26 de abril de 2025
Ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, se presentó un recurso de protección de garantías constitucionales, contemplada en el artículo 20 de la Constitución, en contra del ministerio de Salud, representada por la ministra de Salud y médico cirujano, Ximena Aguilera - en favor de Fernanda Carolina Subiabre Neguelquin, de nacionalidad chilena, quien cumple labores de hogar-, por haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales que perturban y amenazan el legítimo derecho a la integridad psíquica y física, y el derecho a la protección a la salud, consagrados en los artículos 19 N°1 y N° 9 de la Constitucional Política.
¿Cuáles son las razones que llevan a esta medida?
El 12 de julio de 2024, en Porvenir, la ministra de Salud, Ximena Aguilera anunció públicamente la construcción de un Centro de Diálisis en dicha comuna. En sus declaraciones indicó que este compromiso fue asumido como resultado de la visita del Presidente, Gariel Boric a la Región de Magallanes y Antártica, oportunidad en la que la secretaria de Estado manifestó que el proyecto estaría concluido antes de finalizar 2024, lo que fue comunicado a través de medios oficiales y entrevistas públicas.
Junto a eso, el alcalde de Porvenir, Gabriel Parada, reafirmó el compromiso en una entrevista difundida por el portal oficial de la municipalidad, en la que indicó que la decisión fue adoptada durante la visita de la ministra –Ximena Aguilera- a la ciudad y que el centro sería construido en un terreno aledaño al hospital local, considerando su funcionalidad operativa y su capacidad de entregar un servicio digno y oportuno a la comunidad. Además, de acuerdo con lo que se indica en el texto de la acción, según lo informado por la autoridad ministerial, el centro no requeriría la presencia permanente de un nefrólogo, ya que el personal sería capacitado especialmente para su funcionamiento, con supervisión médica periódica.
Por supuesto que este anuncio generó una alta expectativa en la comunidad fueguina, particularmente en quienes dependen de un tratamiento de hemodiálisis regular. Se indica en el texto, por parte de la paciente afectada que "actualmente, los pacientes renales de Porvenir debemos trasladarnos tres veces por semana a Punta Arenas para recibir atención médica, lo que implica una carga física, emocional y financiera inmensa. Por ello, la instalación de este Centro en Porvenir no sólo representa una mejora en infraestructura sanitaria, sino una necesidad urgente para garantizar el acceso afectivo y equitativo a un tratamiento vital".
EL PROBLEMA QUE SE ORIGINÓ
El 15 de abril de 2025, el diario La Prensa Austral publicó un reportaje en el que se consigna que la directora del Servicio de Salud de Magallanes, Verónica Yáñez, señaló que el Centro de Diálisis recién estaría operativo en 2028. Esto fue confirmado por un comunicado oficial del organismo, donde se indica que el anteproyecto fue iniciado en mayo de 2024 y que, debido a los tiempos requeridos para estudios de terreno, licitación, diseño y construcción, el inicio de operaciones no se concretaría ante de diciembre de 2028".
El abogado, Juan Sdranovic Arcos sostiene que "estas declaraciones contradicen gravemente lo anunciado por la ministra de Salud y generan incertidumbre e indefensión en los pacientes que, como en el caso de Fernanda Subiabre Neguelquin, dependen de este tratamiento para sobrevivir. Las autoridades aluden a procesos administrativos y presupuestarios para justificar la dilación, sin considerar la urgencia sanitaria y humana que reviste esta situación".
El jurista planteó que "la postergación de la construcción del Centro de Diálisis en Porvenir resulta incomprensible, injustificada y arbitraria. Se evidencia que el actuar de las autoridades competentes, constituye una amenaza real, concreta y actual a los derechos fundamentales, particularmente, al derecho a la vida e integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, así como al derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 19 N° 9 del mismo texto constitucional".
Juan Sdranovic Arcos aseveró que "la decisión de posponer un proyecto que fue anunciado como de pronta ejecución y que responde a una necesidad urgente de atención médica de alta complejidad en zonas extremas del país, resulta no sólo inconstitucional, sino también contraria a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos".
EN 2028: LA INCERTEZA DE ESTAR CON VIDA AÚN
Fernanda Subiabre Neguelquin afirma que "soy paciente renal y llevo un año en esta situación, como y como acá en Porvenir no hay diálisis, estoy viajando tres veces por semana para poder hacerme el tratamiento. Sin este tratamiento depende mi vida, porque sin él no puedo tener mi organismo limpio que es la función que hacen los riñones. Como acá no hay diálisis, tengo que hacerlo sí o sí en Punta Arenas y lo que espero es que ojalá llegue pronto el Centro de Diálisis a Porvenir, porque es desgastante para mí estar viajando, en términos de salud, económico y porque a mis hijos tengo que dejarlos solos". Agregó que "la ministra (de Salud) cuando vino dijo que harían un Centro de Diálisis, después cambiaron la fecha hasta el 2028 y, eso es preocupante, porque no sé si voy a estar viva para esa fecha o no".
La afectada asegura en la acción ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que "la posibilidad de trasladarme a Punta Arenas para continuar con mi tratamiento no es viable. No cuento con los recursos necesarios para cubrir gastos de arriendo, alimentación y transporte, ni es posible desarraigar a mis hijos de su entorno educativo y social. El mantenernos en Porvenir es indispensable para su bienestar emocional y su desarrollo integral".
Por abogado Juan Arcos.
Por abogado Juan Arcos.