​La Asociación de Salmonicultores de Magallanes ingresó en la jornada de ayer una denuncia ante la Contraloría General de la República para que se “investigue y determine la existencia de un posible conflicto de interés y/o eventuales infracciones a los principios de probidad administrativa, imparcialidad y servicialidad” de CONAF en el proceso de formulación del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar.

El gremio argumenta que, durante los años 2018, 2019 y 2020, se celebraron convenios marcos entre CONAF, la ONG The Pew Charitable Trusts y la Universidad Austral de Chile, que tienen como objetivo dictar la gestión y manejo de las áreas protegidas en la Patagonia chilena.

Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, explica: “PEW, una ONG estadounidense, proporcionó más de $1.900 millones a la UACH que posteriormente habrían sido traspasados a CONAF en un monto que aún desconocemos y esperamos sea aclarado en la investigación. Esos dineros fueron destinados a la contratación de personal que trabaja en la elaboración del plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar y a quienes realizan los estudios técnicos que lo sustentan.

“Hablamos de influencia irregular en la elaboración del mencionado plan. Es decir, PEW, una ONG que ha manifestado su interés de impedir el desarrollo de la salmonicultura, financia, a través de un entramado de convenios a CONAF para el desarrollo de una política pública con importantes efectos sobre terceros”, señala Odebret.

El tenor de los convenios que sustenta esta estructura de influencia y financiamiento por parte de PEW hacia CONAF, permiten la dirección y el control sobre las acciones de CONAF, en un arreglo que se asemeja en muchos aspectos a un contrato de mandato. De esta forma, CONAF actúa en función de las directrices y financiamiento de PEW a través de la UACH, teniendo la responsabilidad de informar sobre sus acciones y rendir cuentas respecto del presupuesto recibido.

A partir de los antecedentes obtenidos a través de Transparencia por el gremio, en los acuerdos se plasma una estructura en la cual la UACH, con fondos de la ONG PEW, se compromete a proveer financiamiento para la contratación de personal utilizando la modalidad conocida como "Fondos de Terceros". Esta acción se confirma, al menos, en la contratación de dos profesionales que han participado directamente en la elaboración del plan de manejo de la Reserva Kawésqar. A cambio, CONAF se obliga a alcanzar ciertos objetivos y metas de gestión, proporcionar informes regulares de rendición de cuentas y apoyar en los procesos de monitoreo llevados a cabo por la UACH.

“La influencia de PEW y la UACH sobre CONAF a través de la financiación y el control presupuestario comprometen la imparcialidad y la objetividad de la función pública que desempeña esta última. Esta captura corporativa vulnera el principio de probidad administrativa, establecido en la Constitución y leyes chilenas, al comprometer la imparcialidad en el ejercicio de las competencias públicas y favorecer intereses particulares sobre el interés general”, concluye Odebret.