formuló un cargo contra la empresa que fue clasificado como gravísimo. Actualmente, el titular se encuentra con un Programa de Cumplimiento en ejecución. Por otra parte, en marzo de 2023 se formularon cargos a la Minera Júpiter Primera, ubicada en la comuna de Maipú, debido a la ejecución de un proyecto de extracción de áridos -con un total de más de 100 mil metros cúbicos de material removido en un pozo lastrero- al interior del fundo La Rinconada de Lo Espejo, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental. Además, en agosto de 2023 se inició un procedimiento sancionatorio contra Canteras Chacabuco -con la formulación de un cargo grave y uno leve- por incumplimientos a su permiso ambiental, relacionados con las medidas de control para el manejo de emisiones de material particulado que le fueron exigidas para su fase de operación. En tanto, en enero de 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó con una multa de 618 Unidades Tributarias Anuales (UTA) -equivalentes a más de $477 millones- a la empresa Transportes Terranova SPA, titular del proyecto “Extracción de Áridos Terranova”, ubicado en la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. La configuración de la infracción fue clasificada como grave, luego de que se constatara una extracción de áridos sin contar con la RCA requerida para este tipo de proyectos. Durante esta investigación se pudo verificar la ejecución de un proyecto de extracción industrial de áridos que superaba los diez mil metros cúbicos de material removido en el mes de noviembre de 2018; y que superaba los cien mil metros cúbicos totales de material removido durante la vida útil del proyecto (2018-2019), sin contar con una RCA que lo autorice.
Vuelve a surgir un alivio para Nova Austral, salmonera que cuenta con operaciones en Magallanes, y que atraviesa una compleja situación económica. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas resolvió suspender la liquidación de la empresa de capitales noruegos, luego de que Ewos presentara un recurso de hecho en contra de la resolución del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir que había declarado la quiebra de la productora de salmones. En su resolución el tribunal de alzada acogió una orden de no innovar solicitada por Ewos, paralizando el proceso de liquidación de la salmonera. El 14 de mayo el juez Pablo Aceituno del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir dictó una resolución de liquidación refleja en contra de la salmonera de capitales noruegos, acogiendo las impugnaciones que presentaron dos de sus acreedores: Nutreco y Salmonera Dalcahue Limitada, los cuales no estaban conformes con los términos del plan de reorganización. La resolución del tribunal de alzada, dictada por los ministros Jorge Kusanovic y Caroline Turner, y el fiscal de la Corte, Pablo Miño, viene a ser un tanque de oxígeno para la salmonera y sus 3.600 trabajadores que se verían afectados por la quiebra de la compañía. Por su parte, Nutreco, representada por el abogado Fernando Urrutia, socio de Cariola Diez Pérez-Cotapos, presentó un escrito ante la Corre de Apelaciones de Punta Arenas en el marco del reclamo de Ewos. En su presentación, Nutreco sostuvo que Ewos no tiene legitimación activa para apelar la sentencia ya que no participó en el incidente de impugnación. También solicitó que su recurso fuera rechazado. En su escrito, Nutreco cuestionó la orden de no innovar solicitada por Ewos, señalando que los efectos de la sentencia que dejó sin efecto el acuerdo de reorganización ya se produjeron y que la medida solo generaría incertidumbre. Nova Austral también había presentado un recurso de apelación en contra de la resolución del magistrado que declaró la liquidación. En aquella oportunidad, la salmonera a través de un comunicado señaló: “La sentencia de primer grado incurre en errores graves. Acogió impugnaciones al acuerdo de reorganización por considerarlas ‘contrarias a la ley’ y constitutivas de un acuerdo indebido, a pesar de aprobarse con todos los requisitos legales, con la aprobación de más de 2/3 de los discriminados y en una junta deliberativa que se desarrolló en presencia del propio Tribunal a Quo”. Al solicitar su reorganización el 22 de junio de 2023, Nova Austral indicó que sus pasivos suman US$559 millones ($449.636 millones). Los tres mayores acreedores son: Nordic Trustee (US$415 millones); DNB Bank (US$69 millones) y Skretting (US$23 millones). También sostuvo que el desempeño de la empresa se ha visto afectado por una serie de factores que le han impedido el normal desarrollo de su giro. Entre ellos, las duras sanciones que recibió por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), explicó en su solicitud de reorganización. Nova Austral cuenta con la asesoría legal de Ricardo Reveco, socio de Carey. Fuente: latercera.com
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) informa que, con fecha 01 de abril de 2024, en causa rol N°9-2023, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de apelación deducido por esta Superintendencia, en contra de la sentencia del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, que resolvió dejar sin efecto la resolución que sancionó a Nova Austral S.A. con 1.300 Unidades Tributarias Anuales (UTA) -equivalentes a más de $900 millones valor UTA de la época- y retrotraer el procedimiento a la etapa de formulación de cargos. De esta forma, la Corte resolvió que la sanción se mantiene en todas sus partes por no adolecer de vicio de ilegalidad alguno, condenando con costas a la empresa. Estimó que “(…) es claro que la competencia del Tribunal Ambiental está circunscrita a los aspectos legales o jurídicos de la resolución reclamada, sin que corresponda por esta vía analizar el mérito del asunto, sea asociado a la prueba, descargos y demás antecedentes sobrevinientes que pudieran surgir en el curso del proceso, y como consecuencia del derecho de defensa que en la especie efectivamente se ejerció”. En tal sentido, agregó que no resulta pertinente revocar actos anteriores como corolario de evidencias posteriores, lo que importaría una revisión indebida, inoportuna y por cierto inadecuada que excede el ámbito de sus atribuciones so pretexto de intervenir en el análisis de fondo o del o del mérito del asunto controvertido, invadiendo el objeto de las atribuciones propias y privativas de la Superintendencia. Revocaciones RCA Es importante recordar que, en julio de 2022, la Superintendencia resolvió revocar las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de otros centros de engorda (CES) de Nova Austral, dada la superación reiterativa de los límites de producción autorizados para la empresa, lo que generó daño ambiental en el Parque Nacional Alberto de Agostini, Región de Magallanes. En contra de dichas resoluciones, el titular presentó recursos de reclamación, que fueron acogidas por el Tercer Tribunal Ambiental, dejando sin efecto las sanciones. La Superintendencia del Medio Ambiente presentó recursos de casación en la forma y en el fondo contra las tres sentencias del Tribunal Ambiental, los que se encuentran en tramitación ante la Excma. Corte Suprema, la que deberá pronunciarse respecto a la legalidad de las sentencias y de las resoluciones de la SMA (roles 248419-2023, 251034-2023 y 3762-2024).
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) realizó la segunda notificación masiva del año a titulares de 255 Centros de Engorda de Salmones (CES), relacionadas a la producción de sus ciclos productivos en curso, en el marco de la Estrategia de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental de CES y la Estrategia de Inteligencia Ambiental, que se comenzó a implementar, para temas productivos de CES, en septiembre del año pasado con el objetivo de fortalecer las labores de prevención y así evitar la sobreproducción del sector. La notificación de aviso se envió el 31 de mayo vía correo electrónico a los titulares de CES ubicados en la parte austral del país: 103 de la Región de Los Lagos, 111 de la Región de Aysén y 41 de la Región de Magallanes. El reporte incluyó la estimación de la producción a la fecha y su evaluación en función del límite máximo autorizado en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) respectiva. ¿Cómo funciona? Esta medida es realizada gracias a un inédito sistema creado por la SMA, consistente en un algoritmo que permite estimar la producción de centros con ciclos en curso y ser informada, posteriormente, a los titulares a través de reportes masivos de análisis, con el objetivo de que implementen las acciones preventivas necesarias para evitar exceder el máximo autorizado en su RCA al finalizar el ciclo productivo. “La SMA busca promover el cumplimiento ambiental de la industria. Con estos reportes, los titulares serán alertados respecto de cómo va su nivel de producción según lo permitido en su permiso ambiental, para que se ajusten a ello. Ya lo hemos indicado, el cumplimiento ambiental debe ser imperativo para las empresas, es parte de las reglas del juego”, señaló la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer. Los reportes utilizan datos actualizados obtenidos desde el Sistema de Información de Fiscalización de Acuicultura (SIFA) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), e incluye la identificación de la Unidad Fiscalizable, -identificación del titular, ubicación geográfica y código del centro en el Registro Nacional de Acuicultura (RNA)-, además de la Resolución de Calificación Ambiental que establece su producción máxima autorizada, y la producción efectiva estimada a la fecha. El primer reporte masivo se envió en septiembre de 2023 a 237 CES del sur del país, y durante enero de este año se realizó el segundo reporte masivo a 223 CES (primero del año 2024). Cabe recordar que, esto es solo un reporte de producción estimada, y que la fiscalización ambiental respecto de la producción del sector acuícola se realiza a través de la información proporcionada por Sernapesca, a fin de año, una vez terminado el ciclo productivo.
En el marco de la Estrategia de Fiscalización de Áridos que se comenzó a desarrollar a fines de 2023, durante el primer cuatrimestre de este año, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) realizó una serie de inspecciones ambientales a titulares de proyectos de extracción de áridos de distintas regiones del centro y sur del país. En específico, las actividades de fiscalización se llevaron a cabo en las regiones de Ñuble, Biobío, Los Ríos, Aysén y Magallanes. La Estrategia de Fiscalización de Áridos de la SMA tiene como objetivo abordar y gestionar el riesgo ambiental que genera esta actividad y, así, dar respuesta a la gran cantidad de denuncias recibidas. Esto, considerando que se trata de un sector especialmente complejo, dado que existe un gran número de extracciones que se encuentra fuera de la institucionalidad ambiental; sus intervenciones se caracterizan por la rapidez de las mismas; y por la afectación que generan a componentes del suelo, biodiversidad y/o salud de las personas (ruido y material particulado). Dentro de esta estrategia -que contempla una priorización por riesgo o afectación ambiental- se ha establecido una coordinación con distintos organismos sectoriales, como el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y el Ministerio Público. La Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó que la fiscalización a proyectos vinculados a la extracción de áridos “es una materia que el organismo está priorizando, dado el impacto ambiental que genera la actividad y las dificultades que la caracterizan”. En esta línea, sostuvo que “esto implica no solo establecer una priorización por riesgo o afectación, sino, también, fortalecer el trabajo de coordinación con los organismos sectoriales a nivel regional y con el Ministerio Público, con el objetivo de optimizar todas las herramientas disponibles a fin de dar una respuesta rápida y efectiva”. Por otra parte, la jefa de la División de Fiscalización de la SMA, Claudia Pastore, explicó que “la Estrategia de Áridos va acompañada de un fortalecimiento respecto de la calidad y de cómo se fiscaliza. Un ejemplo de ello es el uso significativo de herramientas digitales para la mejor identificación del impacto de la actividad”. En tanto, el jefe regional de Ñuble, Cristian Lineros, agregó que “los lineamientos de la estrategia son expresión de la experiencia y conocimiento que la SMA ha adquirido en esta materia en los últimos años”. Actividades de fiscalización Región de Aysén: La primera actividad de fiscalización se realizó el 21 de marzo al proyecto de “Extracción Áridos Finlez Aysén”, ubicado en Ruta 240, km 18 (único pozo de extracción que cuenta con RCA en la región), en conjunto con funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad y del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. La fiscalización consideró como aspectos ambientalmente relevantes la infraestructura construida (oficina y baño para personal, estacionamientos, área de pesaje de camiones); la habilitación de la vía de acceso desde la ruta 240; la construcción de bodega de residuos peligrosos; áreas de acopio material de rechazo y área de extracción. Región de Ñuble: El 22 de marzo se concretó una inspección en la unidad fiscalizable “Extracción Mecanizada de Áridos Laja”, ubicada en la comuna de Yungay, que consiste en la extracción de áridos desde un pozo lastre (se mantiene en operación desde agosto del año 2000). Las materias fiscalizadas -junto a la Dirección General de Aguas y Vialidad Regional- fueron relativas a las áreas y condiciones de extracción, ruidos y al estado de restauración del cauce. Además, se realizó una revisión mediante un drone en toda la zona de extracción y en el Río Laja, con el fin de constatar las condiciones actuales del área de influencia. Región de Magallanes: El 27 de marzo se fiscalizó el proyecto “Pozo Emprestito Zúñiga”, ubicado en la Ruta 9 Norte, km 251, comuna de Natales, cuyo titular es la empresa Serviaustral Ltda. Durante la inspección se constató la operación del proyecto, reposición de áreas intervenidas, manejo de piscinas de sedimentación, y manejo de emisiones atmosféricas. La fiscalización ambiental se desarrolló en conjunto con la DGA y la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Región del Biobío: El 3 de abril se fiscalizó el proyecto “Cantera Fundo Palco Chuponal”, emplazado en la comuna de Coronel, en conjunto con la Dirección de Vialidad y Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). En la inspección se verificó el método de explotación, sistema de aguas lluvias, intervención a cuerpos de agua y manejo forestal de la empresa -este último en el marco de una denuncia ciudadana. Junto a lo anterior, se recorrió por el área de procesamiento y de la cantera. Región de Los Ríos: El 17 de abril se fiscalizó en conjunto con Vialidad, Conadi, y el SAG, el proyecto “Aumento de Extracción y Procesamiento Pozo Vega Tercera Forestal Arauco S.A.”, ubicado en la comuna de La Unión. Este proyecto realiza una extracción de áridos provenientes de un pozo lastrero, identificado como Pozo Vega Tercera, ubicado en predios forestales. Respecto a las materias revisadas, se encuentra el estado del proyecto, manejo de emisiones acústicas, ejecución de plan de acción a vecinos, medidas para el control del tránsito vehicular, ejecución de compromisos para fauna silvestre, y medidas de contingencia para erosión. Últimos Procedimientos Sancionatorios Además de la Estrategia de Áridos, durante 2023 la Superintendencia del Medio Ambiente ha iniciado una serie de procedimientos sancionatorios relacionados a este rubro. Entre ellos se encuentra el caso de Inversiones León Zavala Limitada, titular del proyecto “Cantera Fundo El Pellín Áridos León Zavala”, ubicado en la comuna de Penco, Región del Biobío. Por este caso, la SMA recibió cinco denuncias relacionadas a la extracción de áridos sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental, y por afectación a la flora y fauna de la zona (monitos del monte, tala de queules, entre otras especies). Dentro de las actividades de fiscalización se pudo constatar que el titular se encontraba ejecutando el proyecto con más de 100.000 m3 totales de material removido durante su vida útil, en una superficie superior a 5 hectáreas, que generaba efectos previstos en el artículo 11 de la Ley N°19.300 (sobre las Bases Generales del Medio Ambiente), sin contar con el permiso ambiental respectivo. A raíz de estos antecedentes, en 2023 la Superintendencia formuló un cargo contra la empresa que fue clasificado como gravísimo. Actualmente, el titular se encuentra con un Programa de Cumplimiento en ejecución. Por otra parte, en marzo de 2023 se formularon cargos a la Minera Júpiter Primera, ubicada en la comuna de Maipú, debido a la ejecución de un proyecto de extracción de áridos -con un total de más de 100 mil metros cúbicos de material removido en un pozo lastrero- al interior del fundo La Rinconada de Lo Espejo, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental. Además, en agosto de 2023 se inició un procedimiento sancionatorio contra Canteras Chacabuco -con la formulación de un cargo grave y uno leve- por incumplimientos a su permiso ambiental, relacionados con las medidas de control para el manejo de emisiones de material particulado que le fueron exigidas para su fase de operación. En tanto, en enero de 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó con una multa de 618 Unidades Tributarias Anuales (UTA) -equivalentes a más de $477 millones- a la empresa Transportes Terranova SPA, titular del proyecto “Extracción de Áridos Terranova”, ubicado en la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. La configuración de la infracción fue clasificada como grave, luego de que se constatara una extracción de áridos sin contar con la RCA requerida para este tipo de proyectos. Durante esta investigación se pudo verificar la ejecución de un proyecto de extracción industrial de áridos que superaba los diez mil metros cúbicos de material removido en el mes de noviembre de 2018; y que superaba los cien mil metros cúbicos totales de material removido durante la vida útil del proyecto (2018-2019), sin contar con una RCA que lo autorice.
Vuelve a surgir un alivio para Nova Austral, salmonera que cuenta con operaciones en Magallanes, y que atraviesa una compleja situación económica. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas resolvió suspender la liquidación de la empresa de capitales noruegos, luego de que Ewos presentara un recurso de hecho en contra de la resolución del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir que había declarado la quiebra de la productora de salmones. En su resolución el tribunal de alzada acogió una orden de no innovar solicitada por Ewos, paralizando el proceso de liquidación de la salmonera. El 14 de mayo el juez Pablo Aceituno del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir dictó una resolución de liquidación refleja en contra de la salmonera de capitales noruegos, acogiendo las impugnaciones que presentaron dos de sus acreedores: Nutreco y Salmonera Dalcahue Limitada, los cuales no estaban conformes con los términos del plan de reorganización. La resolución del tribunal de alzada, dictada por los ministros Jorge Kusanovic y Caroline Turner, y el fiscal de la Corte, Pablo Miño, viene a ser un tanque de oxígeno para la salmonera y sus 3.600 trabajadores que se verían afectados por la quiebra de la compañía. Por su parte, Nutreco, representada por el abogado Fernando Urrutia, socio de Cariola Diez Pérez-Cotapos, presentó un escrito ante la Corre de Apelaciones de Punta Arenas en el marco del reclamo de Ewos. En su presentación, Nutreco sostuvo que Ewos no tiene legitimación activa para apelar la sentencia ya que no participó en el incidente de impugnación. También solicitó que su recurso fuera rechazado. En su escrito, Nutreco cuestionó la orden de no innovar solicitada por Ewos, señalando que los efectos de la sentencia que dejó sin efecto el acuerdo de reorganización ya se produjeron y que la medida solo generaría incertidumbre. Nova Austral también había presentado un recurso de apelación en contra de la resolución del magistrado que declaró la liquidación. En aquella oportunidad, la salmonera a través de un comunicado señaló: “La sentencia de primer grado incurre en errores graves. Acogió impugnaciones al acuerdo de reorganización por considerarlas ‘contrarias a la ley’ y constitutivas de un acuerdo indebido, a pesar de aprobarse con todos los requisitos legales, con la aprobación de más de 2/3 de los discriminados y en una junta deliberativa que se desarrolló en presencia del propio Tribunal a Quo”. Al solicitar su reorganización el 22 de junio de 2023, Nova Austral indicó que sus pasivos suman US$559 millones ($449.636 millones). Los tres mayores acreedores son: Nordic Trustee (US$415 millones); DNB Bank (US$69 millones) y Skretting (US$23 millones). También sostuvo que el desempeño de la empresa se ha visto afectado por una serie de factores que le han impedido el normal desarrollo de su giro. Entre ellos, las duras sanciones que recibió por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), explicó en su solicitud de reorganización. Nova Austral cuenta con la asesoría legal de Ricardo Reveco, socio de Carey. Fuente: latercera.com
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) informa que, con fecha 01 de abril de 2024, en causa rol N°9-2023, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de apelación deducido por esta Superintendencia, en contra de la sentencia del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, que resolvió dejar sin efecto la resolución que sancionó a Nova Austral S.A. con 1.300 Unidades Tributarias Anuales (UTA) -equivalentes a más de $900 millones valor UTA de la época- y retrotraer el procedimiento a la etapa de formulación de cargos. De esta forma, la Corte resolvió que la sanción se mantiene en todas sus partes por no adolecer de vicio de ilegalidad alguno, condenando con costas a la empresa. Estimó que “(…) es claro que la competencia del Tribunal Ambiental está circunscrita a los aspectos legales o jurídicos de la resolución reclamada, sin que corresponda por esta vía analizar el mérito del asunto, sea asociado a la prueba, descargos y demás antecedentes sobrevinientes que pudieran surgir en el curso del proceso, y como consecuencia del derecho de defensa que en la especie efectivamente se ejerció”. En tal sentido, agregó que no resulta pertinente revocar actos anteriores como corolario de evidencias posteriores, lo que importaría una revisión indebida, inoportuna y por cierto inadecuada que excede el ámbito de sus atribuciones so pretexto de intervenir en el análisis de fondo o del o del mérito del asunto controvertido, invadiendo el objeto de las atribuciones propias y privativas de la Superintendencia. Revocaciones RCA Es importante recordar que, en julio de 2022, la Superintendencia resolvió revocar las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de otros centros de engorda (CES) de Nova Austral, dada la superación reiterativa de los límites de producción autorizados para la empresa, lo que generó daño ambiental en el Parque Nacional Alberto de Agostini, Región de Magallanes. En contra de dichas resoluciones, el titular presentó recursos de reclamación, que fueron acogidas por el Tercer Tribunal Ambiental, dejando sin efecto las sanciones. La Superintendencia del Medio Ambiente presentó recursos de casación en la forma y en el fondo contra las tres sentencias del Tribunal Ambiental, los que se encuentran en tramitación ante la Excma. Corte Suprema, la que deberá pronunciarse respecto a la legalidad de las sentencias y de las resoluciones de la SMA (roles 248419-2023, 251034-2023 y 3762-2024).