Como una situación de injusticia, calificó la intendenta Eugenia Mancilla el problema que afecta a alumnos de las carreras de Criminalística y Perito Forense de la Universidad del Mar, los cuales creyeron en una oferta educacional sin campo laboral.
La primera autoridad de Magallanes comentó lo anterior, luego de encabezar una reunión con representantes de los estudiantes y de sus familias. La actividad contó con la presencia del jefe de gabinete de la ministra de Educación, Yasna Provoste, Fredy Ramos; el jefe de la División de Educación Superior de esta cartera ministerial, Julio Castro; el asesor del jefe de división, Carlos Rivera, y la abogada Francisca Jiménez.
Se cumplió así con un compromiso de la citada secretaria de Estado y del senador Pedro Muñoz, uno de los parlamentarios que puso el tema en el tapete de la discusión.
La intendenta expresó que en el marco de la visita de la ministra «nos hicimos cargo como Gobierno de una situación que es de injusticia, no sólo para los alumnos sino también para las familias que creyeron en una oferta educacional».
Puntualizó más adelante que de acuerdo a lo informado por los asesores ministeriales, el problema con la mencionadas carreras que se dictan en la Universidad del Mar en la zona, tiene un efecto en el proceso de acreditación de las este tipo de instituciones a nivel nacional.
Precisó que «si se establece que efectivamente hay publicidad engañosa en la promoción de estas carreras, va a significar que estas entidades no podrán postular a financiamiento del Estado en ninguna de sus líneas ni programas, particularmente en el Crédito con Aval del Estado, que forma parte fundamental del financiamiento de estas instituciones».
Manifestó que en el país son 18 los centros de estudios superiores con similares problemas, y que existe el compromiso para que los jóvenes magallánicos tengan conocimiento de las gestiones que está realizando el Ministerio de Educación.
Asimismo, expresó que es necesario que se dote al Ejecutivo de atribuciones reales para poder investigar y sancionar estas prácticas que se producen en algunas instituciones, sobre todo «pensando en aquellos jóvenes que tienen cifradas esperanzas de obtener un título que les permita un desarrollo personal en el futuro».
Eugenia Mancilla luego dijo que «es fundamental que en el Congreso los parlamentarios se comprometan a entregarles más atribuciones al Ejecutivo, para que podamos establecer las condiciones en las cuales el Estado pueda intervenir, como por ejemplo cuando una carrera no tiene la calidad requerida, ni laboratorios ni bibliotecas, situación que escapa a todo raciocinio», acotó la intendenta.
Finalmente, resaltó que la preocupación del senador Pedro Muñoz, en particular, y de la ministra Provoste hizo posible que este tema haya adoptado connotación nacional, y que incluso sea materia de debate en el Parlamento.
El próximo 26 de octubre los asesores del Ministerio de Educación entregarán la respuesta formal de la citada casa de estudios superiores.

Ministerio de Educación

Por su parte, el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Julio Castro, dijo que los alumnos afectados tienen varias alternativas para solucionar su problema, lo que depende lo que ofrece cada una de las instituciones involucradas y lo que el ministerio acepte como alternativa.
Mencionó entre éstas el cambio de una carrera técnica a otra; o de una carrera técnica a una universitaria dentro de la misma universidad. Recordó que un número importante de alumnos han optado por la devolución de los recursos gastados en el financiamiento de sus estudios, respuesta que las instituciones no están entregando.
Explicó que en este contexto, y por encargo de la ministra Provoste, han estado citando a los rectores nacionales de las entidades involucradas en este tema, para conocer formalmente sus alternativas de su situación.
Consultado si es posible el retiro de la universidad y la devolución de los dineros, expresó que «cualquier salida que a los alumnos se les ofrezca, lo que el ministerio quiere avalar que la alternativa de solución se cumpla, y a la vez hacer un protocolo de seguimiento».
Castro dijo que los afectados son «jóvenes que hacen esfuerzos significativos para pagar sus estudios; que han sido objeto de una publicidad, sino engañosa, por lo menos bastante confusa, en que se ha ofrecido un campo laboral que no existe. Si ese ofrecimiento es intencionado, entonces estamos hablando de publicidad engañosa, y no estamos dispuestos a avalar ese tipo de cosas».
Seguidamente, manifestó que se ha trabajado en conjunto con el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, organismo que ha logrado en al menos dos casos un fallo en contra de la institución y a favor de los estudiantes en la ciudad de Rancagua. Agregó que «si eso es así, hay precedentes que hay publicidad engañosa, con lo cual se pueden seguir las acciones civiles que se estimen convenientes».

Vacío Legal

El jefe de División de Educación Superior del Ministerio de Educación explicó luego que si una institución tiene este tipo de dificultades, tiene problemas de gestión, uno de los indicadores que debe ser superado al momento de recibir una acreditación, situación en que el Estado avala a la institución su entrega formativa, lo que permite mayor acceso a los recursos públicos.
Consultado por las dificultades que tiene el Estado para fiscalizar este tipo de entidades, Castro manifestó que «cuando se estudió la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación -iniciativa que estuvo tres años en el Congreso y que fue aprobada – uno de los artículos entregaba atribuciones al Ministerio de Educación para regular la oferta de carreras en virtud de la saturación del mercado o de la exigua remuneración que pudieran recibir los alumnos una vez que egresen.
«Queríamos más atribuciones para el ministerio para regular esta oferta. No tuvimos posibilidad de aprobarlo, ya que hablamos de artículos que tienen rango constitucional por lo cual se necesitaban cinco séptimo de los votos. La Alianza no nos apoyo, y tuvimos que optar por otro artículo. Con ello, conseguimos una Ley de Acreditación que hoy opera bien pero con insuficiencias», dijo Julio Castro.
Añadió que al existir situaciones como las denunciadas por los alumnos de la Universidad del Mar, los «diputados y senadores de la Alianza nos entreguen los votos necesarios para hacer las modificaciones que no pudimos hacer en su momento».
Más adelante dijo que la recomendación a los alumnos es que continúen asistiendo a clases y no abandones las carreras, de maneras que «no rompan ellos el contrato con la universidad, ya que es ésta la que no cumple con el contrato, además de los alumnos pueden ser sancionados por ese motivo».
Finalmente, señaló que el próximo 26 de octubre se realizará una reunión similar entre estos asesores del ministerio y los alumnos afectados, oportunidad en que informarán sobre las alternativas de solución que entregue la citada casa de estudios.
Una completa propuesta legal que permita evitar que se repitan situaciones como las que afectan a 17 mil alumnos de criminalística, que cursaron esa carrera sin tener un campo laboral una vez que egresan, entregará la Comisión de Educación al Ejecutivo para que se materialicen en diversos proyectos de ley.