SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN RECIBIÓ 7.523 DENUNCIAS DURANTE EL 1° SEMESTRE DE 2024

Un total de 7.523 denuncias recibió la Superintendencia de Educación en el primer semestre de este 2024 (enero a junio), lo que representa una disminución de un 2,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra quiebra la tendencia al alza que se había observado en los años 2022 y 2023. 

La mayor parte de las denuncias de este primer semestre (el 68%) corresponden al ámbito de Convivencia. No obstante, éstas disminuyeron de 5.425 en 2023 a 5.112 en 2024, esto es un 5,8% menos. 

Dentro del ámbito de Convivencia, la mayor disminución de denuncias se registró en la categoría "Maltrato a párvulos y/o estudiantes", que bajaron un 8,5% (de 3.210 a 2.936). De todas formas, ésta sigue siendo la categoría más predominante dentro de este ámbito, representando el 57,4% del total de denuncias por Convivencia. 

También se redujeron aquéllas relacionadas con "medidas disciplinarias", que sumaron 470 en el 1° semestre de 2024, un 10,3% menos que el mismo periodo del año anterior; y las por "situaciones de connotación sexual", que decrecieron un 7,1% (de 501 en 2023 a 465 en 2024).  

En cambio, las denuncias por "discriminación" son las únicas que presentaron un aumento en el período analizado, pasando de 687 en 2023 a 777 en 2024, lo que representa un incremento del 13,1%. Actualmente, ésta es la segunda categoría más relevante dentro del ámbito de Convivencia, después de "Maltrato a párvulos y/o estudiantes".  

Esta categoría se refiere a diversos tipos de discriminación, por factores como la nacionalidad u origen racial, apariencia personal o física, género, necesidades educativas especiales, orientación sexual, pertenencia a un pueblo originario o etnia, problemas de salud, condiciones socioeconómicas, embarazo, maternidad o paternidad, entre otras.   

Un análisis preliminar de estas cifras, en el contexto de los últimos años, podría dar cuenta de que el número de denuncias, en general, ha tendido a estabilizarse, tras el alza que experimentaron en 2022, que coincidió con el retorno masivo de las y los estudiantes a clases presenciales, donde se evidenciaron los efectos de la falta de socialización producto de la pandemia.  

Es importante considerar también que este semestre contempló en la mayoría de las regiones del país al menos una semana de vacaciones de invierno, factor que podría incidir en la baja de las denuncias.  

Mayor disminución de denuncias se dio en establecimientos públicos 

Según la dependencia administrativa, las denuncias por Convivencia disminuyeron tanto en los establecimientos públicos (-9,4%) como en los particulares subvencionados (-6,0%). Mientras que en el sector particular pagado, aumentaron un 4,9%, en términos brutos. 

Si se considera la tasa de denuncias (por cada 10.000 estudiantes), el sector particular pagado presenta la más alta, con 15,4; seguido del particular subvencionado, con 14,3. En tanto, la educación pública (municipal y SLEP) registra una tasa de 12,9 denuncias (por 10.000 estudiantes); y las Corporaciones de Administración Delegada de 11,5. 

Al desagregar a nivel regional, se observa que el 37,2% de las denuncias por Convivencia se concentra en la Región Metropolitana y el 62,8% restante se distribuye en las demás regiones.  

Entre aquellas que más disminuyeron sus denuncias este 1° semestre de 2023 se cuenta la Metropolitana (-5,0%), O’Higgins (-16,3%), Arica y Parinacota (-34,7%) y Magallanes (-25,6%). 

En tanto, hubo dos regiones en que se incrementaron: Biobío, con un 8,2% más; y Tarapacá, con un incremento de 45%. 

Para el análisis de este fenómeno y sus distintas variables, la Superintendencia de Educación cuenta con la plataforma “Datos Abiertos”, donde pone a disposición de la ciudadanía las estadísticas de todas las denuncias que recibe en los distintos ámbitos de la convivencia escolar. 

Aumentaron las solicitudes de mediación 

Pero las denuncias no son la única vía para abordar las situaciones conflictivas que se puedan producir en el contexto educacional. La Superintendencia de Educación también tiene a disposición de las comunidades educativas el servicio de mediación. 

Si bien estos datos se reportan anualmente, es importante destacar que, durante el año 2023, se recibieron 2.040 solicitudes de mediación, siendo la mayor cifra desde 2018. Esta cifra implicó un aumento de 42,6% respecto del año 2022, cuando hubo 1.430 solicitudes de mediación. 

Del total de solicitudes ingresadas en 2023, 751 se resolvieron con acuerdo de las partes. La temática en que más se solicitó este mecanismo fue en el “Abordaje de situación de maltrato escolar al estudiante o al párvulo con activación de protocolo”, seguida de “Atención y/o abordaje de necesidades específicas del estudiante o del párvulo”. 

Los beneficios de utilizar la mediación en las comunidades educativas son enormes, ya que -a diferencia de un proceso sancionatorio, donde las relaciones se pueden resentir-, la mediación y la gestión colaborativa de conflictos entregan la posibilidad de reestablecer la comunicación entre los involucrados en una situación determinada, promoviendo la adopción de compromisos y acuerdos reparatorios entre ellos, y fortaleciendo la relación de colaboración y confianza entre las familias y la escuela. 

En este contexto, el Proyecto de Ley sobre Convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas -que se tramita en el Congreso- potencia este mecanismo, para lo cual propone modificar la línea de reclamos de la Superintendencia de Educación, con el objeto de establecer de forma permanente la “Gestión Colaborativa de Conflictos”. Así, una vez que recibe una denuncia, la Superintendencia puede abrir un período de información previo con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y evaluar la conveniencia de iniciar un procedimiento sancionatorio o bien una gestión colaborativa de conflicto. En las denuncias relacionadas con convivencia se deberá siempre ofrecer esta opción, excepto en aquellos casos en que los hechos sean constitutivos de delito o que la aplicación de este mecanismo pueda generar una revictimización de las/los afectados. 

Además, la iniciativa permitirá a cada Dirección Regional contar con funcionarias/os que se desempeñen como gestoras/es colaborativos de conflicto, con formación especializada en este ámbito; y contempla la creación de un Registro de Mediadores para la Gestión Colaborativa de Conflictos, que estará a cargo de la Superintendencia, al que se podrá recurrir en caso de que el Servicio no pueda cubrir algún requerimiento oportunamente.   

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