24 de febrero de 2024
El primero aseguró a La Tercera que en la diligencia aclaró que no tiene vínculos con los traspasos a ONG investigadas.
“El Ministerio Público hizo todas las preguntas atingentes a lo que dice relación con el caso Democracia Viva, que es una investigación que ya se encuentra formalizada, con un plazo de investigación, por delitos de fraude al Fisco”.
De esta forma el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, abordó diligencias claves que se concretaron durante la jornada del jueves 22 de febrero en dependencias de la Fiscalía Nacional, y que se extendieron hasta la tarde del viernes 23.
Y es que a ocho meses de que se decidiera abrir de oficio una indagación por traspasos irregulares entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación comandada por Daniel Andrade (ex-RD), el persecutor junto al fiscal Cristián Aguilar tomaron declaración a personeros de Revolución Democrática que fueron querellados por diputados de la oposición por supuestamente realizar maniobras y/o habilitar mecanismos para que el fraude se materializara.
En ese sentido fue particularmente relevante el testimonio que brindó la exsubsecretaria Rojas, ya que si bien en la causa principal mantiene calidad de testigo, ahora se le citó como imputada en la hebra donde se persigue el delito de omisión de denuncia.
Por lo mismo, en esta oportunidad los fiscales ampliaron el cuestionario a fin de ahondar en qué información tuvo, cómo la manejo y qué alertas encendió. Así, según pudo recabar La Tercera, transmitió a los investigadores que cuando recibió la denuncia pidió de inmediato informe al seremi Carlos Contreras -quien se encuentra formalizado y en prisión preventiva por fraude al Fisco- con copia al entonces jefe de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado.
Cuando aquello llega a sus manos -según los mismos personeros contactados- habría pedido un nuevo informe a Trincado, quien le indica que no había ninguna situación demasiado grave.Todos los antecedentes, de acuerdo con la versión de Rojas, los habría entregado al ministro Carlos Montes, y no solo como una minuta, pues enfatizó, conforme a conocedores de la diligencia, en que se trataba de un informe acabado.
¿Cuándo conversó con Crispi? Según habría revelado, el 8 de junio, 10 días antes de que estallara el caso. Ahí le entrega la información, pero como indicó, este “se habría quedado tranquilo” porque todo ya estaba en manos del ministro.
La Tercera
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