El nuevo Pacto Fiscal entregado por el Gobierno implica una serie de medidas que incluyen la modernización del Estado con el objetivo de fortalecer la transparencia del gasto público, además de una agenda para promover la productividad, el crecimiento y la inversión.

Son 20 medidas de reformas de Estado y otras 38 para impulsar la inversión, el crecimiento y la productividad y proyectos de ley tributarios, para combatir la evasión y elusión. Además, otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media. En total, son seis lineamientos del Pacto Fiscal propuesto por el Gobierno.

Al respecto, el presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, Juan Pizarro, destacó que en el nuevo paquete de medidas el gobierno se haya abierto a apuntar no solo a recaudación sino también a temas como transparencia, mejor uso del gasto público, productividad y progresividad, y el compromiso con el cumplimiento tributario. “El BID indica que hay ineficiencias en el gasto público de alrededor de US$ 5.000 millones; hay muchos programas mal evaluados que deberían mejorarse. Por eso, es importante para el país fijar la eficiencia en el gasto y el crecimiento económico como ejes de un pacto fiscal”, sostuvo Pizarro.

Enseguida, Chistian Aste, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, expuso sobre los principios tributarios esgrimidos por el Ejecutivo después del rechazo del primer proyecto de Reforma Tributaria. “Independientemente de lo que ocurra con la letra chica, hay que reconocer un avance en el haber escuchado a los gremios, incorporando como principio tributario la legalidad, lo que implica que todo los elementos de le obligación tributaria estarán regulados por ley sin quedar al arbitrio de la discrecionalidad de la Autoridad. Además, incluye el tema de la justicia tributaria, el cual se traduce en que los que tienen más, paguen más. La idea no es complicar el camino de las pymes, y esto implica conservar, por ejemplo, la integración para ellas”, indica Aste.

El siguiente turno fue el de Germán Pinto, director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago. En primer término, Pinto hizo la salvedad de que los anuncios del Ejecutivo aún son informales y que no hay claridad acerca del alcance real de las medidas que se pretende implementar.  Además, sostuvo que los doce principios tributarios presentados no corresponden a un acuerdo transversal emanado de los diálogos tributarios sostenidos por Hacienda con diversas entidades. “En cuanto a las medidas proyectadas para reducir la informalidad en la Economía, se debe eliminar y no castigarla. La gente incurre en informalidad por desconocimiento y castigarla en complicado, por ende. Es bueno que se exija el inicio de actividades, obviamente, como forma de acceder al crédito, pero el punto es cómo se realiza el inicio de actividades; todo el proceso es bastante laborioso, habiendo evidencia que el portal del SII no es tan amigable”.

En último turno, expuso Javier Jaque, director de estudios del Centro de Estudios Tributarios ITF. Según Jaque, el escenario tributario, en vista de los anuncios realizados, se complejiza aún más. Hay una falta, en su opinión, de certezas jurídica a las pymes, lo que daña la competitividad. “En un escenario de un país que no va a crecer, más que una reforma tributaria, lo que se requiere son normas que apoyen el crecimiento y la inversión. En términos de las medidas para tratar la evasión y elusión, el cambio que se pretende implica que el director del SII decida si se está o no en presencia de evasión, podría llevarnos a que las pymes caigan en cierto estado de vulnerabilidad”, señaló Jaque.

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