La discusión en torno a la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Congreso de Chile, que se ha prolongado por siete años, subraya una verdad ineludible: la urgencia de abordar con acciones concretas la violencia de género que afecta a mujeres y niñas en Magallanes y en todo el país. Este proyecto de ley representa una oportunidad crucial para avanzar hacia la erradicación de una de las formas más persistentes y dañinas de discriminación y abuso en nuestra sociedad, entregándole herramientas al Estado para que efectivamente proteja nuestro derecho a vivir sin hostigamientos, sin amenazas, sin agresiones.
 
Y es que la violencia contra las mujeres es una epidemia que no distingue entre clases sociales, edades o educación, y eso lamentablemente lo sabemos en nuestra región en donde las mujeres en promedio tardan hasta 10 años en denunciar a su agresor, y que tristemente se ha hecho conocida por casos emblemáticos de violencia. Desde el acoso en las calles hasta lo digital, las manifestaciones de la violencia se han adaptado a nuevos contextos, pero la legislación actual se ha quedado corta al no abarcar la totalidad de estas formas de violencia. Es aquí donde la propuesta de la ley integral se convierte en un instrumento vital, al proponer un enfoque que no solo busca sancionar, sino, crucialmente, prevenir la violencia contra las mujeres.
 
Una de las innovaciones más significativas de esta ley es el énfasis en la prevención. Esto implica un cambio paradigmático: pasar de una respuesta reactiva a una proactiva frente a la violencia de género. La educación en igualdad de género desde las primeras etapas de la vida escolar es fundamental en este sentido: crear conciencia y educar a las futuras generaciones en el respeto y la igualdad puede transformar las bases culturales que perpetúan la violencia contra las mujeres.
 
Además, la ley propone la creación de un sistema integrado y unificado de gestión y seguimiento de casos, que representa un avance crucial hacia la eficiencia y la efectividad en la lucha contra este flagelo. Este sistema permitiría recopilar y compartir información entre diferentes instituciones, facilitando la identificación de patrones de violencia, la intervención temprana y la protección adecuada de las víctimas y sobrevivientes. Al reducir la necesidad de que las mujeres relaten repetidamente sus experiencias traumáticas, este sistema también minimiza la victimización secundaria y asegura una respuesta más rápida y sensible por parte del Estado.
 
La inclusión de un sistema integrado es, en esencia, un reconocimiento de que la lucha contra la violencia de género requiere una acción coordinada y coherente que trascienda los esfuerzos aislados. Al unificar los protocolos de actuación y mejorar la comunicación entre la red intersectorial, se puede garantizar una protección más efectiva para las mujeres y niñas, y a la vez, facilita el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en esta área.
 
En definitiva, la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una pieza clave en el esfuerzo por construir una sociedad más justa y segura para todas las mujeres y niñas en Chile, y en el mes que se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, la aprobación de esta ley no puede esperar más: la seguridad y la dignidad de las mujeres chilenas dependen de ello.

Alejandra Ruiz Ovando
Seremi de la Mujer y la Equidad de Género.
Región de Magallanes y la Antártica Chilena