30 de junio de 2023
Nuevas instituciones se han visto cuestionadas tras la polémica que causó un convenio firmado por el ahora exseremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por Antofagasta con la Fundación Democracia Viva, ligada al entorno de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez
En esta ocasión, el ente cuestionado es la fundación Comprometidos, la que, al igual que Democracia Viva, cambió de rubro previo a la suscripción de un millonario convenio. Esto ha despertado una serie de cuestionamientos a propósito de una presunta falta de experiencia a la hora de realizar las labores comprometidas.
La institución tenía registrados dos giros el 2020 y 2019: “Actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias”, respectivamente. Sin embargo, en marzo de este año añadieron dos actividades más: “Asistencia social” y “fundaciones y corporaciones”, según consignó La Tercera.
Previo a la inclusión de las dos últimas actividades, el ente se adjudicó un convenio de colaboración con la Seremi del Minvu de Atacama para el desarrollo del plan “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de Copiapó”, por un total de $128 millones.
De hecho, cuando fue suscrito el convenio, en diciembre del 2022, la organización aún no contaba con el giro relacionado con los campamentos, ya que este se actualizó ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) recién el 7 de marzo de este año.
La fundación fue inscrita en 2016 en el Registro Civil y es presidida por el ex dirigente del otrora Partido Progresista (PRO), Sebastián Gonzalo Duarte. Tiene su domicilio registrado en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, no en Atacama.
Durante este gobierno, según el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, Comprometidos recibió $116 millones del gobierno regional de Arica y Parinacota, liderado por Jorge Díaz (DC), dos transferencias no relacionadas ni con campamentos ni agua potable: una por “consultas regionales de mascotas” y otra por “control poblacional canino y felino”.
No obstante, en mayo de este año se realizó una tercera transferencia a la organización en el marco de un convenio consistente en la “prestación de servicios de suministro de agua potable mediante la contratación de dos camiones aljibes por un periodo de ocho meses, con la finalidad de dotar del sistema a los campamentos hasta agosto de 2023″.
Tras ser consultado por el citado medio, desde el Minvu señalaron que este convenio “se realizó en un contexto de urgencia para proveer de manera rápida una solución intermedia de entrega de agua potable a cuatro campamentos de la comuna de Copiapó, dado que, en un mes, estas familias quedarían sin entrega de agua potable”.
En esta línea, agregaron que, al momento de la primera factura, “se identifica que era necesaria la ampliación de giro ante el SII, no obstante, se considera que este es un tema para efectos tributarios”. Además, afirmaron haber mandatado a la comisión investigadora de la cartera, formada tras conocerse el caso de Democracia Viva, investigar a Comprometidos.
“Esta jornada enviamos un sumario administrativo por parte de la seremi de Minvu de Atacama, Rocío Díaz Gómez, además de elaborar un set con todos los antecedentes administrativos asociados al convenio en cuestión y remitirlos a la Contraloría Regional de Atacama para su fiscalización”, añadieron.
“El giro tributario de la fundación no es prerrequisito para su suscripción del convenio, sin embargo, es algo que observamos y, por lo tanto, fue corregido durante el proceso”, cerraron.
La situación de la fundación Comprometidos fue alertada en primera instancia por El Zorro Nortino, un medio digital de la región de Atacama que también reveló otras instituciones de la zona que están siendo cuestionadas por presunta falta de experiencia o estar vinculadas a militantes de RD:
Fuente: cnnchile.com
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