14 de julio de 2024
¿PROHIBIR O REGULAR USO DE CELULARES?
Dra. Monona Valdés Cortez, Académica de la Facultad de Educación, U.Central.
La Municipalidad de Las Condes, establece a partir de este segundo semestre la implementación de la normativa en que los niños entre pre kínder y cuarto básico no pueden llevar teléfonos celulares o aparatos electrónicos a los recintos educativos; mientras que de quinto básico hasta cuarto medio no pueden hacer uso durante el horario de clases. En este contexto, se valora la iniciativa interpuesta por la alcaldesa, debido a que los efectos del uso de celular a temprana edad y específicamente en el contexto escolar, impacta directamente en los aprendizajes. Estudios demuestran que esos niños por el uso que le dan al móvil, el que está más cercano a la “distracción” con las redes sociales y las múltiples aplicaciones, tardan cerca de 20 minutos en volver a focalizar su atención.
El Plan de Reactivación Educativa que propone el Mineduc, es un imperativo para quienes trabajamos en la docencia, en este contexto, el desarrollo integral y emocional de los y las estudiantes, se verían beneficiados por tener mayor interacciones sociales con sus pares, por último se hace relevante considerar que los estudiantes de pre kínder a primer ciclo de educación básica, aún no cuentan con herramientas de autorregulación y gestión del tiempo para el uso de recursos tecnológicos, los que deben ser monitoreados por adultos.
No podemos desconocer que las nuevas generaciones cada vez más tempranamente acceden al uso de tecnologías, pero se hace necesario poder focalizar los esfuerzos en proponer regulaciones respecto al uso del celular, mas que su propia prohibición, considerando que estos se transforman en ocasiones en herramientas didácticas de interacción y potenciación de los aprendizajes. Sin embargo, el análisis debería enfocarse en su regulación, uso adecuado y autorregulación de los tiempos de uso de la tecnología, trabajo del que todos somos responsables, incluyendo a la familia, como pilar fundamental de buenas prácticas.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, acogió la demanda y que ordenó, además, el pago de la suma de $50.000.00 por concepto de daño moral y $5.199.582 por feriado legal y proporcional.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, acogió la demanda y que ordenó, además, el pago de la suma de $50.000.00 por concepto de daño moral y $5.199.582 por feriado legal y proporcional.
