Por segunda vez en el año, sesionó esta semana la Mesa Regional de Coordinación Interinstitucional de ADN CODIS y Verificación de Identidad, que integra distintos servicios vinculados al funcionamiento del Sistema Nacional de Registro de ADN: SEREMÍA de Justicia y DD.HH. (que la convoca), Servicio Médico Legal (SML), Poder Judicial, Ministerio Público, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros, Gendarmería y Servicio de Registro Civil e Identificación. El objetivo de la Mesa ADN CODIS es coordinar el correcto funcionamiento a nivel regional del denominado Sistema de Índice Combinado de ADN. Esta herramienta centralizada se encuentra regulada por la Ley N°19.970, y permite generar una base de datos nacional disponible para mejorar los procesos investigativos penales, facilitando las búsquedas genéticas en forma masiva a nivel de los distintos tipos de registro que integran el Sistema Nacional de Registro de ADN. El Director Regional del Servicio Médico Legal (SML), Dr. René Castro, destacó que su servicio se encarga de velar porque el Registro Nacional de ADN se incremente, a través de las distintas instituciones participantes, con el aporte de muestras recolectadas a nivel regional en el desarrollo de investigaciones penales en los cinco diferentes registros para el ingreso de datos: De condenados, De imputados, De evidencias y antecedentes, De víctimas y De desaparecidos y sus familiares. Junto con ello, relevó la coordinación permanente entre los diferentes actores del circuito con el propósito de verificar un funcionamiento regular del sistema, buscando resolver eventuales nudos críticos que se susciten para perfeccionar el registro. En la oportunidad, considerando las altas tasas de delitos sexuales existentes en la región, las distintas instituciones acordaron realizar una revisión respecto de las muestras de condenados por estos delitos, para verificar que se hayan ingresado efectivamente las huellas genéticas al registro nacional, realizando un minucioso seguimiento de estos casos, cuestión inédita en el desarrollo del trabajo de la mesa de ADN CODIS a nivel regional, que permitirá facilitar y fortalecer las investigaciones penales que se desarrollen por la comisión de delitos sexuales. Como mesa interinstitucional que viene funcionando de manera continua desde 2020, Lorena Pereira, Abogada Asesora de la Fiscalía Regional de Magallanes, resaltó una participación relevante del Ministerio Público en ella. Valoró la reactivación lograda en este último tiempo, pudiendo como actores articular una forma de cómo abordar los nudos críticos en materia de operatividad y la alimentación del sistema de la Ley 19.970 (sistema ADN CODIS). En ese sentido, agradeció a la Seremi de Justicia que los convoca, “porque de algún modo cada institución asume tareas conforme se van dando cada una de estas reuniones y luego van cotejando su cumplimiento o no”. Por su parte, Cristian Armijo, Juez Presidente del Juzgado de Garantía, indicó que los registros genéticos constituyen una prueba biológica de la mayor trascendencia y, como tal, “hay que tratarla con cuidado, no hacer que esto termine siendo un prejuzgamiento, pero evidentemente es una prueba importantísima. Y lo más importante es hacer un seguimiento de esto y que quede registrado. Que se haga efectivo lo que pretende el legislador”. Junto a ello, otro tema que se trató en la instancia fue el anuncio de una reestructuración del funcionamiento del Registro de ADN que lleva el SML. A propósito, Castro señaló que “tras un arduo trabajo, por parte de la Dirección Nacional del servicio, de mejoramiento y modernización de su orgánica institucional se definió la reestructuración de la Unidad de Genética Forense fusionándola con la Unidad de Registro Nacional de ADN”. Agregó que esta nueva estructura orgánica permitirá contar con mayor recurso humano y una infraestructura más robusta para dar respuesta a los retrasos en materia de análisis de muestras tras la pandemia, para mejorar y reducir la brecha generada producto de los largos años asociados a la contingencia sanitaria. A su vez, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, señaló que: “nuestro Gobierno y Ministerio han demostrado en diversas instancias su compromiso por la seguridad de todas las personas, a través del uso de las herramientas disponibles para fortalecer el sistema de justicia penal y la persecución de delitos. En ese sentido, la Ley N°19.970 determina facultades y competencias de los diversos organismos que intervienen en el sistema penal, siendo un instrumento de relevancia para la investigación criminal y, en nuestra región, resulta fundamental considerando las particularidades territoriales donde aquellos ilícitos de carácter sexual tienen elevadas tasas y generan un alto impacto social”. Así las cosas, valoró la nueva y robustecida estructura que reemplaza a la Unidad de Registro Nacional de ADN, y el trabajo que está desarrollando la mesa a nivel regional con la revisión de los registros de condenados por delitos sexuales.
Romy Vargas , madre del conscripto fallecido tras una marcha de instrucción militar en Putre, Franco Vargas, sostiene que el informe del Servicio Médico Legal (SML) que descartó intervención de terceros en su deceso no es verídico, pues afirma que el cadáver evidenciaba diversas lesiones al momento de concurrir ella a reconocerlo. La mujer contó que ella debió ser retirada de la sala del SML por su reacción emocional, y señaló que los comunicados emitidos por el Ejército fueron cambiando las versiones del hecho a medida que transcurrían los días. Me sacaron; el que se quedó ahí fue mi papá, mirando bien, y él pudo mirar más detalles y sí, dijo que tenía golpes, dice Romy Vargas. Yo me enteré que ahora el SML entregó un comunicado de que no hay participación de terceras personas, pero yo no sé si será el mismo papel que me dieron ese día; lo desconozco, porque si es uno nuevo, no me llegó a mí, explicó, señalando que su objetivo ahora es reunirse con el Presidente de Gabriel Boric. También pide que el comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, retire de las filas castrenses a quienes, según ella, son los responsables de la muerte de su hijo y del supuesto encubrimiento de sus causas. Lo digo con claridad: cuando yo me fui del Servicio Médico Legal, los militares entraron al Servicio Médico Legal en ese momento, cuando empezaron a hacer la autopsia, por lo que yo exijo una segunda autopsia, sin intervención de la Fiscalía Militar. A mi hijo lo acepté recién este miércoles, no llevo ni siquiera una semana, pero yo necesito esclarecer la verdad, enfatizó. SOLDADOS MANTIENEN VERSIÓN CONTRARIA AL EJÉRCITO Varios conscriptos del mismo regimiento al que pertenecía el soldado fallecido, la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco, han logrado salir de baja debido a la insistencia y gestión de sus familias. Ellos mantienen su relato de que se les obligó a marchar sin abrigo, que recibieron malos tratos y que dentro del regimiento existen malas condiciones, como chinches en los colchones y falta de implementos. Yo viví una agresión de parte de un teniente: se nos obligó a sacarnos el cargo para el frío extremo, se nos obligó a marchar solo a polera y camisa y nuestros instructores tampoco daban el ejemplo, porque ellos sí andaban abrigados, acusa el ahora exconscripto Cristóbal Sanhueza, quien acusa que fue pateado en la cabeza. Como experiencia propia de esa marcha, yo jamás había sentido un frío tan grande en mi vida, realmente sentí que iba a perder mis dedos; lloré por el frío y me opuse a mis instructores y no se me pescó, y muchos hicieron lo mismo. Y quiero dejarlo claro, que eso de que nosotros marchamos con abrigo, las fotos que están mostrando, no sé de qué instrucción será, pero no son de ese día de marcha, manifestó el exsoldado, quien insiste en que recibieronaporreos por parte de los instructores. 39 SOLDADOS DEJARON EL SERVICIO: FAMILIAS DICEN QUE NO TODOS HAN PODIDO RETIRARSE Sin embargo, no todos han tenido la misma suerte que Cristóbal para poder retirarse del servicio militar, ya que hay algunos soldados que, pese a los reclamos de sus familiares, no han podido salir dados de baja. Heidy Henríquez, madre de uno de ellos, acusa que se le está presionando para que su hijo firme un documento que declara que los conscriptos nunca recibieron malos tratos o, en caso contrario, la baja no ocurrirá. Es lo único que quería decir. Está muy asustado, ahora no quiere nada, lo único que quiere es salir de aquí e irnos a la casa. Y cuando llamaron del Ejército, él se asustó más. Se asustó más porque el Ejército me dice que él aún pertenece al Ejército y yo ayer anoche, cuando lo saqué, yo firmé el último papel, mi hijo firmó todo, explicó Henríquez. El único papel que no firmó él fue la declaración donde dice que a él no le hicieron ni un daño psicológico ni nada de eso. Él no quiso firmar ese papel, y el Ejército no le va a dar la baja hasta cuando lo vean allá, le hagan exámenes y el (personal) psiquiátrico le dé el alta. Y yo renuncié a todo eso. Yo ya no quiero nada con el Ejército, manifestó. Durante la tarde de este domingo, el Ejército informó que a las 16:00 horas despegó un avión institucional hacia Santiago con 30 conscriptos que dejaron el servicio militar, y que otros nueve fueron entregados a sus familias en Arica. Es decir, 39 jóvenes fueron dados de baja, de los 245 que se encontraban en instrucción en el cuestionado regimiento castrense. PARLAMENTARIOS PIDEN ESCLARECER LA SITUACIÓN Desde el Congreso, el diputado Rubén Oyarzo pidió una sesión especial para que se entreguen más antecedentes de este hecho, al igual que su par de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien ofició a la ministra de Defensa, Maya Fernández , y al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga. Además, el senador Gastón Saavedra (PS) advirtió que, en la Comisión de Defensa y Derechos Humanos de la Cámara Alta de este martes, pedirá explicaciones a la ministra Fernández y al Ejército por la salud de los soldados. A su vez, el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) anunció en redes sociales que solicitará la creación de una comisión investigadora en la Cámara Baja para esclarecer lo ocurrido. Hoy, en Mesa Central de Canal 13, defendió que en la eventual instancia no hay ninguna intención de perseguir a ninguna institución del Estado ni nada parecido: Franco Vargas quería ser soldado, él murió porque quería servir a la patria, quería defenderte a ti, defenderme a mí, defender a todos los que están viendo esto y por lo tanto no hay ningún ánimo de persecución. Fuente: cooperativa.cl
Esta mañana, René Castro Cid, el director regional del Servicio Médico Legal (SML), fue el invitado en el programa Buenos días región, transmitido por Polar Comunicaciones y conducido por el comunicador José Aguilante. Durante la entrevista, Castro Cid se dedicó a informar y aclarar las diversas funciones que cumple el SML en la región de Magallanes. El director regional destacó la importancia del SML en la identificación de personas y el análisis forense, esenciales en investigaciones criminales y procedimientos judiciales. Además, subrayó el rol del servicio en la realización de autopsias y en la asistencia a víctimas de delitos y accidentes. Puedes ver la entrevista aquí:
El Servicio Médico Legal (SML) cumple un rol auxiliar en la administración de Justicia a través de las ciencias forenses, destacando su trabajo mancomunado con las instituciones del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y DD.HH. Al respecto, un requerimiento relevante dentro de su labor especializada en medicina legal dice relación con las pericias psiquiátricas y las pericias psicológicas, donde destaca el esfuerzo permanente de esta entidad para responder a aquellos requerimientos de salud mental. Al respecto, el Dr. René Castro Cid, Director Regional del SML, reconoce una falta de psiquiatras como problema nacional que no afecta solamente al SML sino también en general al sistema de atención de salud y judicial. Si bien no cuentan con especialista de planta, resalta que han logrado cerrar brechas en materia de pericias psiquiátricas en la región, al contar por cuarto año con el Plan de Reducción de Brechas en Psiquiatría, con fondos sectoriales aportados por el Ministerio de Justicia y DD. HH. La continuidad de este programa permitió durante el primer trimestre del presente año la concurrencia de una especialista en el mes de marzo –tras la anterior visita en diciembre de 2023- para responder a solicitudes de los primeros tres meses del año y así liberar la brecha de atenciones al momento. De un total de 11 peritajes informados, indica que al final asistieron ocho personas convocadas y la profesional ya evacuó los respectivos informes. Castro acota que la mayoría de peritajes solicitados requieren establecer si una persona es imputable o no, en el sentido de verificar si la ocurrencia de un delito está asociada a una patología mental y si puede enfrentar un proceso judicial. Dentro de los desafíos para el presente año está el convocar a profesionales de la región, para invitarles a sumarse a este Plan. Para este fin planea reunirse con psiquiatras de la región, a fin de explicarles en qué consiste este trabajo y explorar si existe el interés para desarrollar peritajes bajo esta modalidad. La idea es ampliar el abanico de oportunidades de realización de peritajes, sobre todo en aquellos casos en que se requiere mayor premura en su resolución. En lo referido a los peritajes psicológicos, el profesional señala que tales evaluaciones, en la mayoría de los casos, tratan de establecer si hay algún daño psicológico asociado a un delito, en la condición de víctimas. También apuntan a determinar si hay alguna conducta o característica de la personalidad que pueda estar ligada a un hecho delictual, y que impida a una persona enfrentar en forma racional sus emociones (como la ira) pudiendo generar alguna conducta violenta. Esto se ve con frecuencia en causas de violencia intrafamiliar (VIF). También existen peritajes en materia penal o aquellos vinculados a protocolo de Estambul, cuando se requiere determinar si existe daño psicológico y físico, en casos de personas sometidas a tortura, o tratos vejatorios, inhumanos y degradantes. Acerca del impacto de las evaluaciones en los peritajes psicológicos desarrollados a nivel regional, aquellos asociados a VIF son los que mayor demanda generan, puntualiza que: “Un 67 por ciento de los peritajes agendados durante el primer trimestre de este año, corresponde a solicitudes del Tribunal de Familia de Punta Arenas, seguido de un 10 por ciento del Juzgado de Letras, Familia y Garantía de Puerto Natales. Al sumarlas, llega a más de un 75 por ciento el número de procedimientos periciales en el área de psicología relacionadas con familia. En menor escala, un 13 por ciento de los peritajes se asocian a solicitudes provenientes del Ministerio Público, y finalmente, algunas solicitudes específicas provienen desde las Cortes de Apelaciones o de algún tribunal laboral”. En suma, destaca que, pese a no tener psiquiatra, hasta el momento, y gracias al Plan de Reducción de Brechas en Psiquiatría, financiado con recursos del Ministerio de Justicia y DD. HH., y coordinado en conjunto con Dirección Nacional del SML, han podido dar respuesta a los constantes requerimientos en el área de psiquiatría forense. Respecto al peritaje en el área de salud mental, destaca el gran trabajo del equipo regional, desde las funcionarias administrativas -que coordinan las horas de agendamiento- hasta las peritas: psicólogas y trabajadora social, quienes desarrollan los peritajes y sus correspondientes informes. Juntas, gestionan constantemente la agenda, considerando la gran demanda. Eso sí, lamenta el gran porcentaje de personas que no asisten a los peritajes, pese a ser convocadas desde los Tribunales o Ministerio Público, y a indicárseles la necesidad de concurrir al peritaje y cumplir con horas que son escasas. No obstante, han diseñado a nivel regional un plan que les permite organizar el sistema de agendamiento y acortar espacios en materia de citaciones, considerando la brecha de demanda de peritajes. Lo empezaron a implementar a fines del año pasado y ha funcionado de manera continua, por lo que esperan evaluarlo periódicamente. Lo anterior ha sido socializado por el Director en diferentes reuniones sostenidas recientemente con autoridades judiciales. A ello se suma la intención de poder contar de aquí a unos años con más peritos en el área de salud mental para resolver esta brecha y cumplir requerimientos de sectores más apartados como Última Esperanza, Tierra del Fuego y la Provincia Antártica.
Recientemente, la delegada presidencial provincial de Última Esperanza, Romina Álvarez, junto a la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, se desplegaron por el territorio en una productiva agenda junto a los organismos públicos asociados a esta cartera. Se desarrolló en la Biblioteca Pública de Puerto Natales una plaza de justicia enmarcada en el programa Gobierno en Terreno para dar a conocer las temáticas y entregar apoyo en materias legales a la ciudadanía, a través de los servicios como: Registro Civil e Identificación; Gendarmería de Chile; Defensoría Penal Pública; Servicio Nacional de Migraciones; Corporación de Asistencia Judicial; Servicio Nacional de Menores; Servicio Médico Legal y Servicio Nacional del Consumidor. También se efectuó un comité provincial de Seguridad Pública, un diálogo ciudadano y un taller de trata de personas dictado por el Servicio Nacional de Migraciones, entre otras actividades para acercar las temáticas que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que buscan fortalecer la participación ciudadana, poniendo a disposición de las personas una oferta pública cercana y accesible. Una gran convocatorio tuvo el diálogo ciudadano participativo efectuado en la sede de la UCAM, que contó con la presencia de personas mayores, servicios públicos y programas que ejecuta la Delegación en la provincia. La delegada Romina Álvarez destacó el objetivo del desplazamiento de los organismos de Justicia, indicando que es importante relacionarse de manera efectiva y cercana con las personas, manteniendo una escucha activa y valorando el diálogo con la comunidad. “Visibilizamos con hechos concretos lo que significa el mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, llegando a cada rincón del territorio, descentralizando y promoviendo mayores y mejores ejes de seguridad en toda la provincia”, resaltó la delegada. Por su parte, la seremi de Justicia y DD.HH., recalcó que “discutimos diversos temas vinculados al acceso a la justicia en territorios como Puerto Edén, Torres del Paine, y mejorar nuestro sistema de gestión y atención de usuarios y usuarias que requieren patrocinio jurídico en causas penales, civiles, pero también pensando en la mediación comunitaria”. En tanto, la coordinadora de Seguridad Pública, Carla Barrientos dijo que “esto es parte del Estado presente donde la Subsecretaría seguirán durante este año, acompañando a los municipios de nuestra región, a través del sistema nacional de seguridad municipal donde entregaremos recursos sin concursabilidad y sin competencia para seguir siendo la región más segura de Chile”.
Por segunda vez en el año, sesionó esta semana la Mesa Regional de Coordinación Interinstitucional de ADN CODIS y Verificación de Identidad, que integra distintos servicios vinculados al funcionamiento del Sistema Nacional de Registro de ADN: SEREMÍA de Justicia y DD.HH. (que la convoca), Servicio Médico Legal (SML), Poder Judicial, Ministerio Público, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros, Gendarmería y Servicio de Registro Civil e Identificación. El objetivo de la Mesa ADN CODIS es coordinar el correcto funcionamiento a nivel regional del denominado Sistema de Índice Combinado de ADN. Esta herramienta centralizada se encuentra regulada por la Ley N°19.970, y permite generar una base de datos nacional disponible para mejorar los procesos investigativos penales, facilitando las búsquedas genéticas en forma masiva a nivel de los distintos tipos de registro que integran el Sistema Nacional de Registro de ADN. El Director Regional del Servicio Médico Legal (SML), Dr. René Castro, destacó que su servicio se encarga de velar porque el Registro Nacional de ADN se incremente, a través de las distintas instituciones participantes, con el aporte de muestras recolectadas a nivel regional en el desarrollo de investigaciones penales en los cinco diferentes registros para el ingreso de datos: De condenados, De imputados, De evidencias y antecedentes, De víctimas y De desaparecidos y sus familiares. Junto con ello, relevó la coordinación permanente entre los diferentes actores del circuito con el propósito de verificar un funcionamiento regular del sistema, buscando resolver eventuales nudos críticos que se susciten para perfeccionar el registro. En la oportunidad, considerando las altas tasas de delitos sexuales existentes en la región, las distintas instituciones acordaron realizar una revisión respecto de las muestras de condenados por estos delitos, para verificar que se hayan ingresado efectivamente las huellas genéticas al registro nacional, realizando un minucioso seguimiento de estos casos, cuestión inédita en el desarrollo del trabajo de la mesa de ADN CODIS a nivel regional, que permitirá facilitar y fortalecer las investigaciones penales que se desarrollen por la comisión de delitos sexuales. Como mesa interinstitucional que viene funcionando de manera continua desde 2020, Lorena Pereira, Abogada Asesora de la Fiscalía Regional de Magallanes, resaltó una participación relevante del Ministerio Público en ella. Valoró la reactivación lograda en este último tiempo, pudiendo como actores articular una forma de cómo abordar los nudos críticos en materia de operatividad y la alimentación del sistema de la Ley 19.970 (sistema ADN CODIS). En ese sentido, agradeció a la Seremi de Justicia que los convoca, “porque de algún modo cada institución asume tareas conforme se van dando cada una de estas reuniones y luego van cotejando su cumplimiento o no”. Por su parte, Cristian Armijo, Juez Presidente del Juzgado de Garantía, indicó que los registros genéticos constituyen una prueba biológica de la mayor trascendencia y, como tal, “hay que tratarla con cuidado, no hacer que esto termine siendo un prejuzgamiento, pero evidentemente es una prueba importantísima. Y lo más importante es hacer un seguimiento de esto y que quede registrado. Que se haga efectivo lo que pretende el legislador”. Junto a ello, otro tema que se trató en la instancia fue el anuncio de una reestructuración del funcionamiento del Registro de ADN que lleva el SML. A propósito, Castro señaló que “tras un arduo trabajo, por parte de la Dirección Nacional del servicio, de mejoramiento y modernización de su orgánica institucional se definió la reestructuración de la Unidad de Genética Forense fusionándola con la Unidad de Registro Nacional de ADN”. Agregó que esta nueva estructura orgánica permitirá contar con mayor recurso humano y una infraestructura más robusta para dar respuesta a los retrasos en materia de análisis de muestras tras la pandemia, para mejorar y reducir la brecha generada producto de los largos años asociados a la contingencia sanitaria. A su vez, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, señaló que: “nuestro Gobierno y Ministerio han demostrado en diversas instancias su compromiso por la seguridad de todas las personas, a través del uso de las herramientas disponibles para fortalecer el sistema de justicia penal y la persecución de delitos. En ese sentido, la Ley N°19.970 determina facultades y competencias de los diversos organismos que intervienen en el sistema penal, siendo un instrumento de relevancia para la investigación criminal y, en nuestra región, resulta fundamental considerando las particularidades territoriales donde aquellos ilícitos de carácter sexual tienen elevadas tasas y generan un alto impacto social”. Así las cosas, valoró la nueva y robustecida estructura que reemplaza a la Unidad de Registro Nacional de ADN, y el trabajo que está desarrollando la mesa a nivel regional con la revisión de los registros de condenados por delitos sexuales.
Romy Vargas , madre del conscripto fallecido tras una marcha de instrucción militar en Putre, Franco Vargas, sostiene que el informe del Servicio Médico Legal (SML) que descartó intervención de terceros en su deceso no es verídico, pues afirma que el cadáver evidenciaba diversas lesiones al momento de concurrir ella a reconocerlo. La mujer contó que ella debió ser retirada de la sala del SML por su reacción emocional, y señaló que los comunicados emitidos por el Ejército fueron cambiando las versiones del hecho a medida que transcurrían los días. Me sacaron; el que se quedó ahí fue mi papá, mirando bien, y él pudo mirar más detalles y sí, dijo que tenía golpes, dice Romy Vargas. Yo me enteré que ahora el SML entregó un comunicado de que no hay participación de terceras personas, pero yo no sé si será el mismo papel que me dieron ese día; lo desconozco, porque si es uno nuevo, no me llegó a mí, explicó, señalando que su objetivo ahora es reunirse con el Presidente de Gabriel Boric. También pide que el comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, retire de las filas castrenses a quienes, según ella, son los responsables de la muerte de su hijo y del supuesto encubrimiento de sus causas. Lo digo con claridad: cuando yo me fui del Servicio Médico Legal, los militares entraron al Servicio Médico Legal en ese momento, cuando empezaron a hacer la autopsia, por lo que yo exijo una segunda autopsia, sin intervención de la Fiscalía Militar. A mi hijo lo acepté recién este miércoles, no llevo ni siquiera una semana, pero yo necesito esclarecer la verdad, enfatizó. SOLDADOS MANTIENEN VERSIÓN CONTRARIA AL EJÉRCITO Varios conscriptos del mismo regimiento al que pertenecía el soldado fallecido, la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco, han logrado salir de baja debido a la insistencia y gestión de sus familias. Ellos mantienen su relato de que se les obligó a marchar sin abrigo, que recibieron malos tratos y que dentro del regimiento existen malas condiciones, como chinches en los colchones y falta de implementos. Yo viví una agresión de parte de un teniente: se nos obligó a sacarnos el cargo para el frío extremo, se nos obligó a marchar solo a polera y camisa y nuestros instructores tampoco daban el ejemplo, porque ellos sí andaban abrigados, acusa el ahora exconscripto Cristóbal Sanhueza, quien acusa que fue pateado en la cabeza. Como experiencia propia de esa marcha, yo jamás había sentido un frío tan grande en mi vida, realmente sentí que iba a perder mis dedos; lloré por el frío y me opuse a mis instructores y no se me pescó, y muchos hicieron lo mismo. Y quiero dejarlo claro, que eso de que nosotros marchamos con abrigo, las fotos que están mostrando, no sé de qué instrucción será, pero no son de ese día de marcha, manifestó el exsoldado, quien insiste en que recibieronaporreos por parte de los instructores. 39 SOLDADOS DEJARON EL SERVICIO: FAMILIAS DICEN QUE NO TODOS HAN PODIDO RETIRARSE Sin embargo, no todos han tenido la misma suerte que Cristóbal para poder retirarse del servicio militar, ya que hay algunos soldados que, pese a los reclamos de sus familiares, no han podido salir dados de baja. Heidy Henríquez, madre de uno de ellos, acusa que se le está presionando para que su hijo firme un documento que declara que los conscriptos nunca recibieron malos tratos o, en caso contrario, la baja no ocurrirá. Es lo único que quería decir. Está muy asustado, ahora no quiere nada, lo único que quiere es salir de aquí e irnos a la casa. Y cuando llamaron del Ejército, él se asustó más. Se asustó más porque el Ejército me dice que él aún pertenece al Ejército y yo ayer anoche, cuando lo saqué, yo firmé el último papel, mi hijo firmó todo, explicó Henríquez. El único papel que no firmó él fue la declaración donde dice que a él no le hicieron ni un daño psicológico ni nada de eso. Él no quiso firmar ese papel, y el Ejército no le va a dar la baja hasta cuando lo vean allá, le hagan exámenes y el (personal) psiquiátrico le dé el alta. Y yo renuncié a todo eso. Yo ya no quiero nada con el Ejército, manifestó. Durante la tarde de este domingo, el Ejército informó que a las 16:00 horas despegó un avión institucional hacia Santiago con 30 conscriptos que dejaron el servicio militar, y que otros nueve fueron entregados a sus familias en Arica. Es decir, 39 jóvenes fueron dados de baja, de los 245 que se encontraban en instrucción en el cuestionado regimiento castrense. PARLAMENTARIOS PIDEN ESCLARECER LA SITUACIÓN Desde el Congreso, el diputado Rubén Oyarzo pidió una sesión especial para que se entreguen más antecedentes de este hecho, al igual que su par de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien ofició a la ministra de Defensa, Maya Fernández , y al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga. Además, el senador Gastón Saavedra (PS) advirtió que, en la Comisión de Defensa y Derechos Humanos de la Cámara Alta de este martes, pedirá explicaciones a la ministra Fernández y al Ejército por la salud de los soldados. A su vez, el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) anunció en redes sociales que solicitará la creación de una comisión investigadora en la Cámara Baja para esclarecer lo ocurrido. Hoy, en Mesa Central de Canal 13, defendió que en la eventual instancia no hay ninguna intención de perseguir a ninguna institución del Estado ni nada parecido: Franco Vargas quería ser soldado, él murió porque quería servir a la patria, quería defenderte a ti, defenderme a mí, defender a todos los que están viendo esto y por lo tanto no hay ningún ánimo de persecución. Fuente: cooperativa.cl
Esta mañana, René Castro Cid, el director regional del Servicio Médico Legal (SML), fue el invitado en el programa Buenos días región, transmitido por Polar Comunicaciones y conducido por el comunicador José Aguilante. Durante la entrevista, Castro Cid se dedicó a informar y aclarar las diversas funciones que cumple el SML en la región de Magallanes. El director regional destacó la importancia del SML en la identificación de personas y el análisis forense, esenciales en investigaciones criminales y procedimientos judiciales. Además, subrayó el rol del servicio en la realización de autopsias y en la asistencia a víctimas de delitos y accidentes. Puedes ver la entrevista aquí:
El Servicio Médico Legal (SML) cumple un rol auxiliar en la administración de Justicia a través de las ciencias forenses, destacando su trabajo mancomunado con las instituciones del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y DD.HH. Al respecto, un requerimiento relevante dentro de su labor especializada en medicina legal dice relación con las pericias psiquiátricas y las pericias psicológicas, donde destaca el esfuerzo permanente de esta entidad para responder a aquellos requerimientos de salud mental. Al respecto, el Dr. René Castro Cid, Director Regional del SML, reconoce una falta de psiquiatras como problema nacional que no afecta solamente al SML sino también en general al sistema de atención de salud y judicial. Si bien no cuentan con especialista de planta, resalta que han logrado cerrar brechas en materia de pericias psiquiátricas en la región, al contar por cuarto año con el Plan de Reducción de Brechas en Psiquiatría, con fondos sectoriales aportados por el Ministerio de Justicia y DD. HH. La continuidad de este programa permitió durante el primer trimestre del presente año la concurrencia de una especialista en el mes de marzo –tras la anterior visita en diciembre de 2023- para responder a solicitudes de los primeros tres meses del año y así liberar la brecha de atenciones al momento. De un total de 11 peritajes informados, indica que al final asistieron ocho personas convocadas y la profesional ya evacuó los respectivos informes. Castro acota que la mayoría de peritajes solicitados requieren establecer si una persona es imputable o no, en el sentido de verificar si la ocurrencia de un delito está asociada a una patología mental y si puede enfrentar un proceso judicial. Dentro de los desafíos para el presente año está el convocar a profesionales de la región, para invitarles a sumarse a este Plan. Para este fin planea reunirse con psiquiatras de la región, a fin de explicarles en qué consiste este trabajo y explorar si existe el interés para desarrollar peritajes bajo esta modalidad. La idea es ampliar el abanico de oportunidades de realización de peritajes, sobre todo en aquellos casos en que se requiere mayor premura en su resolución. En lo referido a los peritajes psicológicos, el profesional señala que tales evaluaciones, en la mayoría de los casos, tratan de establecer si hay algún daño psicológico asociado a un delito, en la condición de víctimas. También apuntan a determinar si hay alguna conducta o característica de la personalidad que pueda estar ligada a un hecho delictual, y que impida a una persona enfrentar en forma racional sus emociones (como la ira) pudiendo generar alguna conducta violenta. Esto se ve con frecuencia en causas de violencia intrafamiliar (VIF). También existen peritajes en materia penal o aquellos vinculados a protocolo de Estambul, cuando se requiere determinar si existe daño psicológico y físico, en casos de personas sometidas a tortura, o tratos vejatorios, inhumanos y degradantes. Acerca del impacto de las evaluaciones en los peritajes psicológicos desarrollados a nivel regional, aquellos asociados a VIF son los que mayor demanda generan, puntualiza que: “Un 67 por ciento de los peritajes agendados durante el primer trimestre de este año, corresponde a solicitudes del Tribunal de Familia de Punta Arenas, seguido de un 10 por ciento del Juzgado de Letras, Familia y Garantía de Puerto Natales. Al sumarlas, llega a más de un 75 por ciento el número de procedimientos periciales en el área de psicología relacionadas con familia. En menor escala, un 13 por ciento de los peritajes se asocian a solicitudes provenientes del Ministerio Público, y finalmente, algunas solicitudes específicas provienen desde las Cortes de Apelaciones o de algún tribunal laboral”. En suma, destaca que, pese a no tener psiquiatra, hasta el momento, y gracias al Plan de Reducción de Brechas en Psiquiatría, financiado con recursos del Ministerio de Justicia y DD. HH., y coordinado en conjunto con Dirección Nacional del SML, han podido dar respuesta a los constantes requerimientos en el área de psiquiatría forense. Respecto al peritaje en el área de salud mental, destaca el gran trabajo del equipo regional, desde las funcionarias administrativas -que coordinan las horas de agendamiento- hasta las peritas: psicólogas y trabajadora social, quienes desarrollan los peritajes y sus correspondientes informes. Juntas, gestionan constantemente la agenda, considerando la gran demanda. Eso sí, lamenta el gran porcentaje de personas que no asisten a los peritajes, pese a ser convocadas desde los Tribunales o Ministerio Público, y a indicárseles la necesidad de concurrir al peritaje y cumplir con horas que son escasas. No obstante, han diseñado a nivel regional un plan que les permite organizar el sistema de agendamiento y acortar espacios en materia de citaciones, considerando la brecha de demanda de peritajes. Lo empezaron a implementar a fines del año pasado y ha funcionado de manera continua, por lo que esperan evaluarlo periódicamente. Lo anterior ha sido socializado por el Director en diferentes reuniones sostenidas recientemente con autoridades judiciales. A ello se suma la intención de poder contar de aquí a unos años con más peritos en el área de salud mental para resolver esta brecha y cumplir requerimientos de sectores más apartados como Última Esperanza, Tierra del Fuego y la Provincia Antártica.
Recientemente, la delegada presidencial provincial de Última Esperanza, Romina Álvarez, junto a la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, se desplegaron por el territorio en una productiva agenda junto a los organismos públicos asociados a esta cartera. Se desarrolló en la Biblioteca Pública de Puerto Natales una plaza de justicia enmarcada en el programa Gobierno en Terreno para dar a conocer las temáticas y entregar apoyo en materias legales a la ciudadanía, a través de los servicios como: Registro Civil e Identificación; Gendarmería de Chile; Defensoría Penal Pública; Servicio Nacional de Migraciones; Corporación de Asistencia Judicial; Servicio Nacional de Menores; Servicio Médico Legal y Servicio Nacional del Consumidor. También se efectuó un comité provincial de Seguridad Pública, un diálogo ciudadano y un taller de trata de personas dictado por el Servicio Nacional de Migraciones, entre otras actividades para acercar las temáticas que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que buscan fortalecer la participación ciudadana, poniendo a disposición de las personas una oferta pública cercana y accesible. Una gran convocatorio tuvo el diálogo ciudadano participativo efectuado en la sede de la UCAM, que contó con la presencia de personas mayores, servicios públicos y programas que ejecuta la Delegación en la provincia. La delegada Romina Álvarez destacó el objetivo del desplazamiento de los organismos de Justicia, indicando que es importante relacionarse de manera efectiva y cercana con las personas, manteniendo una escucha activa y valorando el diálogo con la comunidad. “Visibilizamos con hechos concretos lo que significa el mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, llegando a cada rincón del territorio, descentralizando y promoviendo mayores y mejores ejes de seguridad en toda la provincia”, resaltó la delegada. Por su parte, la seremi de Justicia y DD.HH., recalcó que “discutimos diversos temas vinculados al acceso a la justicia en territorios como Puerto Edén, Torres del Paine, y mejorar nuestro sistema de gestión y atención de usuarios y usuarias que requieren patrocinio jurídico en causas penales, civiles, pero también pensando en la mediación comunitaria”. En tanto, la coordinadora de Seguridad Pública, Carla Barrientos dijo que “esto es parte del Estado presente donde la Subsecretaría seguirán durante este año, acompañando a los municipios de nuestra región, a través del sistema nacional de seguridad municipal donde entregaremos recursos sin concursabilidad y sin competencia para seguir siendo la región más segura de Chile”.