La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, en forma unánime, condenó al Brigadier General (R) de Ejército, Orlando Carter Cuadra a la pena de 10 años y un día de presidio mayor, por los homicidios calificados de los militantes del MIR, Bautista Van Schouwen Vasey y Patricio Munita Castillo, hecho ocurrido el 14 de Diciembre de 1973, en la Avenida Américo Vespucio altura del 600 de la ciudad de Santiago.

Esto, luego que los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, rechazaran sendos recursos de casación en la forma y en el fondo presentados por la defensa del militar.

El abogado querellante y representante de los familiares de ambas víctimas, Nelson Caucoto Pereira, mostró su satisfacción con este fallo, señalando que “este es de aquellos casos destinados a no ser esclarecidos nunca más. Sin embargo, el desempeño de la justicia es destacable porque no han permitido que estos graves crímenes permanecieran en la impunidad, y han permitido desentrañar una compleja y sofisticada acción de inteligencia”.

En ese sentido indicó que “mientras exista voluntad por acometer el juzgamiento de estos crímenes de lesa humanidad como en este caso, no debieran existir delitos que permanezcan impunes y todos los crímenes de la dictadura pueden ser esclarecidos por el bien de Chile”.

Del mismo modo, Caucoto valoró la actividad desplegada por el abogado Ilan Sandberg, del Programa de Derechos Humanos. “Es altamente elogiable, pues él descubrió el expediente que dio cuenta de lo realizado por el Sr. Carter Cuadra con su patrulla el 14 de diciembre de 1973 “.

El condenado Orlando Carter, tiempo después de estos crímenes se casó con la hija mayor de Manuel Contreras. Ambos coincidieron en 1973 en el Regimiento de Tejas Verdes, unidad militar a la que pertenecía la patrulla que mató a las víctimas.

Las víctimas
Bautista Van Schouwen, médico de 31 años, fundador del MIR y uno de sus más carismático de sus dirigentes, fue detenido junto a Patricio Munita Castillo, 22 años, estudiante de derecho de la Universidad de Chile, quien cumplía funciones de custodio de Van Schouwen, el día 13 de diciembre de 1973, en la Parroquia de la Congregación de los Capuchinos, ubicada en calle Catedral 2345, por miembros de la DINA, encabezados por Marcelo Moren Brito.

En la oportunidad, también se detuvo al sacerdote Enrique White, quien habría sido la persona que les acogió en esa parroquia, siendo llevados a un recinto secreto de la DINA.

En la madrugada del día 14 de diciembre 1973, una patrulla militar compuesta por un oficial, un suboficial y dos conscriptos, dieron muerte a dos personas por infringir el toque de queda decretado en ese momento, con múltiples disparos por la espalda. La patrulla comprobó que no portaban documentos de identificación ni armamento, dejando abandonados los cuerpos en la vía pública. Las víctimas resultaron ser Van Schouwen y Munita, lo que se acreditó tiempo después a través de sus huellas dactilares.

Un sofisticado plan criminal
La investigación criminal para esclarecer la muerte de Van Schouwen y Munita Castillo, estuvo plagada de situaciones irregulares, que daban cuenta de un sofisticado accionar de inteligencia, con el objeto de confundir, dificultar o impedir el descubrimiento del accionar criminal.

De esta manera, se extraviaron en el SML los protocolos de autopsia, los cadáveres de las dos víctimas fueron sepultadas clandestinamente por personal de DINA, fuera del horario de trabajo y con la anuencia de autoridades del Cementerio General. Se les sepultó en el Patio 29 como “NN”, pero cuando la familia de Patricio Munita logró averiguar dónde habían sido inhumados y pudieron obtener la exhumación de su familiar y trasladarlo al Cementerio Católico, al día siguiente llegó personal de la DINA y exhumó a Bautista Van Schouwen, procediendo a incinerarlo, no sin antes detener al trabajador del Cementerio General que había inhumado a las víctimas y lo llevaron detenido al recinto de Londres 38, donde permaneció cerca de tres meses.

La madre de Patricio Munita, Lucía Castillo, era familiar de un ex comandante en jefe del Ejército, y prima del general Ernesto Baeza, en esa época Director de Investigaciones de Chile, quien había sido la autoridad que dio curso a la exhumación y traslado de los restos de Patricio Munita a otro recinto.

Esa participación del general Baeza le trajo problemas con Pinochet, quien había sido alertado por la DINA por sus actuaciones en este caso, con lo que se ganó una reprimenda del dictador y una velada amenaza.