La instancia de coordinación agrupa a Delegaciones Provinciales, SEREMIs y servicios públicos de la región y su misión es implementar acciones para transversalizar la perspectiva de género en el quehacer estatal.

Este miércoles en el salón Gabriela Mistral de la SECREDUC, se desarrolló la última sesión del año de la Mesa Técnica de Igualdad de Derechos y Equidad de Género, instancia encabezada por la seremi de la cartera, Alejandra Ruiz Ovando, y que articula a 60 reparticiones públicas de la región con el objetivo de trabajar de manera colaborativa compromisos, metas, medidas y acciones con perspectiva de género en sus instituciones.

Así lo detalló la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Ruiz Ovando, quien destacó este trabajo como parte de los compromisos de gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, en el marco del plan “Chile para Todas”, el cual busca avanzar en mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres a través de un conjunto de iniciativas de todos los ministerios y servicios.

Para este fin se realizan actividades, coordinación y complementariedad de políticas, proyectos e iniciativas, así como la revisión del nivel de incorporación de la perspectiva de género en las instituciones y servicios, el seguimiento al cumplimiento de los compromisos suscritos en la Agenda Regional de Género 2022- 2026, y la promoción de la capacitación del funcionariado público en materias de género, entre otros, los cuales para el año 2023 alcanzaron un avance del 90% de los compromisos adquiridos.

“Avanzar en la incorporación de la perspectiva y enfoque de género en todo el aparataje estatal muchas veces no requiere más recursos, sino más bien compromisos y esfuerzos desde el punto de vista político y técnico. Por ello, al término de este año quisiéramos subrayar el apoyo y la convicción de encargadas y encargados de género de cada repartición pública, porque posibilitan el poner en práctica este abordaje teórico que busca igualar la cancha, es decir, alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todo el quehacer institucional”, declaró la autoridad regional.

Por ejemplo, se destacó este año la implementación de atención prioritaria a mujeres en la Corporación de Asistencia Judicial, y la ejecución de peritajes utilizando el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género por parte del Servicio Médico Legal. Además de compromisos generados para el 2024 como: avanzar en especialización en Género por parte de funcionarias y funcionarios públicos, así como la implementación durante todo el año de la campaña de prevención de violencia contra las mujeres “Lleguemos a Cero” del Ministerio.

“Como CAJ Magallanes este 2023 nos comprometimos en materia de género a realizar atenciones de orientación e información prioritaria para mujeres, especialmente aquellas cuidadoras registradas en el Registro Social de Hogares, las cuales se han realizado los últimos viernes de cada mes en materias como violencia intrafamiliar, cuidado personal de niños, niñas y adolescentes, alimentos. También nos hemos capacitado en materia de género durante este año, a través de cursos del Servicio Civil, Ministerio de la Mujer y Prodemu”, explicó la encargada de género de la Corporación de Asistencia Judicial de Magallanes Johanna Barría Ruiz, abogada de la Oficina de Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores.

Por qué “Transversalización”

Examinar y valorar las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier tipo de acción pública planificada, incluyendo legislación, políticas o programas en cualquier área, es parte de lo que implica la transversalización de género. Herramienta que posibilita integrar los intereses y necesidades tanto de hombres y mujeres en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de estas acciones en todos los ámbitos: políticos, sociales y económicos.

Este compromiso de Estado busca transformar estructuras sociales e institucionales a unas más justas e igualitarias, y prever el impacto de la intervención en las personas de tal modo de diseñar acciones adecuadas a las necesidades reales de las y los usuarios. En última instancia, la aplicación de esta política contribuye al avance de sociedades más justas y con equidad social, cuyo objetivo final es contribuir a alcanzar la igualdad de género.