En una democracia que se precia de tal, el principio de la responsabilidad política es uno de los fundamentos morales del Estado de Derecho y de la democracia.

Supone y se entiende por responsabilidad política a una condición en la que cada autoridad política elegida asume siempre y en toda circunstancia la responsabilidad moral y política respecto de todas sus decisiones, acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones públicas, así también como la de los funcionarios públicos subordinados y dependientes de su autoridad. La responsabilidad política no excluye la responsabilidad administrativa o jurídica o penal, sino que las complementa.

Desde esta perspectiva, toda autoridad política superior asume como propias las acciones y omisiones de los funcionarios que dependen de su cargo, siempre en el ejercicio de la función pública. Los errores, equivocaciones o actos irresponsables o ilegales de un subordinado en la administración pública -y en el marco de la función pública- son de responsabilidad política de la autoridad o jefatura superior que le corresponde, ya que es deber de esa autoridad velar permanentemente para que tales errores, equivocaciones o actos irresponsables o ilegales no ocurran ni se cometan.

“Entendemos que la responsabilidad política no se rige por el principio de legalidad, sino por el de oportunidad, y la única consecuencia sancionadora que se deriva de su exigencia es la pérdida del cargo político que se ocupe. Por otro lado, la responsabilidad política es, con frecuencia, de carácter objetivo.
Ello quiere decir que puede exigirse la responsabilidad política por la mera concurrencia de un hecho o, incluso, por la acción de un tercero, aunque la actuación objetiva del responsable no esté directamente vinculada al hecho generador de su responsabilidad.
La responsabilidad política no excluye la concurrencia de otras responsabilidades jurídicas, pero es ajena a ellas. Este tipo de responsabilidad puede ser exigida por quien designó a la persona para un determinado cargo o por la opinión pública y la ciudadanía, y consiste en la valoración de la gestión política del designado que concluye en la pérdida de la confianza que se había depositado en él cuando se le encomendó dicha gestión”.

Por su parte, en la experiencia democrática la plena comprensión del significado e implicancias de la responsabilidad política, incorpora un sentido del deber cívico en quienes ejercen cargos públicos, ya que el ejercicio de la responsabilidad política fortalece la percepción ciudadana mientras que el olvido de la responsabilidad, debilita la imagen que los ciudadanos tienen de las instituciones y de la democracia.

En un notable caso ejemplar de responsabilidad política, hace algunos años en Francia, fueron descubiertas muestras de sangre contaminada en el Banco de Sangre de un hospital público en Paris: inmediatamente renunciaron a sus cargos, el director del Banco de Sangre cuestionado, el director del Hospital y el propio Ministro de Salud.

En Chile, tenemos un largo camino que recorrer todavía en materia de responsabilidad política.

Punta Arenas – Magallanes, jueves 18 de octubre de 2012.

CIUDADANO POLAR
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