El subsecretario del Interior indicó que, aunque el crimen organizado puede corromper las instituciones, el país tiene capacidad para indagar casos como el de los exdetectives, los que fueron descubiertos debido a técnicas investigativas que permite la legislación actual.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió esta jornada a la desvinculación de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) por tener nexos con el Tren de Aragua, la organización criminal transnacional que tiene su origen en Venezuela.

Los funcionarios fueron detenidos, procesados y posteriormente desvinculados tras un operativo de la propia policía civil que buscaba desbaratar el comercio sexual en el casco histórico de Santiago.

Ahí se descubrió que Nicolás Ortega Castro y Sebastián Peredo Vera, funcionarios hasta entonces activos del Departamento de Policía Internacional Aeropuerto y la Brigada de Robos Oriente de la PDI, entregaban -a cambio de dinero- información sobre procedimientos policiales a Yariel Ulloa López, ciudadano cubano que en la organización criminal facilitaba la captación y explotación sexual de las víctimas.

La participación de los ahora exdetectives involucrados se logró constatar mediante procedimientos de escucha telefónica por parte de la Brigada de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI en Santiago.

Tras participar en la conmemoración los 96 años de Carabineros, el subsecretario Monsalve valoró la detención de los exfuncionarios policiales, tras lo cual calificó la situación como “una moneda de dos caras”.

La primera de estas, de acuerdo con la autoridad, es que refleja que “una de las grandes amenazas del crimen organizado en cualquier sociedad es que corrompan las instituciones”.

En este sentido, sostuvo que el caso “vuelve a colocar una alerta de que las dos principales amenazas de crimen organizado son los delitos violentos, que uno los ve en la calle, pero lo que no ven las personas, lo que no se ve y lo más grave son dos cosas: no se ve la corrupción de las instituciones y no se ve el lavado de activos (…) Esos dos objetivos centrales del crimen organizado muchas veces no se ven y esto vuelve a colocar la alerta de la amenaza que constituye el crimen organizado para las instituciones de la democracia, porque las pueden corromper”.

Sin embargo, agregó que la segunda cara de la moneda es que en Chile existe una ley contra el crimen organizado que otorga “la posibilidad de interceptarles teléfonos, de escuchar sus conversaciones, de colocar agentes encubiertos, de hacer vigilancia, permite obtener información para desbaratar la corrupción”.

Al respecto, destacó que “en este caso la información que permitió identificar finalmente a dos funcionarios que estaban colaborando con una organización criminal se hizo a través de técnicas especiales de investigación, en este caso a través de la interceptación telefónica”.

​