El Partido Radical de Chile, Región de Magallanes y Antártica Chilena, rechaza de forma pública y categórica la acción concertada del gobierno de Sebastián Piñera Echeñique en contra de la Función Pública por el despido masivo de más de 2.700 trabajadores a nivel nacional y 65 a nivel regional, pertenecientes a diversas reparticiones de la Administración estatal.

Se trata de despidos injustificados porque durante el proceso anual de calificación funcionaria, las jefaturas directas han evaluado positiva y satisfactoriamente el desempeño funcionario (Lista 1 y 2), y sin embargo, esas mismas jefaturas evaluadoras les han notificado su desvinculación sin mediar fundamento ni razón observable.

Para colmo, son despidos ilegales, porque el despido injustificado contraviene y vulnera el proceso de evaluación instituido y reglamentado, según norma el Estatuto Administrativo, el estándar del Servicio Civil y la jurisprudencia acumulada en materia de derechos y relaciones laborales en el Estado. Además, junto con esos precedentes, existe una orientación específica sobre la “eventual no renovación de las contratas” firmada por el Ministro de Hacienda con fecha 28 de noviembre 2018, documento que las jefaturas de gobierno conocen pero desobedecen, lo que constituye un acto de prevaricación inaceptable.

Un caso paradigmático de maltrato a trabajadores públicos y vulneración a sus derechos laborales, lo representa la actuación del Sr. Nicolás Cogler, Gobernador de Magallanes, quien despidió por segunda vez, en menos de un año, a funcionarias de su dependencia. Un fallo judicial lo obligó en su momento a reincorporar a las funcionarias tras el primer despido, pero eso no fue suficiente para él y a fines de noviembre, en un gesto artero y contumaz, les notificó por segunda vez la desvinculación.

Cogler actuó como el operador político que es. Alguien que goza de confianza política del presidente y cree, por ese sólo hecho, que su voluntad es suficiente para actuar más allá de cualquier reglamentación o consenso social establecido, torciendo incluso disposiciones judiciales. A nivel local, las actuaciones como las de Cogler se reflejan y replican en las gobernaciones de Tierra del Fuego y Última Esperanza donde igualmente se está limitando el ejercicio público de las entidades de Estado, por la visión sectaria de operadores políticos en puestos de autoridad.
Más allá de estos tristes casos, las autoridades de gobierno parecen esconder las verdaderas motivaciones que tienen para rescindir la relación laboral; para justificarse, apelan a mañosas y groseras generalidades, tales como: “hay que reducir la grasa del Estado” (para hacer referencia a una supuesta sobredotación de recursos humanos inexistente), o bien, “obedece a una reestructuración interna” (como si el Estado fuera (su) empresa privada, y pudieran prescindir de la entrega de información adecuada y transparente, u obviar a gusto, la participación funcionaria para un diseño de esa envergadura). Con este tipo de frases, el gobierno procura “naturalizar o normalizar” sus actuaciones abusivas, y así legitimar social e indirectamente, la finalidad política que persigue de manera encubierta tras los despidos, consistente en debilitar, retroceder y destruir la función redistributiva, fiscalizadora, participativa y promotora de derechos que todavía mantiene el Estado chileno.

Para ese objetivo, el gobierno de Sebastián Piñera ha montado una política inmoral de despidos masivos, materializada en miles de desvinculaciones injustificadas e ilegales que apuntan a funciones esenciales del Estado, y que como derecha política, importa desmantelar o desinstalar.

Ahora bien, la inmoralidad de esta política, posee dos aspectos que es preciso establecer. En primer término, el gobierno sabe fehacientemente que el trabajador público desvinculado no recibe indemnización alguna por años de servicio y tampoco tiene derecho a seguro de cesantía, la persona desvinculada abandona su función literalmente, con el último mes de sueldo. El gobierno sabe entonces que los despidos realizados no tienen costo económico personal y tampoco para el Estado; en consecuencia, el gobierno actual “aprovecha” la condición de precariedad laboral que tiene el empleo público en su estructura para aplicar su política masiva de despidos.

En segundo lugar, cuando la autoridad que gobierna se siente con el derecho de atropellar derechos laborales de la manera que lo ha hecho y se sirve de cada funcionario despedido como “ejemplo” de lo que le puede pasar a todos, la inmoralidad crece y se generaliza, a través del miedo y el temor entre los y las trabajadores del Estado, cosechando desconfianza, inseguridad, enfermedad y disminuyendo el estándar de calidad que el servicio público aporta a la ciudadanía.
Por estas situaciones el Partido Radical confía profundamente en la organización de los trabajadores públicos y en el sentido histórico de su tarea diaria al servicio de Chile, en cada una de sus regiones, provincias, comunas y barrios. Y asimismo confía en la unidad política de la oposición al gobierno para contraponer con todos los medios democráticos disponibles un proyecto social, progresista, libertario, solidario, justo, basado en la mutua contribución entre individuo y comunidad, y que devuelva esperanza al sentimiento popular y mayoritario frente a la ola creciente de autoritarismo y abusos que el gobierno ha propiciado contra las comunidades laborales que aportan valor, sentido y servicio públicos.

El Partido Radical reafirma su rechazo absoluto a la política inmoral de despidos masivos implementada por el gobierno de Sebastián Piñera, y expresamos nuestra más férrea solidaridad con los funcionarios públicos del país, y en especial con aquellos que viven en la región de Magallanes.

PARTIDO RADICAL DE CHILE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA