​Desde septiembre de 2022, como una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el mandato del Presidente Gabriel Boric, Magallanes garantizó como región pionera un debido acceso a la justicia y defensa de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), a través de la silenciosa y efectiva labor de la línea de representación jurídica especializada de la Corporación de Asistencia Judicial “La Niñez y Adolescencia se Defienden” (NAD). Esto, enmarcado en la obligación que tiene el Estado de garantizar el desarrollo integral de la infancia y adolescencia al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 21.430, más conocida como “Ley de Garantías”.

A nivel regional, la NAD atiende a un universo de 1.791 causas vigentes relacionadas con NNA, en las cuales no existe la designación de un curador ad litem, quien es el encargado de velar por la defensa jurídica de estos y apoyar en todos aquellos futuros procesos proteccionales y contenciosos en que se requiera su representación. De ahí la relevancia de este programa, que vino a emparejar la cancha en una temática en la cual como sociedad nos encontrábamos al debe.

Una de los muchos usuarios y usuarias que han recurrido a este programa es V.A.D., 38 años, residente colombiana y madre de dos hijos de 14 y 18 años, quien vive hace más de seis años en Punta Arenas. Ella emigró a esta alejada región, exclusivamente por la difícil situación económica en su país. Primero se vino sola, en una dura travesía en bus de casi una semana. Aquí fue recibida por dos conocidos de su madre, y a los 10 meses pudo traer a su hijo menor y un año después a su hija mayor.

El tener una vida relativamente tranquila, destaca, fue lo que me “atrapó de la ciudad. Y yo quería esa tranquilidad y esa seguridad para mis hijos y acá se pudieron establecer, acoplar bien. Ellos dicen que definitivamente para Colombia no se regresan, a pasear de pronto, pero a vivir no”.

Sin embargo, en este proceso de adaptación y aclimatamiento, también sufrieron un duro golpe. Después de su llegada, ella se enamoró y se casó con un chileno, creyendo que era una persona pacífica y muy tranquila. En la convivencia diaria sufrieron de mucha violencia intrafamiliar, e incluso el año pasado se enteró que su hijo menor había sido víctima de abuso sexual en el seno de su hogar. Lo develó luego de dos años de sufrimiento. Tras la formalización, el caso está hoy en investigación.

En esta violenta circunstancia, sola con sus hijos, sin un contrato de trabajo y sólo haciendo reemplazos, entra la intervención de la NAD: “ha sido muy minucioso el seguimiento en el caso de mi hijo, muy detallado, no solamente la investigación sino que el ser completo: cómo está anímicamente, en su colegio, en la parte de salud, y eso igual me llena de tranquilidad, como de confianza, eso nos ha ayudado mucho”.

Ella agradece especialmente el gran apoyo brindado por los abogados Gonzalo Rojas y Eduardo Burgos frente a “algo que nadie le desea a ninguna mamá. De hecho, como inmigrantes aquí no tenemos una red de apoyo. Pero por lo menos podemos sentir que no estamos solos en este proceso, que alguien se está haciendo cargo, porque económicamente un abogado es sumamente costoso, pero nos han dado todo el apoyo incondicional, y (estamos) a la espera que el caso tenga un buen fin”.

Aporte especializado

Gonzalo Rojas Castillo, Coordinador Regional del Programa NAD, resumió el aporte integral e interdisciplinario de este programa en casos de vulneración extrema, a través de aspectos y acciones fundamentales como: la cercanía del equipo de trabajo a las necesidades del NNA; el trabajo en red con Salud, el Servicio de Protección Especializada y el programa de Identidad de Género del Hospital Clínico; y la presentación de querellas criminales, en casos que lo requieran, para lograr la sanción del agresor.

Por su parte, la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, subraya que en una región tan particular como Magallanes, con alta incidencia en delitos sexuales y violencia intrafamiliar en contextos vulnerables, el trabajo coordinado interinstitucional resulta fundamental a la hora de enfrentar problemas, cuya solución requiere de una respuesta decidida y sistemática por parte del Estado. Al respecto, destaca el trabajo que proporciona la NAD, siendo un programa con ocho funcionarios y funcionarias (coordinador regional, ⁠⁠cuatro abogados curadores ad litem, una administrativa y ⁠dos trabajadoras sociales, faltando por proveer el cargo de técnico jurídico).

Nada más concordante con la magnitud de su tarea a nivel regional, que el consignar que este 10 de julio sus profesionales tienen agendado un total de 21 audiencias en tribunales, debidamente distribuidas entre los profesionales del programa, que contó con un reforzamiento de su dotación en el 2024. Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, garantizar el acceso a la justicia es una tarea que debe reconocer que las necesidades de la ciudadanía en esta materia son múltiples y deben considerar las particularidades de cada una de las personas que la integran y del territorio que habitan. Siendo el trabajo que realiza esta línea especializada, de vital importancia para la protección de la infancia y adolescencia y el cumplimiento de las obligaciones que crea la ley de garantías a todas las instituciones que conforman el Estado.